El pleito por la posesión del Nou Camp, sede del Club León, ha dejado a la afición en la incertidumbre, pues el inmueble ha sido entregado al empresario Roberto Zermeño –exdueño de los Esmeraldas­–, dejando sin estadio al equipo de futbol de la ciudad. El caso es una historia rocambolesca en la que han metido las manos gobernadores y alcaldes, entre otros personajes de la política.

LEÓN, Gto.– Esta ciudad tiene un estadio sin equipo de futbol y un equipo sin estadio. En este contexto, la afición está desconcertada porque los Esmeraldas entrenan y juegan fuera de la sede que los ha arropado durante 53 años.

El conflicto se tornó en un desastre que se veía venir.

La historia que llevó a Jesús Martínez y su Grupo Pachuca –propietario del Club León– a desalojar el viernes 9 las oficinas del Nou Camp y llevarse al equipo a una sede alterna, el estadio Victoria, en Aguascalientes, es un embrollo que se ha complicado a lo largo de más de 20 años.

Una sucesión de nueve presidentes municipales, cuatro gobernadores, notarios, empresarios y abogados han tomado parte en el intrincado proceso legal que tiene en vilo a miles de seguidores del Club León.

Por un lado, dueños de palcos y plateas, así como aficionados que integran el frente “Salvemos nuestro estadio”, pretenden nuevas acciones legales contra quienes tienen la posesión del Nou Camp, encabezados por el empresario Roberto Zermeño Vargas. Por el otro, los propietarios del inmueble anuncian estar dispuestos a nuevas batallas legales. Ambas partes se acusan de usurpar representación en el conflicto.

Además, mientras Grupo Pachuca ha reclamado públicamente los saldos que le ha tocado pagar, los gobiernos municipal y estatal han optado por lavarse las manos y marcar su distancia del intríngulis legal y político, bajo el argumento de que el pleito es un asunto entre particulares.

“En el conflicto entre autoridades y demandantes por la posesión de un inmueble, al que algunos pretenden llamar “estadio”, nos hemos mantenido al margen confiando siempre en el valor y la honorabilidad de las instituciones. Con mucha tristeza hemos comprobado que al estadio León le han quitado el alma, por omisión o por ambición. En todo ese proceso el Club León y su afición han quedado desamparados”, fue la queja del equipo a cargo de Jesús Martínez Murguía, en un comunicado del lunes 12, tres días después de que una diligencia judicial lo obligó a entegar el inmueble.

En dicho comunicado, el Club León –primer lugar del torneo– anunció que recibió el apoyo del equipo Necaxa para utilizar sus instalaciones en Aguascalientes, donde pretenden jugar el siguiente partido, el lunes 19 contra el América.

“Hemos recibido muchos apoyos y reconocimientos en esta lucha de distintas ciudades a las que no pertenecemos, dispuestos a darnos el cobijo y resguardo que no hemos encontrado en la ciudad donde nacimos”, agregó el equipo.

En este pleito legal, Roberto Zermeño Vargas ha sido el personaje central; de juez del Registro Civil del municipio de León pasó a convertirse en los noventa en el presidente del Club Social y Deportivo León, AC, propietario del estadio, estacionamiento y terrenos aledaños, incluyendo uno donde se construyó el Museo de la Piel y el Calzado (Munpic).

Inicialmente, Zermeño Vargas tuvo la franquicia del equipo en asociación con empresarios del municipio San Francisco del Rincón que después se retiraron del club.

Posteriormente vendió el club en dos ocasiones: primero, al empresario duranguense Valente Aguirre, quien a finales de los noventa pretendió mudar el equipo a Puebla; después, al polémico personaje de origen argentino Carlos Ahumada, contra el que también entabló una demanda porque no le pagó el monto pactado.

El actual gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, también ha tenido participación en la trama.

Como regidor en el ayuntamiento leonés, Rodríguez Vallejo votó en 2008 en favor de la extinción de un fideicomiso que Roberto Zermeño y el propio municipio establecieron en 2000, presuntamente con la intención de resguardar el inmueble y la franquicia, después del intento de Valente Aguirre de vender el equipo a otra ciudad.

