De noviembre de 2017 a la fecha las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la CDMX se han mudado varias veces a edificios arrendados por los que pagan millonadas. Sin embargo, el escándalo mayor es el que hoy envuelve a ambas instancias, pues desde mayo pasado anunciaron su traslado a la Torre Vertia, en avenida Patriotismo, pero ese cambio no se ha concretado. El problema es que el magistrado Rafael Guerra Álvarez y su oficial mayor, Sergio Fontes Granados, firmaron un contrato de renta cercano a los 900 millones de pesos que se prolongará hasta 2024. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con apenas cuatro meses al frente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra Álvarez y su oficial mayor Sergio Fontes Granados negociaron el cambio de áreas de ambos organismos a un moderno edificio del Grupo Constructor Rouz. El inmueble está en la alcaldía Miguel Hidalgo y Guerra Álvarez y Fontes Granados firmaron un contrato de renta cercano a los 900 millones de pesos, que los capitalinos tendrán que pagar de aquí a 2024. Fontes Granados tiene varios antecedentes negativos en su carrera. En 2014 fue destituido de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la delegación Xochimilco por presuntos actos de corrupción, según lo estableció el Tribunal Electoral del Distrito Federal (expediente TEDF-JLDC-010/2013). A principios de 2019 también fue señalado por empleados del Tribunal por ese ilícito y por abuso de autoridad; asimismo dijeron que Fontes Granados presuntamente autorizó la contratación de exempleados de Xochimilco en puestos directivos en esa alcaldía, aun cuando no cumplen los requisitos académicos ni tienen carrera judicial. El empresario beneficiado con la mudanza será Rolando Uziel Candiotti, cuyo grupo constructor acumula quejas por “incumplimiento” en la entrega de departamentos, así como por la baja calidad de sus obras, según puede constatarse en páginas de internet que ofrecen la venta y renta de departamentos económicos y de nivel medio. La fecha para el cambio de juzgados, salas, áreas administrativas y empleados ubicados en los edificios de calzada de La Viga 1174, colonia El Triunfo, alcaldía Iztapalapa; y en Juárez 104, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, aún no se define, pues la nueva sede –la Torre Vertia, en Patriotismo 230, colonia San Pedro de Los Pinos– está en construcción. Sin embargo, el pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la mudanza desde el 21 de mayo de 2019, cuando Guerra Álvarez tenía cuatro meses en el cargo, que asumió el 7 de enero de ese año. La medida es parte del Proyecto General de Reordenamiento Inmobiliario propuesto por el oficial mayor del TSJ-CDMX.

