Lo que no consigue el Estado colombiano lo consiguen mafias como las de Medellín: bajar la tasa de homicidios. Un experto en seguridad atribuye este inusitado fenómeno al hecho de que los jefes de las dos facciones de La Oficina, la mayor organización delictiva de esa ciudad, pactaron una tregua para frenar sus disputas territoriales al ver que la violencia “se estaba saliendo de control”. Que la delincuencia organizada sea la que regule la violencia muestra “el fracaso de la política criminal” en Colombia, sostiene un concejal medellinense
BOGOTÁ (Proceso).- Luego de que Medellín registró a principios de 2019 un inusitado aumento en la violencia que llegó a causar alarma social, la ciudad terminó el año con un descenso de los homicidios que, según especialistas en seguridad, se debe a un acuerdo entre las organizaciones criminales que las autoridades han aprovechado para hablar de resultados.
“La violencia se estaba saliendo de control y los jefes de las dos facciones de La Oficina (la mayor organización delictiva de Medellín) decidieron pactar una tregua y dar la orden a las bandas de la ciudad para detener las disputas territoriales”, dice a Proceso el principal experto en seguridad de Medellín, Luis Fernando Quijano.
El analista afirma que el repunte de la criminalidad golpeaba la imagen del alcalde saliente, Federico Gutiérrez, que tiene aspiraciones presidenciales y cuya principal bandera de gobierno ha sido el combate a la inseguridad.
El alcalde –indica Quijano– “no es que haya promovido el pacto entre los jefes del crimen organizado de la ciudad, pero no le puso obstáculos; la política fue ‘dejar hacer, dejar pasar’ para que se dieran las reuniones que tenían que darse y para que los capos acordaran ordenar a las bandas dejar de echar bala”.
Entre enero y mayo de 2019 se reportaron 307 homicidios en esa ciudad colombiana, 51 más que en el mismo periodo de 2018. Con frecuencia aparecían cuerpos desmembrados envueltos en bolsas y cadáveres con disparos a quemarropa y signos de tortura.
En ese momento, Gutiérrez, un popular alcalde que actúa como “el primer policía” de Medellín, comenzó a perder apoyo ciudadano.
En mayo último, en medio de las críticas de varios sectores a causa del aumento del crimen en la ciudad, el respaldo a su gestión bajó siete puntos de popularidad, según la encuesta Gallup. Se ubicó en 78%, que aún es un porcentaje alto, pero no tanto como los 91 puntos que tuvo meses antes cuando su estrategia lo proyectó como jefe policiaco más que como alcalde.
El aumento en los homicidios golpeó a Gutiérrez en términos políticos, sobre todo cuando abril y mayo se convirtieron en los dos meses más violentos de Medellín en los últimos cinco años, con 71 y 75 asesinatos, respectivamente.
En abril la percepción de inseguridad creció cuando aparecieron los cuerpos de dos hombres en bolsas negras en una céntrica avenida.
Una de las víctimas fue identificada por la policía como integrante de La Terraza, una facción de La Oficina que sostenía una tensa disputa de negocios con algunos de los principales jefes de la organización criminal que maneja buena parte de las rentas ilegales en el área metropolitana de Medellín.
En mayo fueron encontrados otros cuatro cuerpos en bolsas negras y amarillas. Eran cuatro hombres asesinados a puñaladas.
Los medios locales comenzaron a hablar de una “ola de homicidios” y del inminente inicio de una guerra entre los jefes del crimen organizado.
Pero el 31 de mayo el especialista en crimen urbano Luis Fernando Quijano anunció que, ante la zozobra ciudadana por el incremento de la violencia, La Terraza y la cúpula de La Oficina habían decidido pactar el fin de la guerra fría que sostenían desde 2018.
Quijano explica que los jefes de ambos grupos nunca llegaron a atacarse entre sí, pero “había mucha tensión y desconfianzas, que se reflejaban en las comunas (barrios), donde mandos medios de sus organizaciones se estaban matando”.