La extinción del fideicomiso fue aprobada durante la administración del panista Jorge Carlos Obregón Serrano, cuando era secretario del ayuntamiento Felipe de Jesús López Gómez, de quien corrió a cargo el trámite.

Actualmente, López Gómez ocupa el mismo cargo con el también alcalde panista Héctor López Santillana. Así, para un sector de la afición no fue sorpresa que la semana pasada, cuando un actuario del Poder Judicial Federal se presentó en el estadio para ejecutar la posesión física en favor de Zermeño y de su socio, el empresario Héctor González, secretario del ayuntamiento, pidiera vacaciones y se ausentara del Palacio Municipal.

La controversial decisión de adelantar la desaparición del fideicomiso y escriturar la propiedad del estadio en favor del municipio originó la demanda mediante la cual Zermeño recuperó la propiedad del estadio.

 Tras ganar en todas las instancias, el Club Social y Deportivo León, AC, con Roberto Zermeño Vargas, su hijo Roberto Adán Zermeño Reyes y Héctor Humberto González González, recibió la posesión del estadio en octubre de 2019.

Sin embargo, en medio de este lío figura un contrato de arrendamiento firmado entre el ayuntamiento y Fuerza Deportiva del Club León –razón social creada por el Grupo Pachuca para el manejo del equipo– para que éste disponga del estadio y sus instalaciones como sede del León, contrato que vence en 2022.

Trato preferente

Desde 2017, cuando quedó claro que el municipio tendría que entregar el estadio al Club Social, el entonces gobernador Miguel Márquez Márquez y Grupo Pachuca acordaron la compraventa de un terreno en esta misma ciudad, para la construcción de un nuevo estadio, así como de un complejo deportivo.

Uno de los claroscuros que caracterizan el caso por la posesión del Nou Camp es el proceso de compraventa, por el que inicialmente el gobierno del estado adquirió una extensión de 12 hectáreas en 280 millones de pesos.

La denuncia de un promotor inmobiliario que estuvo inicialmente involucrado en la compra reveló que la adquisición se hizo con un sobreprecio de al menos 90 millones de pesos, gracias a un avalúo de la propia Secretaría de Finanzas, noticia que fue dada a conocer en 2018 por la reportera Alfonsina Ávila, de Zonafranca.

El gobierno de Miguel Márquez dio facilidades a Grupo Pachuca para cubrir el costo del terreno. Se acordaron siete pagos; desde finales de 2018 los empresarios han entregado poco más de 95 millones de pesos de los 280 millones que deberá liquidar para agosto de 2024.

El viernes 9, el Club León y Jesús Martínez expusieron que continúan los trabajos del nuevo estadio. “Lleva mucho tiempo (…) Hemos dado los primeros pasos para hacerlo. Nosotros jamás los abandonaremos ni los traicionaremos”.

Se trata de un mensaje de la directiva del León ante la posición pública en la que el gobierno municipal de López Santillana y el propio gobernador tomaron distancia en el pleito a partir de la entrega del estadio a Zermeño.

Ambas autoridades ahora se ofrecen como “intermediarios o facilitadores” para que los Esmeraldas puedan seguir jugando en el Nou Camp, bajo la propiedad de Roberto Zermeño.

Zermeño –quien estuvo preso entre 2005 y 2010 por defraudación fiscal– asegura que está dispuesto a que el equipo juegue en su propiedad. Sin embargo, aclara que hasta el momento no ha recibido un peso por la renta del inmueble, ni siquiera después de que el municipio le hizo la entrega legal.

Expuso que “el estadio nunca fue del municipio. El club compró el terreno en 50 mil pesos al gobierno del estado en los sesenta y todas las instancias legales fueron ganadas a lo largo de 11 años por la asociación civil”, de la cual es socio desde 1989.

Proceso le solicitó una entrevista a Roberto Zermeño; no obstante, el empresario declinó darla por –dijo– recomendación de sus abogados. 

Reportaje publicado el 18 de octubre en la edición 2294 de la revista Proceso.