Sicilia: En manos de AMLO, crear una política contra la violencia

lunes, 27 de enero de 2020
Antes de iniciar la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz desde Cuernavaca, el poeta Javier Sicilia reitera en entrevista que el propósito de los participantes es llamar la atención nuevamente sobre su propuesta de justicia transicional, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha comprendido cabalmente. A eso le atribuye que se sigan aplicando medidas “reactivas” contra la violencia, que privilegian los casos emblemáticos en perjuicio de la mayoría de las víctimas, y por eso “están fracasando”. CUERNAVACA, Mor. (Proceso).- La Cuarta Transformación está “fracasando” en su promesa de enfrentar las causas principales de la inseguridad y la violencia, pues ha preferido atender casos emblemáticos, a los que se destinan todos los recursos del Estado, mientras que a la mayoría de las víctimas se les revictimiza, se les niega el derecho a la verdad y a la justicia. “Prefieren dar mayor justicia a algunos casos; nosotros queremos el mínimo indispensable de justicia a todas las víctimas”, dice Javier Sicilia a Proceso. No sólo la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador “está fracasando”, agrega Sicilia. Desde el principio, “cuando ganó la elección, nos reunimos, ya como presidente electo, en septiembre de 2018. Dijo que haría de la agenda de las víctimas su agenda y sin embargo, meses después decidió traicionar su promesa, su compromiso. Ahora vemos que este gobierno es igual, o tal vez, peor que los anteriores”. En vísperas de que se inicie la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz, a la que convocó hace unas semanas, luego del asesinato de varios integrantes de la familia LeBarón, el poeta asegura que al gobierno de López Obrador “le urge que se resuelva Ayotzinapa, quiere ver cuanto antes resultados, porque quiere pasar a la historia y ese caso le queda para ello. Mientras tanto, las víctimas se multiplican, se siguen acumulando, el horror aumenta y 2019, primer año de este gobierno, ha sido el más sangriento de la historia. “Todo porque no existe una política de Estado, porque no quieren combatir las redes de complicidad que permanecen en el Estado mexicano, que lo han capturado. Y no quiere escuchar el presidente, no quiere escuchar a las víctimas, convierte el asunto en un tema de seguridad”. –Ya dijo que atenderán a los participantes en la caminata la secretaria de Gobernación y el gabinete de seguridad… –Sí, pero nosotros no queremos eso. Ya nos reunimos con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; es una buena persona, pero le dije que la agenda de las víctimas, que es la agenda del país, la rebasa, porque es una agenda a la que se tiene que responder con una política de Estado, y eso sólo lo puede hacer el presidente. “Desde el inicio no se ha entendido nuestra propuesta. Hemos elaborado documentos con expertos en el tema, no estamos improvisando, no vamos a caminar para recordarle al presidente que nuestros casos están pendientes. Queremos hablar con él para decirle cómo queremos que se implemente la justicia transicional.”
La propuesta de los colectivos
El próximo 28 de marzo se cumplirán nueve años del asesinato del hijo de Javier Sicilia, Juan Francisco, junto con otras seis personas. A nueve años del surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha habido cambios en el país: hay una Ley de Víctimas, una comisión federal para éstas y comisiones similares en los estados, pero “no se ha terminado de entender” el problema, dice. “El país se encuentra desde hace 15 años en un periodo extraordinario de violencia y descomposición, de tragedia humanitaria –agrega–. Los números del horror nos lo confirman: 200 mil muertos, 62 mil desaparecidos, feminicidios, corrupción, impunidad… Y aunque el país tiene un sistema de justicia, éste ha sido rebasado o capturado por el crimen organizado. El Ministerio Público no puede investigar ni resolver todos los asesinatos diarios. Según los números del año pasado, en promedio fueron cuatro asesinatos por hora. ¿Quién va a resolver eso? ¿Quién le va a dar justicia a esas víctimas? “Por eso desde 2011 el movimiento impulsó la creación de una ley que respondiera a ese momento extraordinario, porque no estamos en un momento ordinario, donde el sistema funcione, donde las violaciones a la ley se castiguen, donde haya justicia. No. Estamos frente a un momento en el que el crimen capturó al Estado. Es por eso que decimos que sólo puede funcionar una política de Estado que encabece un presidente. Y en ese sentido Andrés Manuel es la persona idónea: ganó con amplia legitimidad, tenía todo para comenzar a construir los mecanismos que permitieran que el Estado resurgiera escapando a las complicidades criminales.” Sin embargo esto no ha ocurrido. “López Obrador –afirma– ha implementado una política de combate al crimen que él dice que ataca las causas fundamentales, pero esto no es así. Repartir becas y convertir a los jóvenes en aprendices no resuelve nada. Su política sigue cometiendo el mismo error: son una serie de acciones aisladas que responden a la coyuntura, al caso emblemático. Es política reactiva. Eso no ha funcionado ni funcionará”. Lo que propone Sicilia –y con él un centenar de colectivos de víctimas, organizaciones civiles, expertos y académicos– es que se construya un sistema de justicia transicional, una estructura que responda a la emergencia nacional en materia de investigación, de identificación de cuerpos, de búsqueda en vida, de verdadera impartición de justicia: “En ese sistema debe participar la sociedad civil nacional, pero también debe contar con el apoyo de organismos y expertos de otros países, debe ser coordinado por una instancia, una comisión de la verdad, pero en la que se cree un sistema en el que participen todas las secretarías de Estado, que debe tener un presupuesto suficiente, todo el presupuesto. Porque sin éste el programa sería sólo demagogia.” El sistema tendría que incluir lo que Sicilia llama “la reserva moral”, es decir, el Movimiento por la Paz que él encabeza, los colectivos de víctimas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque al final el problema de la violencia tiene su origen en el sistema económico: “El gobierno actual sigue en la idea de impulsar proyectos desarrollistas sin importarle el problema ambiental que vive el planeta, tiene su apuesta principal en desarrollar el sur del país, proyecto que ha sido impulsado por los gobiernos de Estados Unidos. “En la justicia transicional, la comisión de la verdad debería funcionar como el buje de una llanta de bicicleta, mientras que las secretarías de Estado, los gobiernos de los estados, todo el Estado, serían los rayos de la llanta que la hacen girar y entonces se puede avanzar. Porque el problema de la violencia y la delincuencia no sólo es tema de seguridad, no es problema de militares, al contrario: los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña nos enseñaron que los militares en las calles sólo traen más violencia. Andrés Manuel está repitiendo la dosis, aunque vistió de blanco a los militares. “En el fondo el problema tiene que ver con las redes de complicidad y con los pactos de impunidad que se dan entre gobiernos. El sistema de justicia transicional debería ser capaz de romper esos pactos, pero para ello, el presidente tiene que ser capaz de romper con ellos. Hay gente en su gobierno que también entra en complicidad con los cárteles, siempre haciendo los cálculos políticos. No piensan en el país realmente, porque el país no es en abstracto. México es la gente, somos los mexicanos y hoy la gran mayoría es víctima de la violencia.”
