El caso Karla Pontigo: Un feminicidio que sigue impune

jueves, 8 de octubre de 2020
El entramado de impunidad que priva en San Luis Potosí no ha detenido a Esperanza Luccioto, quien exige justicia para su hija Karla Pontigo, asesinada hace ocho años en esa entidad. Inmersa en el prolongado confinamiento sanitario, ha sabido lanzar su campaña de solidaridad. Pide que se investigue el caso desde la perspectiva de género –como determinó la Suprema Corte en noviembre de 2019– y se castigue a las autoridades que durante varios años se mostraron negligentes e incluso alteraron las indagatorias. CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La pandemia de covid-19 y el confinamiento obligado no han detenido a Esperanza Luccioto en su exigencia por el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionada con la muerte de su hija Karla Pontigo, emitida en noviembre del año pasado. Impedida por el encierro a llevar a cabo movilizaciones para que se “visibilice lo que pasamos las víctimas de feminicidio, porque cuando matan a una hija, una madre, una hermana, matan a toda la familia”, Esperanza Lucciotto utiliza las redes sociales y recurre a videoconferencias en busca del cumplimiento total de la sentencia de la SCJN que ordena a la Fiscalía de San Luis Potosí reiniciar las investigaciones de la muerte de Karla con perspectiva de género. Karla tenía 22 años cuando la noche del 28 de octubre de 2012 su hermano Luis fue a la discoteca en la que ella trabajaba. La encontró tirada en el suelo desangrándose. La joven falleció la madrugada del día siguiente. Acompañada por Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia, el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Esperanza y su familia empujaron para llegar a la verdad y alcanzar justicia sobre lo ocurrido ocho años atrás, luego de una investigación deficiente, hasta lograr que la Primera Sala de la SCJN atrajera el amparo en revisión. El 13 de noviembre de 2019 finalmente se emitió una sentencia que obligaba a rehacer la investigación y llevar ante la justicia a los servidores públicos que omitieron indagar con perspectiva de género.
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En una videoconferencia, Esperanza Lucciotto comenta a la reportera que, si bien el encierro le ha enseñado a utilizar las plataformas de internet para seguir incidiendo en el cumplimiento de la sentencia, hablar con autoridades y apoyar la campaña de Amnistía Internacional “¡#LaLuchaContinúa por Karla!”, para ella ha sido “muy desgastante” adaptar su activismo en plena contingencia sanitaria. “Desgraciadamente esta pandemia nos ha tenido parados, ahora todo es por Zoom, por otros medios, pero la lucha se hace; para mí no es lo mismo, quisiera poder ver todo personalmente, palpar y sentir el apoyo de las personas hacia nosotros; que vean cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo son las cosas en realidad, no a través de las pantallas”, confiesa Lucciotto. Para Tania Reneaum, directora en México de Amnistía Internacional (AI), la pandemia ha trastocado el acompañamiento que las organizaciones civiles dan a las víctimas, así como los encuentros con autoridades para dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia. “Afortunadamente hoy la tecnología ayuda a reunirnos con las autoridades a distancia, aún así hay dificultades para revisar las nuevas líneas de investigación, qué ocurre con las investigaciones a funcionarios públicos; ciertamente, la pandemia nos ha venido a detener en esta presión que hacemos la sociedad civil, y lo más lamentable es no poder acompañar a doña Esperanza en este proceso de cumplimiento de la sentencia, cuando tiene que enfrentar diligencias sola, en un estado que la ha maltratado reiteradamente”, comenta Reneaum en entrevista.

Campaña en “fase dos”

