Mucha Guardia Nacional, pero la violencia sigue

sábado, 7 de septiembre de 2019 · 13:41
El despliegue de los primeros 56 mil 191 elementos de la Guardia Nacional fue anunciado con un triunfalismo, pero los primeros resultados son más bien magros, pues la violencia no sólo no cede, sino que en algunos municipios incluso se han elevado los homicidios dolosos y las extorsiones. Especialistas consultados por Proceso dudan de la efectividad del nuevo cuerpo de seguridad federal para abatir la criminalidad. Uno de ellos señala  que hay una inercia institucional que ya venían adoptando las Fuerzas Armadas y la Policía Federal desde hace unos años. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Aun con el despliegue de la Guardia Nacional (GN) en todo el país, la ola de violencia no cede. Un análisis estadístico elaborado por varios corresponsales de este semanario revela que en las entidades donde tomó el control el nuevo cuerpo de seguridad los delitos no han disminuido; algunas incluso registraron un ligero aumento en homicidios dolosos y extorsiones. Con respecto a los secuestros, las cifras experimentaron una ligera tendencia a la baja con la entrada en operación de la GN, aunque su relación con los delitos de alto impacto resulta poco significativa. “No olviden que del trabajo de ustedes va a depender mucho el que llevemos a cabo entre todos los mexicanos la Cuarta Transformación”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los 10 mil elementos congregados en el Campo Marte de la Ciudad de México el pasado 30 de junio. Las conclusiones estadísticas se obtuvieron del cruce de información de dos fuentes: Situación de la Guardia Nacional, un informe elaborado por el nuevo cuerpo de seguridad y fechado el 13 de agosto, así como de las cifras de delitos a nivel municipal que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicadas el 21 de agosto. El primer documento destaca que 56 mil 191 elementos tienen el control en 150 regiones territoriales y atienden de intermitente a la población de 266 municipios considerados prioritarios por sus niveles de inseguridad. Cada “región” posee al menos 374 elementos que deben atender entre uno y cinco municipios del país. Pese a lo anterior, el despliegue de la GN no se refleja en las cifras de incidencia delictiva. Así lo admitió el propio comandante de la GN, el general Luis Rodríguez Bucio, en la ceremonia del 30 de junio último, en la que pidió mantener las expectativas “prudentes” en el corto plazo, ya que, dijo, “a mediano y largo plazos las expectativas son del más alto nivel”. El SESNSP reportó que en junio de 2019 se abrieron 1 millón 178 carpetas de investigación por diversos delitos: homicidios, lesiones, feminicidios, secuestro, tráfico de menores, robos, fraudes y extorsiones, entre otros. Esto quiere decir que, en promedio, uno de cada 10 mexicanos fueron víctimas de un hecho violento los primeros siete meses de este 2019; una de las tendencias más altas de las últimas dos décadas en que el SESNSP tiene los registros oficiales. Frecuentemente relacionado con la delincuencia organizada, el homicidio doloso encabeza la lista de delitos de alto impacto. Según el SESNSP, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPSC), encabezada por Alfonso Durazo Montaño, en los primeros siete meses de gobierno se cometieron mil 525 homicidios dolosos, tres cuartas partes fueron con arma de fuego. Masacres en centros nocturnos y fiestas familiares, como las ocurridas en Salamanca, Guanajuato; Minatitlán y Coatzacoalcos, en Veracruz, encendieron los focos rojos. Esas están incluidas en las 150 regiones operativas donde se desplegó la GN. En julio pasado, en los municipios donde están destacamentados los elementos de ese cuerpo de seguridad se cometieron más de 50% de los asesinatos registrados en el país. Ciudades como Tijuana, Juárez y Acapulco encabezan la lista criminal. A su vez, los datos del SESNSP registran que en los primeros siete meses de 2019 se abrieron 4 mil 884 carpetas de investigación por el delito de extorsión. La lista la encabezan ciudades como Guadalajara, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Ecatepec, las