Recuperar el Estado
A principios de 2019 Sicilia se reu­nió varias veces con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien posteriormente delegó la interlocución en una funcionaria. “A ella le entregamos todos los documentos con la propuesta. No son ocurrencias, son documentos que elaboraron expertos a partir de hacer un análisis del contexto nacional y de la propia idiosincrasia mexicana. Porque hay que ser muy claros: aunque la justicia transicional se ha aplicado en Colombia o en Perú, no hay recetas, se tienen que adaptar los mecanismos existentes o se tienen que crear otros para responder a la situación concreta.” Dichas propuestas incluyen una comisión de la verdad con investigadores verdaderamente autónomos y con independencia financiera. Esta condición permitiría sentar las bases de un sistema de justicia extraordinario que garantice el derecho a la justicia, el cual no existe actualmente, como lo muestra el Índice Global de Impunidad, que en 2018 alcanzó 99.3%. Además, deberían aprovecharse los recursos y la experiencia de otros países para construir un mecanismo forense que permita agilizar la identificación de cuerpos sepultados ilegalmente. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de enero de 2007 a septiembre de 2016 se localizaron 855 fosas clandestinas, de las cuales fueron exhumados mil 548 cuerpos y 35 mil 958 restos humanos. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, con presupuesto muy limitado, logró identificar en 2019 alrededor de 300 cuerpos, 116 de los cuales habían sido entregado a sus familias hasta agosto. “Si en un año identificaron sólo 300, les va a tomar mil años terminar con este problema”, advierte Sicilia. Y a ello hay que agregarle los cuerpos que ya se encontraban en las morgues de las 32 fiscalías estatales. En diciembre de 2018 se acumulaban en los tres semefos de Morelos 500 cuerpos, sin contar los restos exhumados de las fosas clandestinas e irregulares de Tetelcingo y Jojutla, cerca de 250 cuerpos y restos humanos. Estos últimos permanecen en el panteón forense de Cuautla y se desconoce cuántos fueron identificados y entregados. Al respecto el poeta puntualiza: “No sólo están buscando en las fosas, y está bien, pero faltan los tugurios, las casas de citas, los giros rojos y negros, los campos agrícolas. En esta semana se publicó lo que está pasando en Guerrero, donde los jóvenes son secuestrados y luego convertidos en esclavos en los campos. ¿Quién está buscando a esas víctimas? Nadie”. Asimismo, indica Sicilia, se debe diseñar una política pública que reconstruya el tejido social, “que está ahí, pero se rompe por la violencia, por los megaproyectos, por la corrupción y la impunidad”. En su opinión, esa política debe ir más allá de “la entrega de becas”, pues “entregar dinero no resuelve el problema de la pobreza; esas prácticas ya las conocemos, crean redes clientelares, se convierten en votos… Sólo se puede tener paz como fruto de la justicia, así que se tiene que reconstruir el tejido social sobre la base de la construcción de la paz, pero con justicia y dignidad”. Por eso, insiste el poeta, “lo dijimos hace nueve años, y después de los hechos donde murió mi hijo vino Ayotzinapa, luego Tlatlaya, ahora lo que ocurrió con la familia LeBarón; esta semana mataron a los músicos en Guerrero y así... Esta caminata no es contra el presidente, no lo odiamos, no tengo nada contra él en lo personal. Esta caminata es un nuevo esfuerzo para decirles: ‘Miren, dense cuenta, estamos hasta la madre, la violencia sigue y no queremos que escuchen nuestros casos, sino nuestras propuestas’, porque si éstas fallan, si falla la caminata, perderemos todos”. Finalmente aclara: “Estoy cierto que Andrés Manuel no quiere el billete, como lo agarraron los otros presidentes. Estoy cierto que lo que quiere Andrés Manuel es salir en el billete, es decir, en la historia; pero a nuestro entender se va a quedar corto, no aparecerá en la historia como él quiere si no es capaz de convocar a la unidad del país y de lanzar una política de Estado que rompa el pacto de impunidad, que capture de nuevo al Estado, se lo arrebate al crimen y siente las bases de una verdadera justicia transicional”. Y concluye: “No queremos que sólo atiendan los casos emblemáticos, Ayotzinapa es importante, pero también la desa­parición de todas y cada una de las otras 60 mil víctimas. Queremos justicia mínima para todos los casos”. Esta entrevista se publicó el 26 de enero de 2020 en la edición 2256 de la revista Proceso