Entre las medidas que AI ha instrumentado para mantener viva la exigencia de justicia en el caso de Karla Pontigo está la “fase dos” de una campaña virtual para reunir al menos 2 mil firmas de apoyo a una petición para cumplir la sentencia de la SCJN y enviarla al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, y al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Federico Arturo Garza Herrera. La petición, titulada “¡Justicia para Karla, la lucha continúa!”, resalta las inconsistencias cometidas por la entonces Procuraduría de Justicia de San Luis Potosí para investigar la muerte de Karla, entre éstas haber arribado 38 horas después de que su hermano halló a la joven con heridas graves, “tiempo suficiente para que se limpiase el lugar de sangre y otros elementos que podían haber resultado claves para saber qué ocurrió”. En el escrito se advierte que la escena del crimen fue alterada, permitiendo que “se perdiera información valiosa para la investigación”, aunado a que la autoridad “omitió considerar en la investigación que (Karla) vivía acoso sexual y laboral por parte de su empleador, así como las evidencias de agresión física y sexual”. Al señalar que en la recomendación 55/2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre las omisiones y la falta de perspectiva de género en la integración de la indagatoria sobre el fallecimiento de Karla, la misiva resalta que en noviembre de 2019 una sentencia de la SCJN “deja sin efectos la consignación por homicidio culposo, ordena el inicio de una investigación con perspectiva de género y pide respetar y garantizar los derechos de los y las familiares como víctimas”.
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La petición promovida por AI reconoce la existencia de una nueva carpeta de investigación, ahora por feminicidio, pero advierte que falta mucho más por hacer para alcanzar, verdad, justicia y reparación del daño. Edith Olivares, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de AI, acota que la nueva carpeta se abrió en mayo pasado por la Unidad Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género, creada en abril por la Fiscalía estatal en respuesta a la sentencia de la SCJN para investigar el caso de Karla y otros feminicidios en el estado. A cuatro meses de su apertura, la carpeta de investigación por feminicidio aún está en integración, “se están haciendo las diligencias pero no se ha emitido una orden de aprehensión ni se ha determinado quién sería el presunto responsable”. En la primera investigación, el jefe de Karla fue señalado como presunto responsable de homicidio culposo, pero no fue sometido a prisión preventiva, y mientras esté en integración la carpeta por feminicidio, seguirá en libertad, apunta la abogada. A 10 meses de la sentencia, Olivares advierte que sigue pendiente la indagatoria contra los funcionarios de la entonces procuraduría, que fueron “investigados por la Contraloría de la Fiscalía, que declaró el no ejercicio de acción penal, pero por la sentencia de la SCJN se tiene que abrir una carpeta de investigación por las irregularidades cometidas en la primera investigación por homicidio culposo”.

Recomendación desatendida

La defensora de AI considera que la rendición de cuentas de los funcionarios potosinos “es uno de los elementos más novedosos de la sentencia de Karla Pontigo, que incorpora criterios de la sentencia de Mariana Lima”, emitida en marzo de 2015, sobre investigar las muertes de mujeres con perspectiva de género. De acuerdo a la sentencia, “no se trata de corregir y enmendar abriendo una nueva carpeta, sino que alguien tiene hacerse responsable de las omisiones y violaciones a derechos humanos que se cometieron contra Karla y su familia; la sentencia es atinada al señalar que no sólo se tiene que sancionar a quienes tomaron decisiones de carácter operativo, sino a los altos mandos (de la antigua procuraduría) que tuvieron conocimiento”. En el caso de Karla Pontigo también está pendiente el cumplimiento de la recomendación de la CNDH, así como la repa­ración integral por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), apunta Olivares. Resalta que, en búsqueda de justicia, la madre y los dos hermanos de Karla han sufrido acoso y amenazas, por lo que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas han brindado medidas de seguridad que, para la defensora, “han tenido algunas fallas de implementación, que tienen que ser subsanadas, más ahora que se perfila una investigación por feminicidio”.
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Por lo pronto, como una medida reparatoria, las organizaciones que acompañan a Esperanza Lucciotto han conseguido involucrar al municipio de San Luis Potosí, que se ha comprometido a edificar un memorial por la muerte de Karla y otras víctimas de feminicidio. Se tiene proyectado colocar la primera piedra del monumento el 29 de octubre, fecha del octavo aniversario del fallecimiento de la joven, y concluir la edificación el 28 de mayo, día en que Karla cumpliría 30 años. Para la directora en México de AI, el caso de Karla Pontigo “representa la realidad de muchas otras mujeres, en que durante las indagatorias se ha perdido mucha evidencia, no se ha investigado con perspectiva de género y donde todos esos elementos constituyen el entramado de la impunidad”. Apunta: “La impunidad no es nada más no saber quién la mató o no conocer las circunstancias; la impunidad también implica la responsabilidad del Estado de no tener recursos adecuados para la investigación, o cuando los tiene, de no realizar investigaciones con perspectiva de género. “Es (ir)responsabilidad del Estado no llevar ante la justicia a los perpetradores de los hechos; hay una deficiencia o una cultura institucional que permite que esas cosas ocurran sin prácticamente ninguna consecuencia para el perpetrador ni consecuencia alguna para el servidor público que hace o deja de hacer.” Desde el encierro, Esperanza Lucciotto sostiene que su activismo para que la sentencia de la SCJN se cumpla no se verá detenido por la pandemia. Es “una lucha que vengo haciendo desde hace ocho años para que no vuelva a repetirse un caso como el de Karla, para que ninguna madre sufra lo que yo sufro, porque a mí también me mataron en vida”, dice la madre de Karla Pontigo. Este texto se publicó en la edición 2292 del semanario Proceso cuya versión digitan puedes adquirir aquí