El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, rechazó la versión sobre un pacto, pero el hecho es que, días después de la revelación de Quijano, en junio se comenzó a notar un descenso significativo en los índices de criminalidad.
Ese mes se registraron 42 homicidios en la ciudad, 45% menos que en mayo, y noviembre fue el mes menos violento de este siglo en Medellín, con 30 asesinatos, la mitad del promedio habitual.
Lo notable es que el aumento en los homicidios durante los primeros cinco meses de 2019, de 18.5%, con respecto del mismo periodo de 2018, contrasta con la caída de 23.7% de los asesinatos en los cinco meses que siguieron (junio-noviembre).
“Este cambio súbito en el comportamiento de la criminalidad en Medellín sólo se explica por el pacto entre los jefes de La Terraza y la línea mayoritaria de La Oficina”, insiste Quijano.
El mensaje del crimen
No es la primera vez que Luis Fernando Quijano revela pactos entre las organizaciones criminales. En 2013 anunció un acuerdo entre el Clan del Golfo –la mayor banda criminal de Colombia– y La Oficina, tras años de guerra por el control de las rentas ilegales en Medellín, incluidas las del narcotráfico.
Esa tregua que Quijano llamó “El pacto de fusil”, y que las autoridades de la época nunca reconocieron, también coincidió con una drástica caída de los homicidios en la ciudad.
Entre 2009 y junio de 2013, en Medellín se registraron 7 mil 671 homicidios, casi cinco diarios en promedio, por dos guerras sucesivas: una entre los jefes de La Oficina de la época, Ericson Vargas Cardona, Sebastián, y Maximiliano Bonilla, Valenciano, y otra entre La Oficina y el Clan del Golfo.
En 2011, el Valenciano fue capturado en Venezuela y extraditado a Estados Unidos; un año después, Sebastián cayó preso en una finca cercana a Medellín, también con fines de extradición.
El encarcelamiento y la posterior extradición a Estados Unidos de ambos capos desató una nueva guerra, ahora entre La Oficina y el Clan del Golfo, que quiso entrar a la segunda ciudad más importante de Colombia a apoderarse de los negocios criminales, como el tráfico de drogas, el narcomenudeo, la extorsión y el lavado de dinero.
“El pacto del fusil” que Quijano develó puso fin a ese enfrentamiento. La Oficina cedió algunos barrios al Clan del Golfo, pero se quedó con la mayoría de los negocios ilegales de la urbe colombiana.
Como resultado del acuerdo, entre 2012 y 2015 los homicidios en Medellín cayeron 61%. Pasaron de mil 251 a 487 por año en ese lapso.
Para Quijano, “lo que vimos en 2013 con el ‘Pacto del fusil’ y lo que estamos viendo ahora es que el crimen en Medellín se autorregula y que la acción de las autoridades no es la que determina la reducción de la violencia, sino que son las propias organizaciones delictivas las que deciden cuando eso debe ocurrir”.
El nuevo pacto criminal entre los jefes mafiosos de Medellín, en mayo pasado, fue tan evidente y tuvo un efecto tan claro en la reducción de la violencia que el comandante de la policía, el general Eliécer Camacho, en una entrevista con el diario El Colombiano aceptó el mes pasado que ese acuerdo ocurrió.
Dijo que los cabecillas del crimen organizado de la ciudad “hicieron reuniones en las cárceles para mermar sus confrontaciones”. Varios jefes de La Oficina y La Terraza están encarcelados en diferentes centros penitenciarios, entre ellos Tom, Douglas, Barnie y Carlos Pesebre.
Según Quijano, ante el aumento de homicidios, durante los cinco primeros meses de 2019 las autoridades “facilitaron” las reuniones de los jefes mafiosos en los centros penitenciarios para que ordenaran a sus aliados en los barrios frenar las confrontaciones.
