A finales de diciembre pasado los zapatistas refrendaron su decisión de oponerse a los megaproyectos del gobierno de López Obrador, en particular el polémico Tren Maya, que las autoridades federales se empeñan en impulsar, violando incluso el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Carlos González García, integrante de la Comisión Nacional del Congreso Nacional Indígena comenta a Proceso que el plan de resistencia combina tres estrategias: la organización social de las comunidades; la denuncia en medios y en instancias de derechos humanos nacionales e internacionales, y el despliegue de una estrategia legal por medio de amparos. CIUDAD DE MÉXICO (proceso).– En diciembre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Concejo Indígena de Gobierno (CIG) expresaron que se resistirán a los megaproyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya sea el Tren Maya, el Corredor Interoceánico –o Transístmico– o el Proyecto Integral Morelos. Si bien el EZLN anunció que defenderá los territorios indígenas “hasta morir”, también se dibujan otras vías para frenar esos megaproyectos. En Yucatán, por ejemplo, organizaciones cercanas al CNI evalúan interponer amparos contra la consulta que el gobierno federal organizó sobre el Tren Maya, confirman a Proceso dos representantes. El abogado Carlos González García, integrante de la Comisión Nacional del CNI, sostiene que este organismo no interpondrá amparos en nombre propio –porque en su seno no hay consenso sobre el reconocimiento a las instancias del Estado mexicano–, pero apoyará a las organizaciones que se opongan por la vía legal a los megaproyectos. En entrevista con Proceso, González recuerda que, en su última asamblea nacional, el CNI decidió crear un grupo de abogados que se abocarán a proveer instrumentos legales a las comunidades en sus acciones de protesta contra el despojo de sus tierras y los megaproyectos. Según González, esposo de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, el plan de resistencia contra los megaproyectos combina tres estrategias: “La organización social de las comunidades; la denuncia en medios y en instancias de derechos humanos nacionales e internacionales, y el despliegue de una estrategia legal por medio de amparos”. “Una sola vía no basta”, sostiene González. Dice que en casos como el del Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos se presentará una “ofensiva legal con amparos para frenar el otorgamiento de licencias de construcción, se revisarán las Manifestaciones de Impacto Ambiental y los temas de consulta o los cambios de uso de suelo forestal. Puntualiza: “El CNI no participa en estrategias jurídicas porque es un espacio, no una organización; sí impulsamos, sí apoyamos, pero a las organizaciones integrantes, no como CNI”. Aclara también que el EZLN “no comparte la estrategia legal. (Los zapatistas) no están de acuerdo en utilizar las vías legales porque tienen 20 años de ruptura con el Estado mexicano, después de que en 2001 éste rompió los acuerdos de San Andrés”. El historiador Felipe Ignacio Echenique March, otrora secretario general del sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), adelanta a Proceso que ya se alistan amparos contra los posibles daños arqueológicos que provocará el Tren Maya en la selva, especialmente en la reserva de Calakmul, que “está llena de vestigios arqueológicos”: “Un grupo de historiadores y arqueólogos estamos preparando amparos y demandas contra quien o quienes resulten responsables por la destrucción del patrimonio nacional denominado monumento arqueológicos que existe o se presume su existencia en lo que será el tendido de la vía férrea denominada Tren Maya o en los espacios que detonará esa vía de destrucción”, indica Echenique March. Y abunda: “Los presentaremos en cuanto las especificaciones sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación”. Fragmento del texto publicado en la edición 2253 de la revista Proceso, actualmente en circulación.