En noviembre de 2016 la empresa Fresenius Medical Care y una de sus filiales fueron sancionadas por la falta de formalización de 19 contratos con el IMSS que conllevaron un “daño patrimonial considerable” e inhabilitadas dos años y medio. Cumplido el plazo y tras el pago de la multa correspondiente, la firma alemana volvió por sus fueros en diciembre pasado, cuando se adjudicó seis contratos con el gobierno de la 4T. El problema es que resucita justo ahora que el sector salud se encuentra en crisis y luego de que en marzo de 2019 el Departamento del Tesoro la acusó de prácticas irregulares en 16 países, incluido México.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En medio de la crisis en el sector salud, la firma Fresenius Medical Care (FMC), de origen alemán, empieza a retomar terreno en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tras dos años y medio de permanecer inhabilitada.
Especializada en servicios de hemodiálisis, la trasnacional fue sancionada el 29 de marzo del año pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) tras una investigación por corrupción de la Comisión del Mercado de Valores de ese país (SEC).
Al confirmarse que la farmacéutica alemana violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero al incurrir en prácticas irregulares en 16 países, incluido México, la SEC la multó con 231.7 millones de dólares.
El DOJ le aplicó esa multa millonaria a cambio de no llevar su caso a los tribunales, al demostrar que Fresenius obtuvo ganancias por 135 millones de dólares entre 2009 y 2016 mediante sobornos para garantizar transacciones en Arabia Saudita, Angola, ocho países del oeste de África, así como en Turquía, España, China, Serbia, Bosnia y México. Esos pagos, según la SEC, “no fueron precisamente reflejados en los libros y registros de FMC”, empresa que cotiza en el mercado de valores estadunidense.
La resolución de la SEC, que es pública, revela que la empresa alemana fue incapaz de “abordar con prontitud numerosas señales de alerta” advertidas desde el año 2000, como “la simulación de contratos por consultorías, falsificación de documentos y canalización de sobornos a través de un sistema de intermediarios externos”.
En el caso particular de México, la investigación de la SEC estableció que en 2010 la empresa “participó en un plan para incrementar el precio del kit de diálisis para una licitación” con el IMSS.
Para ello la transnacional utilizó los servicios de un “agente externo”, identificado solamente como un “distribuidor mexicano”, que se encargó de “pagar sobornos a los funcionarios del IMSS encargados de la licitación pública”.
Ese “agente externo”, según la investigación, vende, entre otros productos, “equipos médicos usados en los tratamientos de hemodiálisis”; y en la contabilidad interna la farmacéutica aparecía como beneficiaria de pagos por concepto de “asesoría”.
Una auditoría interna de FMC México advierte que en 2010 y 2011 la empresa destinó 23 mil 500 dólares en “comisiones indebidas” pagadas al “distribuidor mexicano”, parte de las cuales fueron destinadas a funcionarios del IMSS, de manera que “FMC se benefició con más de 2 millones de dólares como resultado de la conducta inapropiada”.
Historial en México
Pese a ese antecedente, FMC, con sede en Zapopan, Jalisco, y oficinas en la Ciudad de México, fue favorecida el 6 de diciembre pasado con seis partidas del fondo anual para la contratación del Servicio Médico Integral Hemodiálisis Subrogada del IMSS.
Según el fallo de la licitación, publicado el viernes 3 y firmado por el titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, Juan Pablo Villa Barragán, y el titular de la División de Servicios Integrales, Benjamín Pandal Martínez, la farmacéutica fue considerada para dar servicios en las delegaciones del IMSS en Guerrero, Morelos y la Ciudad de México por un monto mínimo de 94 millones 456 mil 735.20 pesos y un máximo de 236 millones 137 mil 946.20, incluido el IVA.
