CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una pesada crisis de derechos humanos heredada de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aún no logra establecer una política pública dirigida a dar un giro radical, que marque un antes y un después de su llegada al poder. Si bien ante grupos de víctimas, como algunos familiares de desaparecidos y organizaciones de defensa de derechos humanos y de periodistas -de acuerdo con testimonios recabados-, lo que marca la diferencia de la 4T con las anteriores administraciones, es el “trato” de los actuales funcionarios, sobre todo del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, lo cierto es que durante la actual administración hay temas en que las violaciones a los derechos fundamentales se han agudizado, consideran defensores entrevistados por Proceso. La negativa para aceptar la Recomendación 29/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), relacionada con el cierre del programa de Estancias Infantiles, por parte de los secretarios de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, María Luisa Albores y en su momento Carlos Urzúa, y las reiteradas expresiones de López Obrador para descalificar al organismo autónomo, prendió los focos rojos entre defensores sobre el “deterioro institucional” registrado en la 4T, en la que 300 mil niños y niñas menores de 4 años, resultaron afectados, al cerrarse el programa y no haber garantías de que la modalidad adoptada de entregar recursos directamente a las familias, en realidad estén siendo utilizado en favor de los pequeños. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), resalta que la primera alerta sobre el “desinterés” de López Obrador en temas de niñez, se detonó el mismo 30 de abril, fecha en la que se llevó a cabo la IV Sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), organismo presidido por el titular del ejecutivo. “A pesar de que la participación de López Obrador estaba confirmada, canceló, prefirió repartir tamales y juguetes, en lugar de presentar sus datos en la sesión del SIPINNA, un espacio de articulación de política pública, luego de que calificó como exageraciones lo que nosotros expusimos de que a diario se cometen tres homicidios y cuatro desapariciones de personas menores de 18 años, con base en reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)”. Problema heredado y latente La violencia contra niñas, niños y adolescentes, si bien es un problema que se arrastra por lo menos desde el sexenio anterior no es menor. De acuerdo con la sistematización de la información del SESNSP por parte de la REDIM, presentada el 27 de agosto, de enero de 2015 a julio de 2019 se registraron cuatro mil 664 menores que fueron víctimas de homicidio doloso, siendo adolescentes varones ocho de cada diez. En el mismo periodo, la organización detectó que, de los tres mil 297 feminicidios reportados en el país, 317 se han cometido contra población de cero a 17 años; destacando que en 2018 “ocurrieron un promedio de siete asesinatos al mes contra niñas y adolescentes y en lo que va de 2019, se registran 59 feminicidios (cerca de ocho feminicidios al mes)”. La negativa a aceptar la recomendación de la CNDH, marcó el “deterioro institucional”, por lo que Pérez García considera esto “un capricho en el que 300 mil niñas y niños han recibido el impacto negativo, sin que hasta ahora la Secretaría de Bienestar pueda demostrar que no fue mentira que había 90 mil niños fantasmas en el programa; sin que a la fecha haya una carpeta de investigación por actos de corrupción que fue el argumento para cerrar el programa”. De hecho, la semana pasada el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), reveló que la Secretaría de Bienestar respondió a una solicitud de un particular que sólo encontró “un niño fantasma” en Nayarit, por lo que el organismo ordenó una nueva búsqueda que dé sustento a sus declaraciones del 3 de abril de que en un censo “se reportó la no localización de 97 mil 180 niños”. El director ejecutivo de la REDIM, organización que acompaña en el litigio con amparos a estancias de Chiapas, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México, destacó que, por el señalamiento de corrupción, una mujer indígena que administraba una estancia en Chiapas, “tuvo una amenaza de linchamiento en su comunidad, porque estas mujeres quedaron estigmatizadas, mientras tanto, en junio pasado supimos que se dieron 800 millones de pesos a los Centros de Desarrollo Infantil del PT”. Migrantes, derechos violados En esta administración la atención a la niñez ha registrado “un retroceso gravísimo”, no sólo por el tema de las estancias, que se debatirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino también por el acuerdo migratorio de México con Estados