“Con este acuerdo el crimen organizado de Medellín le está dando la despedida al alcalde saliente (Federico Gutiérrez culmina su periodo el 1 de enero) porque le está diciendo: ‘Aquí nosotros decidimos, tú no’”, señala Quijano.
Afirma que también es “una bienvenida para el alcalde entrante (el joven político independiente Daniel Quintero), al que le están enviando el mensaje de que ellos son capaces de controlar la violencia en la ciudad”.
Estado incapaz
El secretario general del Concejo de Medellín, Jorge Iván Mejía, considera que el hecho de que los grupos criminales sean los que regulan la violencia muestra “el fracaso de la política criminal”.
Mejía, quien fue secretario de gobierno y consejero para la convivencia de la ciudad, explica que la estrategia contra la inseguridad “ha sido coja” porque el alcalde Gutiérrez se centró en perseguir a los cabecillas de las bandas ilegales (han sido detenidos 160 en cuatro años) y no en la desarticulación de sus negocios ilegales.
“Las actividades ilegales en la ciudad son tan lucrativas que los relevos de los jefes se producen de manera inmediata y las organizaciones criminales no han sido debilitadas. Esa estrategia produce capturas, pero no acaba con el negocio”, puntualiza Mejía.
Hay “una necesidad de revisar la política criminal” porque los grupos ilegales, añade, “son tan fuertes que se dan el lujo de autorregularse y regular la violencia en Medellín”.
El pacto entre los jefes de la línea mayoritaria de La Oficina y La Terraza comenzó a operar en los días previos al arranque de las campañas políticas para las elecciones municipales en Colombia, las cuales se realizaron el 27 de octubre último.
Los alcaldes, concejales, gobernadores y legisladores locales que resultaron electos tomarán posesión este 1 de enero, y tanto para Quijano como para Mejía es una sugerente coincidencia que el acuerdo entre las dos organizaciones delictivas se haya producido en una coyuntura electoral.
Mejía dice que las bandas criminales colombianas “suelen actuar con una lógica política”. Recuerda que desde hace años la delincuencia organizada de Colombia ha querido generar “espacios de diálogo” con el Estado para desmantelar sus negocios ilegales a cambio de legalizar parte de sus capitales y recibir un trato judicial favorable al someterse a la justicia.
Entre los grupos que han hecho intentos para llegar a ese tipo de acuerdos con el gobierno nacional están el Clan del Golfo y La Oficina, cuyo jefe, Tom, ofreció el año pasado desde la cárcel entregar decenas de armas y desarticular sus estructuras mafiosas a cambio de una rebaja de penas para él y sus hombres.
El Congreso colombiano incluso aprobó el año pasado una ley de sometimiento a la justicia de bandas criminales que está dirigida a “grupos armados organizados”, como el Clan del Golfo, Los Pelusos, Los Puntilleros y las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pero la nueva legislación, que implica sometimientos colectivos, rebajas de penas de hasta 50% y el cumplimiento de condenas en granjas agrícolas, excluye a las estructuras delictivas urbanas como La Oficina, pues son consideradas “organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico”. Pero ni siquiera los grupos a los que fue dirigida la ley se han mostrado interesados en ella por considerarla poco atractiva en beneficios judiciales.
Mejía cree que “tarde o temprano” el Estado tiene que abrirse a una negociación con las organizaciones criminales “para cerrar el ciclo de violencia”.
La paz total es imposible si no involucramos a estos actores en una negociación que incluya una ley de sometimiento a la justicia que resulte atractiva para todos los grupos ilegales, asegura. “De lo contrario, los niveles de violencia y los miles de muertos cada año van a seguir”.
El Estado colombiano, dice el economista y maestro en gobierno y políticas públicas, “ha sido incapaz de someter a estas estructuras y ejercer el control territorial y el monopolio de la violencia en muchos puntos del país y en muchos sectores urbanos”.
Mejía agrega que con un sometimiento negociado “gana el país”.
Este reportaje se publicó el 29 de diciembre de 2019 en la edición 2252 de la revista Proceso
