El martes 23, en una sesión a puerta cerrada en Playas de Rosarito, fuera de su sede, los diputados del ­Congreso de Baja California validaron la reforma constitucional que amplía de dos a cinco años la gestión de Jaime Bonilla. Lo hicieron a pesar de las críticas de sus colegas locales y en abierto desafío a la Comisión Permanente del Congreso general, que les pidió dejar sin efecto la enmienda del lunes 8. ENSENADA, BC (Proceso).- Desfigurada en extremo y con la mayoría de los ­diputados “bajo sospecha” por la aprobación de la “reforma bonillista” en una jornada realizada el lunes 8 por la noche, la XXII Legislatura local está a punto de expirar. El martes 23, inmerso en el escándalo, el Congreso validó la enmienda constitucional que amplía de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla Valdez, quien asumirá el cargo el próximo 1 de noviembre. El lunes 8 por la noche, con insólita celeridad, sin debates y con votación secreta, 21 diputados locales aprobaron la reforma constitucional y de inmediato la entregaron a las autoridades municipales. Los ediles ya esperaban el documento para levantar las actas de aprobación en sesiones de cabildo convocadas de manera atropellada. Ensenada, gobernado por el priista Marco Antonio Novelo Osuna, fue el primer municipio en aprobarla. Lo hizo a las 13:00 horas del martes 9; Tecate, encabezado por la también priista Nereida Fuentes González, la avaló a la medianoche del mismo martes; una hora después el cabildo de Playas de Rosarito, gobernado por la panista Mirna Rincón Vargas, también cumplió su cometido. “Aquí hubo línea de muy arriba, pues legisladores y alcaldes no se mandan solos”, sostiene Víctor Alejandro Espinoza, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef): “Tan era la línea que tres ayuntamientos aprobaron rápidamente la reforma. Para cuando llegó el turno a Mexicali y Tijuana, ambos con gobiernos panistas, el escándalo era ya mayúsculo.” Para el doctor en sociología, la enmienda constitucional realizada después de los comicios beneficia a un gobernador electo que contendió sabiendo que, por mandato constitucional y por única ocasión, su gestión sería de sólo dos años. El senador panista Ernesto Ruffo ­Appel declaró a los medios que “el Congreso del estado está (cada vez más) bajo sospecha”. La reunión en Rosarito El martes 23, custodiados por policías armados con pistolas y armas largas, los diputados sesionaron a puerta cerrada en el Salón Forjadores de la Casa Municipal de Playas de Rosarito. La diputada Claudia Agatón Muñiz, del Partido del Trabajo y vicepresidenta en funciones de presidenta, dijo que el Congreso local declaró procedente la reforma constitucional porque cumple dos condiciones legales: haber sido aprobada por más de dos tercios de los diputados que integran el Congreso y más de la mitad de los ayuntamientos (tres de cinco). Aceptada por diputados y munícipes como tema de “urgente y obvia resolución”, sin análisis ni debate, la reforma –propuesta por el diputado Víctor Manuel Morán Hernández “a nombre personal y del Grupo Parlamentario de Morena”– va rumbo a su promulgación. Una docena de elementos de seguridad con armas de grueso calibre custodiaron el salón, que rodearon una treintena de ciudadanos y 20 periodistas que exigían acceso al encuentro de legisladores. Antes de la sesión, los diputados enviaron a personal del Congreso a la Casa Municipal de Playas de Rosarito a quitar las cámaras de seguridad y a sacar del edificio a todos los empleados. Al ver esa maniobra, vecinos de Rosarito entendieron que el Congreso preparaba una sesión en su municipio y dieron el pitazo en sus cuentas de Facebook y Twitter. “¡Vengan acá! ¡A la Casa Municipal de Rosarito! Está llegando personal del Congreso y empiezan a llegar los policías municipales”, advirtieron. La mayoría de los opositores a la Ley Bonilla se había trasladado a Mexicali, creyendo que allá sería la sesión. Entre Mexicali y Rosarito la distancia es de 190 kilómetros. Dos horas y media por carretera. Muchos no alcanzaron a llegar. Y los que sí llegaron, no pudieron entrar a la sesión. Diputados que están contra la reforma apenas lograron arribar. Dijeron que no los habían invitado a la sesión. “No estuve invitado para esta sesión. Me enteré por medio de la prensa y de ahí mi rechazo a todo lo que se acordará de la primera y segunda sesión extraordinaria. Tengo entendido que se está votando en este momento la validez de la reforma”, dijo el diputado panista Miguel Osuna Millán, el único que habló en la sesión del lunes 18, en la que se aprobó la reforma y el único que manifestó su desacuerdo. Su correligionaria Eva María Vázquez llegó barriéndose de Mexicali; a las dos de la tarde, por correo electrónico, ella recibió la convocatoria a la sesión, para estar a las cuatro en Rosarito. Además, al llegar encontró que el orden del día era otro. En realidad, fue sesión doble. La primera, convocada para aprobar un punto de acuerdo sobre el exhorto enviado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que el miércoles 17 pidió a los legisladores locales dejar sin efecto la reforma constitucional que amplía el periodo de gobierno de Jaime Bonilla. La segunda, convocada en el momento mismo en que concluyó la primera sesión, fue para hacer la declaratoria de validez de la reforma constitucional. De los 25 legisladores asistieron 18 y tres panistas abandonaron la sesión después de expresar su rechazo a la Ley Bonilla. Masiosare