Unidos, “que está profundizando las violaciones a derechos humanos que de por sí la niñez migrante sufría”. En ello coincide Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, quien el 19 de julio presentó un amparo en contra de la “Declaración Conjunta México-Estados Unidos”, así como el acuerdo suplementario, del 7 de junio, del que derivó el programa “Quédate en México” y el envío de seis mil elementos de la Guardia Nacional para resguardar la frontera con Guatemala. Además de violentar la Constitución, tratados internacionales y leyes internas, el amparo promovido por Delgadillo Pérez alertaba sobre abusos cometidos por autoridades, la violencia generalizada en las ciudades donde están siendo resguardados los solicitantes de asilo en Estados Unidos, así como la incapacidad de la infraestructura instalada en las Estaciones Migratorias. “Algunas de las consecuencias del acuerdo migratorio implican graves violaciones a derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, actos de violencia sexual cometidas por policías en contra de mujeres y desapariciones forzadas;  ciertamente los abusos contra la población migrante se han registrado desde hace muchos años, pero lo grave en estos momentos es que son el resultado de una orden para detener y deportar”, apunta la defensora, cuya organización está abocada a la defensa de derechos de migrantes.   La abogada resalta que lo más grave de la medida fue asignar la tarea a la Guardia Nacional, cuyos elementos son fundamentalmente soldados y marinos, para la “deportación masiva en cumplimiento al acuerdo firmado con Estados Unidos, sin considerar si las personas que están entrando al país pretenden solicitar a asilo a México o a Estados Unidos, se les está violando su derecho a pedir asilo”. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), de diciembre de 2018 a junio de este año, se detuvo a 105 mil 835 personas, de las cuales 77 mil 483 fueron deportados a sus países de origen.  El resto, 28 mil 352 se encontrarían en territorio nacional para diferentes trámites de regularización. El reporte de la dependencia refiere que, del 29 de enero al 24 de junio, Estados Unidos envió a México a 15 mil 79 centroamericanos, que esperaban ser asilados en aquel país. El 8 de agosto, el juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola, desechó la demanda de amparo indirecto tramitado por la Fundación, básicamente bajo el argumento de que “es potestad exclusiva del presidente de la República, entre otros, dirigir la política exterior”, lo que constituye “una facultad soberana”. Tras considerar que la organización que dirige Delgadillo Pérez no tiene interés legítimo, para el juzgador, el recurso de amparo es improcedente, para analizar “si las razones o motivos que llevaron al presidente de la República para celebrar la Declaración conjunta México-Estados Unidos y el Acuerdo complementario entre los Estados Unidos y México, por conducto del secretario de Relaciones Exteriores, son correctas o no”. Delgadillo Pérez acusa que la resolución violó el derecho al debido proceso, al no llamar a comparecer a las autoridades señaladas, entre ellas el canciller Marcelo Ebrard, y a su organización el derecho a defender derechos humanos, al desconocer su interés jurídico. Al señalar que por la respuesta del juez Tello, la Fundación presentó una queja que está siendo analizada en el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la abogada lamenta la claudicación del juez ante el Poder Ejecutivo, por lo que solicitará la intervención de la SCJN, “porque, la relevancia de los efectos contra la población migrante es tan grave, que el caso tendrá que ser asumido por el Máximo Tribunal”. Encinas, buen interlocutor En la lista de pendientes dejados por las administraciones pasadas la de agresiones a periodistas y defensores y la falta de respuesta a la tragedia humanitaria de las desapariciones en el país, víctimas y sus familiares lo que han encontrado en el gobierno de López Obrador es, por lo pronto, un “buen interlocutor”, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, coinciden Grace Fernández Morán, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y Leopoldo Maldonado, abogado de Artículo 19, organización de defensa de libertad de expresión. Una semana previa al informe, la oficina del exjefe de gobierno dio muestras de su voluntad política. El lunes 26 dio a conocer el Diagnóstico sobre el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, encomendado a la oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (ONU-DH), evento en el que el titular de la Unidad de Derechos Humanos, Aarón Mastache informó que durante la actual administración han sido asesinados 15 periodistas y 24 defensores. El viernes 30, se dio a conocer el registro realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda de 3 mil 24 fosas clandestinas, de 2006 a la fecha, en las que se localizaron 4 mil 974 cuerpos. De esas cifras, 522 fosas y 671 cuerpos, fuero hallados en esta administración, de los cuales 200 fueron identificados y 116 entregados a sus familiares. Durante la intervención de Encinas y Karla Quintana, titular de la CNB, se hicieron compromisos para atender ese flagelo, entre ellos la invitación al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y aceptar su competencia para recibir comunicaciones individuales. En entrevistas por separado, Fernández y Maldonado apuntan que en los primeros nueve meses de gobierno de López Obrador, parecería que, a excepción del subsecretario, ni el gabinete, ni los gobernadores de los estados ni el fiscal General de la República, están viendo el tema de violaciones a derechos humanos como un problema de Estado. Como integrante del Consejo Ciudadano, Fernández advierte que pese a que en declaraciones públicas López Obrador ha señalado que el tema de los desaparecidos es una prioridad, persisten trabas burocráticas que han impedido el ejercicio pleno de recursos destinados para el Sistema, al que se le presupuestaron 410 millones de pesos, y el viernes se anunciaron 350 millones adicionales. Al resaltar que la CNB cuenta con una plantilla de 43 personas, “insuficientes para 47 mil desaparecidos y 37 mil cuerpos sin identificar”, Fernández Morán destacó que los recursos “están etiquetados como prestación de servicios, por lo que todo se tiene que licitar, lo que va a provocar que no se ejerzan los recursos”. Grace Fernández lamenta que, hasta ahora, Alejandro Gertz Manero no se haya reunido con las familias de los desaparecidos, en tanto no hay coordinación efectiva para búsqueda e investigación, y en la fiscalía especializada para la investigación de casos de desaparición, “cada agente del ministerio público tiene una carga de al menos 150 expedientes. Así es imposible acabar con la impunidad”. Al reconocer que los gobernadores de los estados no han colaborado para que se implemente la ley general en materia de desapariciones, Fernández señala como otro funcionario federal omiso, a Marcelo Ebrard, quien tampoco se ha reunido con las familias de desaparecidos, ni ha favorecido al funcionamiento del “Mecanismo de Apoyo Exterior”, para que las familias de desaparecidos centroamericanos realicen trámites en las embajadas mexicanas y se les faciliten visas humanitarias. Ataques a la prensa, en la impunidad En materia de libertad de expresión, las cifras presentadas por Mastache, de 15 comunicadores ultimados, hablarían de que en el gobierno de López Obrador se han rebasado los niveles de agresiones a la prensa registrados en 2017, considerado el año más violento, en el que 12 periodistas fueron ejecutados. Leopoldo Maldonado alerta que hasta ahora la gran deuda que se tiene con el gremio periodístico sigue siendo la impunidad, que se convierte en “mensaje desde el aparato de procuración de justicia de que se pueden cometer atrocidades sin que haya respuesta del Estado en el sentido de identificar, perseguir, y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales”. El defensor destaca que mientras el Diagnóstico de la ONU-DH es claro en recomendar la realización de una condena enérgica por la violencia hacia la prensa, el consejo se topa “con un discurso presidencial que, alegando un distorsionado o un malentendido derecho de réplica, se ha dedicado a descalificar a aquellos medios o periodistas que han sido críticos con la administración, eso no genera condiciones propicias para la prensa, al contrario genera un ambiente de permisibilidad de este ambiente violento hacia la prensa”. Al asegurar que hasta ahora no se puede atribuir “un nexo causal directo, entre el discurso presidencial y la violencia contra la prensa”, Maldonado puntualiza que mientras no se dé una atención integral al problema, en el que se involucren dependencias federales y gobiernos estatales, “no habrá presupuesto que se rija o no bajo el principio de austeridad republicana que aguante estos niveles de violencia contra el gremio periodístico” Maldonado reconoce en Encinas un interlocutor con voluntad de cambio, por lo que advierte que mientras no haya acciones concretas, las buenas intenciones quedarán “en una mera simulación”, como, dice, ocurrió con el gobierno de Enrique Peña Nieto. “Si quiere hacer un deslinde del gobierno de Peña Nieto que fue un gobierno de franca simulación en materia de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, se tienen que esclarecer los hechos del pasado, por lo menos los crímenes más atroces contra periodistas que son obviamente los asesinatos y desapariciones”, concluye el abogado de Artículo 19.