La crisis que padece Chile a causa de la represión y la violencia policial contra los manifestantes, desde el 18 de octubre último, no sólo ha movilizado a los propios jueces de la nación sudamericana, quienes han ordenado la detención de varios integrantes del cuerpo de Carabineros acusados de tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y homicidio, también ha movilizado al conjunto del sistema internacional que defiende los derechos humanos y que pone en tela de juicio al propio presidente Sebastián Piñera y a sus mandos policiales. VALPARAÍSO (Proceso).– El cuerpo de los Carabineros de Chile comienza a verse cercado por los tribunales y las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos debido a su responsabilidad en las masivas y sistemáticas violaciones cometidas desde el 18 de octubre último contra la población, cuando estalló la protesta social contra el alza en la tarifa del Metro. Por encabezar la línea de mando, el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, y el presidente Sebastián Piñera aparecen implicados. El 28 de diciembre último, en tres causas distintas, varios jueces ordenaron la captura de diferentes miembros de los Carabineros por su participación en los recientes crímenes contra los manifestantes. El Décimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva a seis funcionarios policiales de la 51 Comisaría de Pedro Aguirre Cerda (al sur de Santiago), imputados por torturar y abusar sexualmente del estudiante de medicina de la Universidad Católica de Chile, Josué Maureira, durante la madrugada del 21 de octubre. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el mayor Humberto Tapia, acusado de “homicidio frustrado” por haber disparado por la espalda contra un menor de 16 años en Santiago Centro, el 19 de octubre último. La víctima terminó con sus dos pulmones perforados. El mayor Tapia ya había sido procesado por herir con perdigones a dos alumnas del Liceo 7 de Santiago mientras protestaban pacíficamente al interior del inmueble. Esa agresión motivó al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a solicitar a los Carabineros “respetar los derechos de los niños y adolescentes en sus procedimientos policiales”. El pasado 28 de diciembre también fueron procesados y puestos en prisión preventiva cinco carabineros que el 23 de octubre agredieron con brutalidad al ciudadano Moisés Órdenes, quien sólo tocaba una cacerola en medio de una protesta en la Plaza Ñuñoa de la capital chilena. Órdenes resultó con trauma ocular izquierdo grave, fracturas costales múltiples y fractura nasal, entre otras lesiones. Este caso llamó la atención de las organizaciones en favor de los derechos humanos porque fue captado en vivo por el noticiario principal de CNN Chile. El 22 de diciembre pasado la Fiscalía Centro Norte acusó a Mauricio Carrillo, cabo y chofer de los Carabineros, de que el 20 de diciembre último persiguió, atropelló y estrelló su carro contra otro vehículo blindado para prensar al joven Óscar Pérez que participaba en las protestas de la Plaza Baquedano. La víctima sufrió doble fractura de cadera. La agresión también fue transmitida en vivo por un canal de televisión local. El incidente ocurrió en el contexto de una política de copamiento con Carabineros de la Plaza Baquedano, instruida por el gobernador de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, con la previsible venia de su superior Gonzalo Blumel, cuyo fin era impedir la llegada de los manifestantes a dicho lugar que fue rebautizado por la ciudadanía como la “Plaza de la Dignidad”, epicentro de las protestas en Santiago. El 27 de diciembre se repitió la estrategia que terminó en enfrentamientos entre los manifestantes y la policía que usó proyectiles de metal contra la ciudadanía. La jornada violenta terminó con un saldo de un muerto (Mauricio Fredes) y el incendió del emblemático Centro Arte Alameda. De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble se quemó a causa de las bombas lacrimógenas que los carabineros lanzaron al techo del recinto. El Centro Arte Alameda es un espacio icónico del cine y la cultura santiaguina. Desde el inicio del estallido social alojó brigadas de salud que atendieron a más de 600 heridos. Los Carabineros ya habían causado conatos de incendios que, sin embargo, pudieron ser controlados. Según informó el medio de prensa alternativa OPAL, el 27 de diciembre hubo “al menos 80 heridos a causa de la represión policial, la mayoría por disparos de escopeta”. El 29 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó vía Twitter “su preocupación por la continuidad de los hechos de violencia y el uso desproporcionado de la fuerza” de parte de los Carabineros, y por “la ocupación policial desproporcionada de los espacios públicos en los que habitualmente se desarrollan las manifestaciones de protesta”. Asimismo la CIDH lamentó la muerte de Mauricio Fredes, el “manifestante que huía de una carga policial y cayó a un hoyo con agua y cables de electricidad”.