Asociada con Dytsa, en esa licitación FMC se adjudicó también el servicio del hemodiálisis del Hospital Regional de Jalisco, considerando impuestos, por un mínimo de 38 millones 558 mil 585.60 pesos y un máximo de 96 millones 394 mil 74.40; asimismo, en participación conjunta con Bioingeniería 3R obtuvo dos partidas para dar servicio de hemodiálisis en el Hospital General de Medicina Familiar, también en Jalisco, por un mínimo de 16 millones 911 mil 41 pesos y un máximo de 42 millones 276 mil 152.82, incluido el IVA.
FMC también compite por una licitación para dar servicio integral de hemodiálisis en las unidades médicas hospitalarias del ISSSTE, con una oferta máxima de 126 millones 129 mil 514.49 pesos para el ejercicio de 2020 y de 127 millones 690 mil 234.36 pesos para el siguiente año.
Con presencia en México desde 1989, FMC México ha obtenido jugosas ganancias por la subrogación del servicio de hemodiálisis en diversas instituciones de salud pública, aun en momentos en que estuvo sujeta a la inhabilitación, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de la Función Pública.
De 2013 a 2019 FMC México ganó 4 mil 616 millones 682 mil 370.71 pesos; en el mismo periodo, otra de sus filiales –Fresenius Kabi México, fabricante y distribuidora de productos especializados– obtuvo mil 88 millones 119 mil 787.16; y una tercera –Fresenius Medical Care Compañía de Servicios– se adjudicó en 2019 una licitación en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán por 6 millones 759 mil 720. En México no hay antecedente de alguna investigación abierta contra FMC por los presuntos actos de corrupción detectados por la SEC, aunque la farmacéutica sí ha sido mencionada en algunos ilícitos.
En 2010 la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió una resolución en contra de las farmacéuticas Baxter, FMC, Eli Lily y Pisa “por cometer prácticas monopólicas absolutas, consistentes en acuerdos colusorios en los procesos de licitación” de insulina humana, soluciones electrolíticas y sueros comprados por el IMSS entre 2003 y 2006.
En 2015, la Cofece emitió un comunicado en el que menciona que la colusión de las empresas provocó un sobreprecio de 2.9% en la compra de sueros y de 57.6% en las de insulina humana, gastos equivalentes a 622.7 millones de pesos. La resolución de la Cofece fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ese mismo año, si bien le solicitó a la comisión “recalcular” las multas, que sumaban en conjunto 151 millones de pesos.
La sanción de 2016
En 2011 el IMSS denunció a FMC “por hechos posiblemente constitutivos de prácticas monopólicas relativas” en agravio de la institución y de la sociedad en general, debido a que la empresa alemana habría concertado “acciones con otros agentes económicos para ejercer presión contra otro agente económico con el propósito de disuadirlo de la prestación del servicio de hemodiálisis y obligarlo a actuar en el mismo sentido; es decir, que abandone la prestación del servicio de hemodiálisis”.
La querella fue firmada por Alicia Reyes Círigo, apoderada general para pleitos y cobranzas del IMSS. El documento señaló como responsables de los actos ilegales a Laura Elena García Martínez y Constantino Calderón Lizalde, representantes legales de FMC, de acuerdo a la copia de la denuncia consultada por la reportera, sin que haya referencias de la conclusión.
El proceso administrativo más fuerte contra FMC fue iniciado por el IMSS, que terminó con una multa superior a 1 millón de pesos y la inhabilitó dos años y medio en licitaciones de instituciones federales o que conllevaran el uso de recursos públicos de la federación.
La sanción se derivó de un resolutivo del 18 de noviembre de 2016 del Órgano Interno de Control del IMSS y de la Secretaría de la Función Pública, en el que se acusa a Fresenius Medical Care de México y Fresenius Medical Care Compañía de Servicios de incumplir con la formalización de 19 contratos que conllevaron un daño patrimonial considerable.
Las conclusiones del caso, obtenidas a través de la Ley de Transparencia, firmadas por Jorge Peralta Porras, titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del IMSS, y notificadas el 23 de noviembre de 2016 a la empresa, refieren que la falta de formalización de los contratos fue “grave, en virtud de que la prestación del servicio integral de hemodiálisis para la atención de la salud, de la población derechohabiente, constituye un soporte de vida a dichos beneficiarios, cuyos tratamientos contemplan ese servicio”.
