Desde abril no hay un panel de arbitraje que salvaguarde los derechos deportivos. El presidente López Obrador mantiene acéfala la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, instancia que resuelve las controversias entre los atletas y las federaciones deportivas. Entre los casos pendientes a resolver, destaca el de la Federación Mexicana de Judo, cuyo titular, Manuel Larrañaga Bonavides, lleva 14 años en el cargo pese a un fallo en su contra. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Máxima instancia para resolver las controversias de los atletas, entrenadores, directivos, autoridades y organismos deportivos con las federaciones nacionales, la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) está acéfala desde el 24 de abril. El presidente Andrés Manuel López Obrador continúa sin designar al titular ni a los cuatro miembros del pleno. La situación en la que se encuentra la CAAD incumple el ordenamiento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que estipula la existencia del panel de arbitraje para salvaguardar los derechos deportivos. La legislación vigente desde el 7 de junio de 2013 establece que la CAAD, órgano desconcentrado de la SEP, se integrará por un pleno, por las unidades administrativas y las oficinas regionales necesarias para el cumplimiento de sus funciones. La falta de designación del titular y de los miembros del panel ha causado una parálisis en los asuntos a tratar. La CAAD, vía su unidad de transparencia, reconoció el pasado 22 de agosto que tiene 89 expedientes abiertos desde 2012, de los cuales 47 (52%) están pendientes por resolver, y de ellos hay 24 ingresados en 2019. Ningún expediente ha sido atendido “dado que el 24 de abril de 2019 venció el nombramiento del pleno de la CAAD, sin que a la fecha se haya realizado la designación por parte del titular del Ejecutivo federal sobre el presidente y los miembros titulares del pleno”, reporta el órgano responsable de impartir la justicia deportiva en su respuesta a una solicitud de información (folio 1100100002419). Ante la magnitud del problema, los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública impulsaron el 24 de julio en el Congreso de la Unión una propuesta para que el Poder Legislativo exhorte a López Obrador “tenga a bien designar al presidente y los cuatro miembros titulares” de la CAAD. En la solicitud alertan al mandatario que la parálisis del panel de arbitraje deportivo podría causar “graves consecuencias” para los atletas y que la situación podría tener “tintes catastróficos si se contempla que estamos en las puertas de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. “El caso deja en total indefensión a los atletas, da todas las facilidades a los federativos para que lucren con las aspiraciones de los deportistas y para que cometan toda clase de atropellos y arbitrariedades.” El documento legislativo le recuerda a López Obrador las funciones del órgano mediador: “No sólo sirve como una instancia para establecer comunicación y negociaciones entre las partes cuando surge un conflicto, puede proponer medidas alternativas para solución e, incluso, imponer medidas disciplinarias a todas aquellas personas físicas o morales, organismos y entidades deportivas por conducto de sus titulares que se nieguen a acatar y ejecutar, o que no acaten y ejecuten en sus términos los acuerdos, decisiones, laudos y resoluciones emitidos por la propia CAAD”. El judo, un caos Entre los pendientes que debe atender el órgano responsable de impartir justicia deportiva destaca el de la Federación Mexicana de Judo (FMJ), cuyo presidente, Manuel Larrañaga Bonavides, lleva 14 años en el cargo pese a una resolución en su contra (expediente CAAD-RA-82/2014). Larrañaga Bonavides, al frente de una de las disciplinas que aún no consiguen medalla olímpica, incurrió en desacato de la resolución que la CAAD emitió el 13 de noviembre de 2014, cuando ordenó al Consejo Directivo de la FMJ la plena restitución de los derechos y obligaciones de Cesáreo Raúl Emilio Foullón como tesorero de la federación, retirado del cargo el 27 de mayo de 2014. La resolución responde a un recurso de apelación que el quejoso promovió ante la CAAD el 16 de junio de 2014; cinco meses después el órgano emitió el fallo definitivo en el cual ordena la revocación “inmediata” del despido de Foullón. Hasta el momento, Larrañaga no ha cumplido. De acuerdo con la Ley General de Cultura Física y Deporte, la propia Conade debe encargarse de aplicar