Las mudanzas

Cuando las distintas áreas del Tribunal y la Judicatura locales se trasladen a la Torre Vertia se consumará la tercera mudanza promovida por los principales encargados del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) a inmuebles alquilados a particulares por montos millonarios en el último trienio. El primero fue en noviembre de 2017, cuando las áreas administrativas y judiciales dejaron el edificio de Isabel La Católica 165 y Fray Servando 32, ambos en la colonia Centro, para irse a un inmueble ubicado en calzada de La Viga 1174, colonia El Triunfo, en Iztapalapa. Ese año, el presidente del Tribunal y la Judicatura era Álvaro Augusto Pérez Juárez, mientras el oficial mayor era Israel Soberanis Nogueda, quien firmó el contrato TSJCDMX/DOMS/AI-05/2017 con el Deutsche Bank México S.A., institución de banca múltiple, representado por su apoderada F2 Services S.C., con base en el Acuerdo V-87/2017. Según el contrato firmado el 25 de octubre de 2017 –de acuerdo con la copia consultada por Proceso–, la renta del inmueble sería durante 36 meses y el monto mensual era de 7 millones 988 mil 83 pesos, IVA incluido. El alquiler se inició el 1 de noviembre de 2017 y, según el documento consultado, terminaría el 31 de octubre de 2020. Sin embargo, el TSJCDMX acordó la mudanza a la Torre Vertia en mayo de 2019; es decir, un año y medio antes de lo estipulado. Pero el Tribunal no tendrá que pagar ninguna penalización por incumplimiento de contrato, ya que la cláusula novena del mismo dice que las partes acordaron que si “el inmueble no se puede seguir utilizando o ya no es idóneo para el uso convenido… el contrato se dará por terminado anticipadamente en forma automática y sin responsabilidad alguna para ‘la arrendataria’”. El segundo cambio fue en mayo de 2018, bajo la administración de Pérez Juárez y fue aprobado por el Consejo de la Judicatura, mediante el Acuerdo Plenario 25-14/2018. El oficial mayor era Óscar Fernando Rangel Gadea, quien el 23 de abril de ese año firmó el contrato TSJCDMX/DEOMS/AI-03/2018 con Banca Mifel, Institución de Banca Múltiple, representada por ZKC Administración S.A., por el alquiler del edificio ubicado en Juárez 104, colonia Centro. En esa ocasión el argumento fue “la necesidad de espacios para albergar oficinas administrativas y órganos jurisdiccionales, en virtud de no contar con inmuebles propios para tal fin”. El pago mensual acordado, IVA incluido, fue de 5 millones 220 mil pesos. La vigencia convenida fue de tres años: del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2021. Sin embargo, transcurrido un año, el Tribunal rescindió el contrato sin penalización económica alguna, y anunció que todos los trámites y procesos se llevarían a cabo en la Torre Vertia. La suma de las rentas de ambos edificios asciende a 13 millones 208 mil 83 pesos mensuales, cantidad que hasta ahora paga el Tribunal por ocupar ambos edificios, aunque los contratos señalan que el monto se ajustará de forma anual en un porcentaje igual al incremento anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

“Ahorro y seguridad”

El 17 de octubre de 2019, el reportero Jorge Carrasco publicó en la agencia Apro y el portal proceso.com.mx una nota titulada “La millonaria mudanza del TSJCDMX”, en la cual adelantó el cambio de sede por una renta mensual de 14 millones 500 mil pesos al mes, lo que ascenderá a 870 millones en los siguientes cinco años. Al día siguiente, el área de Comunicación Social del Tribunal difundió el comunicado 11/2019 en el que decía que la erogación que el Poder Judicial haría por la nueva sede “es similar al pago que se realiza actualmente” por los edificios de La Viga 117 y Juárez 104. Y detalló: “Será de 14.5 millones mientras que por las sedes antes mencionadas se erogan actualmente 14 millones 18 mil 474 pesos mensuales, una diferencia de 3.3%, similar a la inflación estimada para este año”. Asimismo, mencionó un “dictamen de avalúo del monto de la justipreciación de la Dirección Ejecutiva de Avalúos de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México para la Torre Vertia, según el cual una renta máxima a pagar, con IVA, de 19 millones 404 mil 431.28 pesos; sin embargo –destacó–, el PJCDMX logró disminuir ese monto casi 5 millones de pesos mensuales”. En el documento, el Tribunal explicó que los objetivos de concentrar en un solo inmueble diversas áreas del Poder Judicial es “dignificar la operación de juzgados, optimizar funciones y garantizar la seguridad de empleados, usuarios y justiciables”. También detalló que la Torre Vertia tiene 30 mil 240 metros cuadrados que albergarán 34 Juzgados Civiles de Proceso Escrito, 30 Juzgados Civiles de Proceso Oral, 26 Salas de Audiencia, Áreas Consignaciones Civiles, Oficialía de Partes Común, Protección Civil, Seguridad Institucional, Proveeduría, Fotocopiado, Servicio Médico, Administración, Sindicatos, Asociación de Jubilados, Centro de Telecomunicaciones y Cómputo; además de las direcciones ejecutivas de Recursos Humanos, Recursos Materiales, Obras, Mantenimiento y Servicios y Recursos Financieros. Además tendrá espacio para instalar cuatro nuevos juzgados de Oralidad Civil y cuatro Salas de Audiencia, “situación que genera un beneficio extra para la actividad jurisdiccional”. Otra ventaja del arrendamiento, continuó el organismo, es que el arrendador –al que no identificó– “correrá con los costos de las adecuaciones necesarias para la operación y funcionamiento de las oficinas conforme a las necesidades de la institución, del mobiliario nuevo y los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del edificio, equipamiento y mobiliario por un año”. Incluso, subrayó como “un factor importante” para el cambio de la sede del edificio de La Viga 1174 “la seguridad personal de los usuarios y empleados, toda vez que a diario enfrentaban riesgos”. Su fuente de información fue el Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva de la Ciudad de México 2019, que “señala que la alcaldía de Iztapalapa cuenta con uno de los índices más altos en delitos contra el patrimonio, entre éstos el robo en sus diversas modalidades”. Por último, el comunicado aseguró que “una vez realizadas las adecuaciones requeridas para el funcionamiento de los juzgados, salas y áreas administrativas se anunciará la fecha del cambio al nuevo inmueble”. Trabajadores que laboran en la construcción de la Torre Vertia comentan a Proceso que el término de la obra estaba programado para diciembre pasado, pero como no se logró, ahora esperan que sea para mediados de febrero, pues aún faltan las instalaciones eléctrica e hidráulica, así como detalles finales. La próxima sede del TSJ tiene 23 pisos, un área comercial y ocho niveles subterráneos de estacionamiento para unos 900 autos. Está en un cruce estratégico, aunque conflictivo, de la ciudad: las avenidas Patriotismo y Puente de la Morena, justo en el límite de las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Por ahí circulan diariamente miles de autos que van del oriente al poniente de la capital y es paso obligado para entrar al Circuito Interior y dirigirse también al Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. En sus alrededores hay una gasolinera, una plaza comercial, un salón de fiestas infantiles, un colegio particular, un sitio de camiones de mudanza –que comúnmente se estacionan en doble fila–, una central panadera y una ferretería. Vecinos consultados aseguran que es un punto conflictivo en materia de tráfico y de continuos asaltos con arma de fuego, pues el edificio está situado a sólo unas calles de la zona de Tacubaya, reconocida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana como uno de los puntos delictivos críticos de la Ciudad de México.