Las adjudicaciones de los contratos se publicaron en el portal CompraNet el 4 de septiembre de 2015, debiendo formalizarse el 19 de ese mes, por un monto de 506 millones 519 mil 840 pesos sin IVA, para la prestación del Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna por un plazo de 48 meses.
Según la institución, “debería haber pagado 471 millones 480 mil 750 pesos por la prestación del servicio de hemodiálisis durante el periodo de noviembre de 2015 a mayo de 2018; derivado de la falta de formalización de los 19 contratos, el IMSS, a efecto de estar en condiciones de prestar el servicio de hemodiálisis, se vio en la imperiosa necesidad de contratar con terceros la prestación de dicho servicio, pagando por éste la cantidad de mil 29 millones 47 mil 915 pesos, lo que implicó un sobrecosto de 557 millones 567 mil 165.74 pesos, lo cual se traduce en un daño patrimonial por ese importe, causado de manera directa e inmediata por la omisión” de la empresa y su filial de formalizar los contratos.
Como castigo, a las empresas asociadas se les impuso una multa por 1 millón 51 mil 500 pesos, así como la “inhabilitación para que por sí misma o a través de interpósita persona no pueda presentar propuestas ni celebrar contrato alguno con las dependencias y entidades de la administración pública federal, con las empresas productivas del Estado, así como con las entidades federativas cuando utilicen recursos federales conforme a los convenios celebrados con el Ejecutivo federal sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por el plazo de dos años y seis meses”.
El contrato multianual
En los documentos consultados se advierte que días después de que se publicó en CompraNet el resultado de la licitación comentada, FMC formalizó un contrato multianual de adjudicación directa, firmado por el entonces director general del IMSS, José Antonio González Anaya, fechado el 12 de noviembre de 2015.
El contrato está relacionado con la adjudicación directa de “Servicio de Hemodiálisis Subrogada” para el periodo 2015-2019 con la delegación del IMSS de Guerrero, por un importe mínimo de 66 millones 943 mil 29.65 pesos y máximo de 167 millones 358 mil 145.36, siendo el plazo de los servicios del 1 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre de 2019.
Además de González Anaya, el contrato S/120031 está firmado por el director de administración, Armando David Palacios Hernández; el titular de la Unidad de Administración, Miguel Servín Diago; César Augusto Añorve Baños, encargado de la Jefatura de Servicios Administrativos; José Zavala Escamilla, titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de la Delegación Guerrero y administrador del contrato; Jesús Roberto Valdés Ortiz, coordinador de Prevención y Atención a la Salud; María de Lourdes Carranza Bernal, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, y el delegado Jesús Ávila Sánchez.
Todo parece indicar que el contrato con la delegación Guerrero no tuvo mayores problemas para ser solventado, por lo menos hasta febrero de 2019, cuando un representante legal de FMC inquirió al encargado de Órgano Interno de Control del IMSS sobre la viabilidad de que “un proveedor inhabilitado sea adjudicado directamente” ante la posibilidad de que en marzo se agotara el presupuesto destinado para solventar el contrato multianual con la delegación Guerrero.
Si bien en su respuesta Peralta Porras niega la posibilidad de que una empresa sancionada sea beneficiaria de contratos, para entonces era claro que estaba enterado que el 3 de octubre de 2018 el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la “nulidad lisa y llana” del resolutivo de noviembre de 2016, que emitió contra FMC y su filial asociada, además de la sentencia judicial que fue publicada en una circular en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2019.
No obstante, el 16 de mayo de 2019, FMC pagó a la Tesorería 1 millón 197 mil 448 pesos, 15 días antes de que le fuera levantada la inhabilitación, lo que le permite a la empresa alemana y a sus subsidiarias regresar a la arena de las licitaciones por los servicios subrogados en instituciones públicas.
Este reportaje se publicó el 26 de enero de 2020 en la edición 2256 de la revista Proceso