tres últimas en el Estado de México. Desde julio pasado, tras el despliegue de la GN, la lista de 150 municipios donde opera el nuevo cuerpo de seguridad concentró 64% de las carpetas de investigación abiertas; es decir, una quinta parte más del promedio mensual reportado durante el primer semestre del año. Con respecto al secuestro, durante el primer semestre se mantuvo un promedio mensual de 54.42 carpetas de investigación por este delito. En julio la cifra bajó a 52; es decir, hubo una reducción de 4.42 casos denunciados. La lista la encabezaron tres alcaldías de dos estados donde la GN ya tiene presencia: Benito Juárez (Cancún), en Quintana Roo, e Iztapalapa y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Homicidios, secuestros, robos… Cuatro meses después de que la GN se estrenó en Veracruz como “fórmula experimental”, la violencia en el Golfo de México no sólo no disminuyó, sino que en algunos meses los homicidios dolosos y los feminicidios se incrementaron. La semana antepasada una pareja fue ejecutada por hombres armados en las afueras del campus de la Universidad Veracruzana en Minatitlán, la misma región sur donde la GN entró en funciones para “regresar la paz” y “la tranquilidad” al pueblo, según palabras del presidente López Obrador. En la misma región, un día después de que entró la GN, tres hombres fueron ejecutados: dos en Acayucan cuando viajaban en un taxi y otro en el malecón costero de Coatzacoalcos. El SESNSP reporta que entre mayo y julio –ya con la GN operando gradualmente en 12 regiones de Veracruz–, hubo 600 homicidios, 64 más que los registrados tres meses antes, cuando aún no entraba en operación la guardia. En el caso de los secuestros, disminuyeron de 94 a 67 en el periodo mencionado. En Baja California la GN arribó el 5 de julio último con la misión de desplegar una estrategia de inteligencia en coordinación con fuerzas federales y estatales. Dos meses después, en dicho estado se cometen más asesinatos y prevalecen los altos índices delictivos. En el primer semestre de 2019 fueron asesinadas mil 402 personas: 7.7 cada día. Durante julio, ya con la GN en territorio bajacaliforniano, cada 24 horas mataron en promedio a nueve personas. Ocho de cada 10 homicidios se cometieron en Tijuana, donde se concentra la mitad de la población del estado, considerada la segunda ciudad más peligrosa del mundo. Entre los detonantes de la violencia extrema destacan las disputas territoriales entre grupos criminales como los cárteles de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación y el de los hermanos Arellano Félix, así como mil 500 pandillas vinculadas al narcomenudeo, trata de personas, robo de vehículos, entre otros. La tasa de homicidios es de 174 por mes y escaló a 204 en junio. Otra bomba de tiempo se activó en la frontera norteña por la agresiva política antiinmigrante de Donald Trump, observó Soraya Vázquez Pesqueira, abogada que colabora desde hace más de 20 años con organismos internacionales y nacionales en defensa de los derechos humanos. “En este contexto, resulta lamentable que la Guardia Nacional haya llegado a Baja California sólo a hostigar a los migrantes. No vemos que persigan y capturen a los criminales. La inseguridad pública prevalece, siguen las matanzas, levantones, feminicidios, asesinatos atroces”, expresó la directora del capítulo mexicano de Families Belong Together. “La vida no vale nada…” La GN arribó a Guanajuato en medio del abierto desafío que el CJNG lanzó desde ahí a los tres niveles de gobierno mediante videos difundidos en las redes sociales y plataformas digitales. El grupo delictivo comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, manifestó su intención de erradicar de la región al Cártel de Santa Rosa. El recibimiento a la corporación federal ha sido cruento. Incluso es Guanajuato donde cayó el teniente Carlos Anastacio Juan durante un enfrentamiento con sicarios en la comunidad de Lomas de Zempoala en Yuriria, el 10 de agosto. El militar fue la primera baja de un integrante de la GN en una refriega en la que murieron cinco civiles. Hasta principios de año, el trasiego de combustible de Pemex era el motivo principal de los homicidios dolosos, aseguraban las autoridades. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez y el fiscal estatal Carlos Zamarripa aseguran que en 2018 los homicidios dolosos fueron 2 mil 609, 85% de los cuales estuvieron relacionados con el huachicol, mientras en 2015 fueron menos de 900. Ahora se habla de lucha territorial y del narcomenudeo, según las autoridades, y por esas u otras razones la violencia homicida no baja: el SESNSP registró casi mil 600 homicidios dolosos de enero a julio de este año. “Hay una buena coordinación con nosotros; van en acompañamiento o en momentos ellos por su cuenta. La coordinación no es el problema porque es un tema de buenas voluntades; lo que no alcanzo a percibir es una estrategia nacional, general, contra el crimen organizado”, comenta a Proceso Ricardo Ortiz Gutiérrez, alcalde de Irapuato, uno de los municipios más violentos del país. A principios de julio, el gobierno federal envió 4 mil 300 tropas de la GN a Guerrero, una entidad con presencia militar desde hace tiempo. A pesar de ello, los índices delictivos se mantienen. En la última semana de agosto sicarios de La Familia Michoacana y el CJNG tuvieron una disputa por el control de los nueve municipios de la región de Tierra Caliente. A mediados de agosto, la agencia Apro informó que la guerra entre el CJNG contra el grupo armado de El Abuelo, en Tepalcatepec, Michoacán, se había extendido a la región de Tierra Caliente de Guerrero. Desde ese entonces, la delincuencia impuso un toque de queda en los municipios de Pungarabato, Tlapehuala, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón y Zirándaro, donde se registraron masacres, desplazamiento poblacional y varias comunidades quedaron sitiadas. Debido a estos enfrentamientos, las autoridades estatales optaron por suspender clases en 10 escuelas de Coyuca de Catalán durante la última semana de agosto. “Inercia institucional” Cuatro especialistas de seguridad, consultados por este semanario, dudan que las cifras de julio de 2019 reflejen la funcionalidad de la GN. “Pueden resultar engañosas”. Aunque varían sus pronósticos, calculan que se requiere un periodo mayor a los seis meses para hacer una evaluación seria. –¿Cuándo podrán conocerse los resultados del despliegue de la GN?, pues las cifras del primer mes muestran algunas flaquezas –se les pregunta. –No se puede dar una evaluación todavía –señala Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)–. Es muy apresurado porque no existen datos de largo tiempo y tampoco están haciendo cosas muy distintas a lo que se venía haciendo. Yo calculo que en seis meses podremos ver los resultados si la Guardia Nacional sirve o no. Samuel González Ruiz, exdirector de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, expone: “La seguridad pública sigue siendo un anatema de los estados y municipios porque en realidad ellos tienen 80% de la responsabilidad. La federación tiene el 20% restante y no se puede caer en los errores que cometieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto: resolverlo desde la Ciudad de México. Yo pienso que en un año ya podremos ver qué tan efectiva es la Guardia Nacional”. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, advierte: “No hay una claridad sobre lo que tenemos que esperar. Lo malo de este periodo de transición es que ya nos quedamos sin Policía Federal. Es decir, el proceso ha estado acompañado de debilitamiento institucional y un falso despliegue militar, pues ellos ya estaban ahí desde hace años. Yo creo que para ver resultados se necesitan al menos 10 años más”. Su colega Alejandro Hope, columnista y especialista en seguridad, añade: “Pienso que nunca se van a ver los resultados, ya que este cuerpo no está desplegándose. En realidad, está siguiendo una inercia institucional que ya venían adoptando las Fuerzas Armadas y la Policía Federal desde hace unos años. La estrategia fracasó”. (Con información de Ezequiel Flores, Verónica Espinoza, Noé Zavaleta y Olga Aragón.) Este reportaje se publicó el 1 de septiembre de 2019 en la edición 2235 de la revista Proceso

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