las sanciones que emanen de los fallos del máximo tribunal de justicia deportiva. El 8 de junio de 2015, la CAAD declaró el desacato de todo el Consejo Directivo de la FMJ, como parte de dicho recurso de apelación (CAAD-RA-82/2014), por lo cual solicitó a la Conade iniciar el procedimiento sancionatorio. En febrero de 2017 Proceso (2102) dio a conocer que según el coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade, José Ramón Ávila, el presidente de la FMJ fue amonestado públicamente el 2 de septiembre de 2016. Sin embargo, nunca fue divulgado por la propia comisión nacional, sólo reportó el hecho al presidente y al director del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, al pleno de la CAAD y al consejo directivo de la federación. Como hasta la fecha el consejo directivo de la FMJ no ha dado cumplimiento a la resolución, Manuel Larrañaga suma tres desacatos. No obstante, el federativo ya desafilió a la Asociación Metropolitana de Judo y a la Asociación de Judokas Queretanos luego de que ambas organizaciones denunciaron ante la CAAD la ilegalidad de la asamblea ordinaria que la federación realizó en 2017. Para el 29 de noviembre de 2018, la CAAD declaró que fue ilegal el procedimiento por  el cual se designó al Consejo Directivo de la FMJ. El órgano de impartición de justicia deportiva resolvió que el presidente Manuel Larrañaga y el secretario de la federación deberían convocar a una nueva asamblea de elecciones. Dicho fallo se emitió de conformidad con lo ordenado por la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad 16047/17-17-09-9. La resolución expone que siete integrantes del Consejo Directivo de la federación de judo intentan reelegirse hasta por más de dos periodos de cuatro años cada uno, pese a que carecen de los recursos legales para hacerlo. Esta es la planilla impugnada: Manuel Larrañaga Bonavides, presidente; Miguel Ángel Mercado Lázaro, vicepresidente; Lilian Estrada Bautista, tesorera; Carlos Mata Constancio, comisario; Carlos Lazaga Martínez, vocal; Juliana Palma Valerio, vocal, y María del Rosario Flores Esqueda, representante jurídico. El jueves 5 la magistrada instructora de la Segunda Ponencia de la Novena Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió un acuerdo en favor de los quejosos. Requiere que en un término de 20 días se remitan las constancias que acrediten el cumplimiento del fallo protector del expediente número 515/2019. “En teoría se desconoce legalmente al Consejo Directivo designado en la asamblea de febrero de 2017, que fue impugnada por nosotros”, afirma Arturo Fernández López, vicepresidente de la desafiliada Asociación Metropolitana de Judo. Según Fernández, la FMJ puede buscar otras salidas supuestamente legales para retardar el juicio al menos hasta los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, “a los que difícilmente llegarán porque legalmente todo el consejo debe estar desconocido por los cuatro desacatos que llevan. De esa manera, ninguno de sus actuales integrantes podrá aspirar, ni siquiera, a ser candidato”. Para Fernández y Cesáreo Raúl Foullón, la simple resolución de la CAAD debería impedir que Manuel Larrañaga se perpetúe en la silla de la FMJ: “Primero, por violación de los estatutos y segundo, por los desacatos en los que incurrió desde el 6 de junio de 2017. A partir de esa fecha, la CAAD le informa que ya está fuera de la federación”. Iniciativa en puerta El miércoles 4, a solicitud del exboxeador y ahora legislador Érik Morales, Morena emitió un comunicado en la Cámara de Diputados en el que adelanta que impulsará la transformación del deporte. “El de alto rendimiento con las federaciones, la Conade, el deporte paralímpico y el estudiantil necesitan reorganizarse, tener procesos certeros, pero también la masificación del deporte social al tratarse de una herramienta de prevención de la violencia”, planteo Morales. El expugilista agregó que el sistema requiere de procesos certeros y que para ello “se buscará fortalecer a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, reinstalar la Confederación Deportiva Mexicana, estructurar y consolidar el Plan Nacional del Deporte y fortalecer la educación física en las escuelas, así como la activación física”. La reforma plantea propuestas de modificación a la Ley General de Cultura Física y Deporte y a las leyes complementarias de la reforma educativa, agregó el legislador. Este reportaje se publicó el 8 de septiembre de 2019 en la edición 2236 de la revista Proceso