un extraño… “Rechazamos la injerencia de la Comisión Permanente en asuntos que únicamente corresponden a los bajacalifornianos y exigimos respeto a nuestra soberanía”, respondieron los diputados locales al exhorto del Congreso de la Unión que por acuerdo unánime de su Comisión Permanente pidió a los legisladores y ayuntamientos de Baja California dejar sin efecto la enmienda del 8 de julio al decreto 112 que amplía el referido periodo de gobierno. También les dijeron que pueden interponer recursos jurídicos contra el Poder Legislativo bajacaliforniano ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Añadieron: “Baja California ha sido objeto de ataques y descalificaciones derivado del legítimo uso de nuestra soberanía, así como por defender, desde aquí, desde la parte más distante del centro del país, desde donde la palabra federalismo adquiere mayor significado, nuestros derechos como estado libre”. Y tras expresar el profundo orgullo de ser mexicanos, salieron en defensa de la patria chica: “Lo que estamos viviendo no es un ataque a nosotros como legisladores o un ataque al Poder Legislativo. Se trata de un ataque a la soberanía, los derechos, las libertades, nuestra vida democrática; son valores que no están a discusión y es lo que ahora estamos defendiendo.” La respuesta al exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se aprobó con 13 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, informó la diputada Agatón. Avanza la “Ley Bonilla” Una vez validada por el Congreso local, la reforma constitucional se entregará al gobernador Francisco Vega de Lamadrid para que ordene su publicación en el Periódico Oficial del Estado. El mandatario ha declarado que no lo hará; incluso anunció que el gobierno del estado interpondrá en la Suprema Corte una controversia constitucional para que la reforma sea derogada “porque violenta la Constitución del estado y la Carta Magna”. “Enviaremos la reforma al gobernador y esperamos que sea publicada en un plazo no mayor de 25 días a partir de que la reciba el titular del Ejecutivo estatal, como establece nuestra Constitución”, dijo la ­diputada Agatón. –¿Conforme a ese plazo, será responsabilidad de la XXIII Legislatura ordenar su publicación si el gobernador se niega a hacerlo? –Así es. Recaerá en la próxima Legislatura la publicación. –¿Entregaron ya el texto de la reforma al gobernador? –Aún no. Tampoco hemos enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el punto de acuerdo de rechazo al exhorto que hicieron al Poder Legislativo del estado, de dejar sin efecto el decreto 112 de la reforma constitucional. –¿Por qué? –No podemos entrar al edificio. Sigue bloqueado por grupos que se oponen a que la próxima gubernatura sea de cinco años. Y en el edificio están los sellos del Congreso, todo lo necesario para la formalidad que marca la ley. Estos días haremos lo propio para entrar y enviar la reforma al Ejecutivo –dijo la tarde del viernes 26. Claudia Agatón comentó que está en diálogo con representantes de las Resistencias Unidas de Baja California para que los diputados puedan entrar al edificio y que ella misma, en su carácter de vicepresidenta en funciones de presidenta del Congreso, esté en condiciones de cumplir las tareas apremiantes de la transición. El 1 de agosto concluye la actual legislatura. –¿Desalojarían con fuerza pública a los activistas de movimientos sociales? –Ayer (jueves 25) me marcó el secretario de Seguridad Pública (José Fernando Sánchez González). Le dije que no usaremos ninguna de esas vías contra los manifestantes. Estamos dialogando y creo que debe caber en ellos la prudencia. Creen que depende de nosotros, del Congreso, la última palabra sobre esta reforma, pero es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que tiene esa facultad. Con base en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, opositores a la reforma bonillista podrán interponer acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales ante la SCJN dentro de un plazo de 30 días naturales después de que la reforma se publique en el Periódico Oficial del Estado. Al menos tres partidos políticos ratificaron su decisión de impugnarla a través de acciones de inconstitucionalidad: PAN, PRI y PRD. Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, quien consideró que la reforma es una “gravísima” ruptura con la Federación y con el pacto constitucional, dijo que existen tres vías “para resolver este problema”: una controversia constitucional que puede presentar el Congreso de la Unión; una acción de inconstitucionalidad a cargo de los partidos políticos en Baja California, que se presentaría ante la Suprema Corte; la otra opción es desaparecer los poderes en Baja California, lo que inhabilitaría al gobernador electo Jaime Bonilla para ejercer el cargo. En Baja California, simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador y de su proyecto de la Cuarta Transformación, además de militantes y fundadores de Morena, como el abogado constitucionalista Daniel Solorio Ramírez, están recabando firmas para una carta colectiva que se proponen entregar al presidente de la República. En ésta van a solicitarle que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, interponga ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad, por conducto del Consejero Jurídico de la Presidencia, en contra de la citada reforma. Este reportaje se publicó el 28 de julio de 2019 en la edición 2230 de la revista Proceso