Reordenamiento inmobiliario

Además de la renta de la torre de Patriotismo, en el Proyecto General de Reordenamiento Inmobiliario, el oficial mayor Sergio Fontes Granados propuso al magistrado presidente del Tribunal, Rafael Guerra Álvarez, una serie de cambios en distintos inmuebles por un costo estimado en 446 millones de pesos que, derivado del “déficit financiero-presupuestal” del organismo, se cubrirían con recursos del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito Federal. En el oficio OM/0476/2019 fechado el 16 de mayo de 2019 –del que este semanario tiene copia– el funcionario sometió a consideración del Órgano Colegiado la realización de 10 obras, mudanzas y gestiones tecnológicas para satisfacer la “necesidad institucional” de contar con “espacios necesarios para mejorar la situación en la que se encuentran laborando algunas áreas de esta institución, así como permitir ahorros para la economía de la misma”. Por ello, planteó la reubicación de órganos jurisdiccionales existentes, así como albergar otros que serán creados por mandato de la Constitución Política de la CDMX y la Ley Orgánica del Poder Judicial capitalino. Incluso, refirió que está pendiente la creación de órganos jurisdiccionales de oralidad en materia familiar, reubicaciones estratégicas para la mejora en el Sistema Procesal Penal Acusatorio, así como la “imperiosa necesidad de conformar instalaciones que incidan en la adecuada administración de justicia y concentración estratégica del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, así como de la Oficialía Mayor”. Entre los inmuebles mencionados por Fontes Granados para hacer modificaciones están el “Domo” de Niños Héroes 132 y 150, Claudio Bernard 60, Niños Héroes 119, Juárez 104 y 8, Obrero Mundial, Sullivan 133, Doctor Liceaga 113 y hasta terrenos del Tribunal ubicados en el Reclusorio Oriente. [caption id="attachment_614400" align="alignnone" width="660"] La sede de avenida Niños Héroes 119, colonia Doctores[/caption] Este reportaje se publicó el 12 de enero de 2020 en la edición 2254 de la revista Proceso