Revista Proceso

El negro negocio de las carboeléctricas de la 4T

La Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett ha dado contratos a compañías de Coahuila que tienen sanciones vigentes y a otras que arrastran un largo historial de muerte de empleados por operar en condiciones inhumanas, entre otras irregularidades.
miércoles, 25 de noviembre de 2020

Corrupción y negligencia, la fórmula con la cual las mineras carboníferas operaron en otros sexenios, es lo que también ocurre en la Cuarta Transformación. En esta investigación, Proceso da cuenta de que la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett ha dado contratos a compañías de Coahuila que tienen sanciones vigentes y a otras que arrastran un largo historial de muerte de empleados por operar en condiciones inhumanas, entre otras irregularidades. Con esta pieza periodística, este semanario da inicio a una serie de trabajos sobre la situación de las mineras en México, así como sus impactos sociales, económicos y ambientales en las zonas donde operan.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-  Una pared se rompió y la acumulación de agua inundó las galerías de un “pocito” carbonero donde murió Ramón Sánchez Arellano, el único de los 14 mineros que trabajaban en el subsuelo de un área que, de tan irregular, ni nombre tenía, pero la gente de la zona solía identificarla por el apodo del capataz, el mismo con el que quedó registrada aquella tragedia del 30 de julio de 2010: el Pocito Boker.

Plutarco Ruiz Laredo, otro obrero, sobrevivió en el socavón durante una semana. De entre la oscuridad y la humedad, sin alimentos, salió con vida aunque con daños físicos y psicológicos. 

Tras el siniestro, la mina quedó inservible y clausurada. Era propiedad de Eduardo Morales, quien después se puso a explotar el carbón de las paredes de unos viejos túneles en desuso, pero el 25 de julio de 2012 unos soportes desvencijados no resistieron más y de nuevo otra tragedia: seis mineros murieron a unos metros del primer incidente.

Morales no se detuvo, sólo cambió la razón social de su compañía para seguir operando, y el 28 de marzo de 2014 otros dos obreros del carbón perdieron la vida sepultados por un alud en unas cuevas cercanas a los anteriores siniestros.

El saldo es de tres accidentes y nueve trabajadores muertos por condiciones inseguras en minas irregulares; entre las anomalías destaca el hecho de que sus empresas no pagaron las indemnizaciones correspondientes. 

Morales, sin límite en sus negocios, a finales de octubre –vía su hijo homónimo– obtuvo dos contratos de carbón con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa productiva del Estado cuyo titular, Manuel Bartlett Díaz, festinó en un acto masivo –ante el presidente Andrés Manuel López Obrador– la reactivación de las compras a las minas rudimentarias de la región carbonífera de Coahuila.

A Carkim Industrial, SA de CV, la CFE le otorgó un contrato por 20 mil 520 toneladas, un ingreso de 21 millones 224 mil pesos. A Rodamientos y Equipos de Sabinas le asignó otro, pero sus montos se desconocen… Ambas empresas son de Morales.

Esos contratos son parte de los 54 asignados por la CFE a pequeños productores de carbón para alimentar las carboeléctricas “José López Portillo” y “Carbón II”, ubicadas en el municipio de Nava, Coahuila, localidad cercana a la frontera.

Aunque oficialmente la asignación de contratos evaluó diferentes condiciones de legalidad, el propio reporte de la CFE identificó en buenas condiciones a 12 de las 54 empresas, 33 más tienen pendientes de cumplimiento, ocho están pendientes de clarificar aspectos fiscales, laborales, ambientales y de seguridad, y sobre una no hay datos porque acaba de firmar con la CFE.

Sin embargo, una revisión sobre la información oficial, hecha por la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), revela negros antecedentes de las empresas participantes.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2299 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 22 de noviembre de 2020.

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