Mario Rozas, a juicio

El 27 de diciembre último, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la denuncia por “permisividad frente a la tortura”, interpuesta por Luis Mariano Rendón, abogado y activista de derechos humanos, contra Mario Rozas, director general de los Carabineros. Esta acción se sustenta en la segunda parte del inciso primero del artículo 150 A, del Código Penal, que dispone presidio mayor en su grado mínimo “al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de la tortura, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello”. En su escrito, Rendón detalla que desde el 18 de octubre “han sido públicos los casos de numerosas personas heridas de gran consideración, producto del impacto de bombas lacrimógenas, balines y perdigones disparados por funcionarios de los Carabineros de Chile”. El abogado acusa que muchos de los afectados han sido heridos por impactos en la cabeza o en el tronco, “lo que contraría” los protocolos policiales vigentes. “Las bombas lacrimógenas tienen por objetivo dispersar manifestantes por efectos del gas, no herirlos con el proyectil. Las escopetas antidisturbios, que deben usarse cuando peligre la integridad del policía o terceros, no deben ser apuntadas a la parte superior del cuerpo, pues su objetivo es hacer retroceder a las personas por el dolor del impacto, no causarles heridas que puedan llegar a la mutilación, como desgraciadamente ha ocurrido”. De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), dado a conocer el 30 de diciembre pasado, desde el 17 de octubre hasta el 30 de diciembre se han registrado 3 mil 583 casos de heridos en el marco de la represión policial. De ellos, 2 mil 50 sufrieron lesiones por disparos de municiones, 359 sufrieron daños oculares y varios de ellos con pérdida total de la visión en uno o ambos ojos. El INDH ha presentado 777 querellas por tortura y 137 por violencia sexual. Sin embargo, varios casos de violación a derechos humanos quedarán impunes porque la víctima decide no acusar o por la inoperancia de los sistemas públicos de salud y justicia. En el líbelo acusatorio, Rendón –que en los estertores de la dictadura fue dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH)– sostiene que Rosas “tuvo conocimiento, al menos como todos los chilenos, de la comisión por parte de los funcionarios de los Carabineros de Chile bajo su mando” sobre “hechos constitutivos de tortura”. Destaca que pese a ello “no existió ninguna medida de su parte que fuese lo suficientemente enérgica como para hacer variar la conducta criminal que estaba desplegando la policía uniformada”. Rendón puso en la palestra un audio que fue viralizado el 13 de noviembre, en el cual se escucha al general Rosas decir: “A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. Aunque me obliguen, ¡no lo voy a hacer!”. Tras estas palabras, se escucharon enfervorizados gritos y aplausos de los policías. Rosas agregó: “En la medida en que estemos unidos, como ahora y como siempre, nadie podrá hacernos daño”. El abogado considera que ambas frases deben entenderse como un ofrecimiento de “búsqueda colectiva de impunidad en el preciso contexto de masivas violaciones a los derechos humanos constitutivas de tortura”. En entrevista con Proceso, Luis Rendón expuso que, si Piñera “tuviese una preocupación efectiva por los derechos humanos”, habría removido a Rozas de su cargo”. El entrevistado advierte que “los abusos siguen dándose todos los días en las calles y plazas de nuestro país”. Ejemplo de lo anterior es que durante la madrugada del miércoles 1, en medio de las manifestaciones en la Plaza Aníbal Pinto, de Valparaíso, un carabinero disparó a corta distancia una bomba lacrimógena contra el rostro del profesor Matías Orellana, quien resultó con fractura de cráneo y pérdida total de la visión en su ojo derecho.

El presidente, en la mira

La crisis que padece Chile por la represión y la violencia policial contra los manifestantes, desde el 18 de octubre último, ha movilizado al conjunto del sistema internacional de derechos humanos y pone en tela de juicio al propio presidente de la nación sudamericana. En un informe del 21 de noviembre pasado, Amnistía Internacional (AI) denunció la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes. “Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”. La organización internacional expuso que las autoridades bajo el mando de Piñera “han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”. El 13 de diciembre pasado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) dio a conocer su propio informe sobre la situación en Chile. El dosier destaca que el cuerpo de Carabineros atacó manifestaciones pacíficas “con el objetivo aparente de dispersarlas o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión”. También hizo ver que la policía hizo uso “desproporcionado e innecesario” de escopetas antidisturbios y de gases lacrimógenos percutidos “a corta distancia”. Denuncia el “uso excesivo de la fuerza”, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias. El ACNUDH hizo énfasis en que los jóvenes y adolescentes “constituyen la mayoría de las presuntas víctimas” y en el hecho de que se produjo “un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”. En entrevista, el abogado Rendón sugiere que Piñera tiene una doble responsabilidad en lo relacionado con los crímenes contra civiles: política y jurídica. En materia de responsabilidades políticas un sector de la oposición intentó exigirlas mediante juicio político. Sin embargo, este camino fue rechazado en la Cámara de Diputados el 13 de diciembre. Rendón comenta: “Cuando el presidente mantiene en su cargo a todos aquellos que están demostrando completa falta de sensibilidad respecto de las violaciones a los derechos humanos, compromete su propia responsabilidad. “(Piñera) tenía la obligación de dar instrucciones precisas y categóricas a sus ministros y, a través de ellos, a las policías” en el sentido de “actuar respetando plenamente los derechos humanos”. Como Piñera no lo ha hecho, considera que podría ser juzgado por “permisividad frente a la tortura”, hecho sancionado en el artículo 150 del Código Penal. El jurista agrega que, como dicho delito se ha configurado respecto del jefe de la policía, “pienso que perfectamente podría configurarse también respecto del presidente”. De esa manera, el papel de Piñera en las recientes violaciones a los derechos humanos ya está siendo investigado por la justicia chilena. El 17 de diciembre último, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite la querella presentada por el senador Alejandro Navarro por los delitos de lesa humanidad. La posibilidad de juzgar a Piñera no se limita a Chile. El exjuez de la audiencia nacional de España Baltazar Garzón publicó el 24 de octubre reciente una carta abierta a Sebastián Piñera en la que le señala: “Sepa que las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo y los crímenes perpetrados contra la población civil esta vez no quedarán en la impunidad” porque, además de los órganos de justicia chilenos, “existe la Jurisdicción Universal (…) y una comunidad internacional atenta y vigilante que no permitirá que en Chile se vuelvan a repetir los horrores del pasado.” En octubre de 1998, el juez Garzón ordenó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet que se encontraba en Londres por su implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas, ocurridos en Chile durante la dictadura militar (1973-1990). El miércoles 1, el Partido Comunista de Chile anunció que también trabaja intensamente en una presentación contra el presidente Piñera ante la Corte Penal Internacional por su posible culpabilidad en los crímenes contra los derechos humanos. Este reportaje se publicó el 5 de enero de 2020 en la edición 2253 de la revista Proceso