El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano Pineda, fue sentenciado a seis años de cárcel por el uso de documentación falsa para justificar el gasto que hizo con dinero público que recibió en 2011 y 2012. Sin embargo, el federativo sólo es una cara de la moneda de este caso de corrupción en el deporte nacional. Se mantienen en la impunidad el exvelocista Alejandro Cárdenas e Irene Hernández, funcionarios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte que validaron las facturas apócrifas que Lozano utilizó.  CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C. (FMAA), Antonio Lozano Pineda, fue sentenciado a seis años de cárcel no conmutables por peculado por utilizar facturas falsas para comprobar el gasto de 4.8 millones de pesos que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) le entregó entre 2011 y 2012. En la causa penal 56/2012, el juez séptimo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, Juan Morales Nieves, también condenó al acusado a devolver ese dinero para reparar el daño y ordenó su destitución como presidente de la FMAA. Sin embargo, el federativo es el único indiciado en la averiguación previa PGR/DF/SPE-XII/6555/2012, abierta a raíz de una denuncia en la que consta que la Conade depositó a la organización de Lozano Pineda tres cantidades de dinero para comprar insumos médicos (568 mil pesos), material deportivo (1.9 millones de pesos) y suplementos alimenticios (2.3 millones de pesos).  El caso que Lozano ha llevado en libertad –tras su detención en diciembre de 2016– no ha tocado a los servidores públicos de la Conade que aceptaron las facturas falsas. Se trata de Irene Hernández, responsable de revisar los documentos, y del exvelocista sonorense Alejandro ­Cárdenas, quien era el subdirector de Calidad para el Deporte y en ese entonces validó los comprobantes apócrifos.  En sus ediciones 1881 y 1882 (noviembre de 2012) Proceso publicó dos reportajes en los cuales se reveló el modus operandi del presidente de la FMAA. En resumen, Lozano solicitaba recursos públicos ante la Conade y Alejandro Cárdenas autorizaba la petición y liberaba el dinero para que fuera depositado en la cuenta de la Federación de Atletismo. Este semanario también dio a conocer que los suplementos alimenticios fueron comprados en la empresa Best Performance All Sports (BP Sports), propiedad de Jorge Tienda Martínez, quien es compadre de Alejandro Cárdenas. La adquisición fue justificada con una factura apócrifa a nombre de la Comercializadora Hecgue de México S.A. de C.V., por 2.3 millones de pesos.

Asamblea ilegal

Ana Gabriela Guevara, actual directora de la Conade, e Israel Benítez, subdirector de Calidad para el Deporte, denunciaron el 14 de noviembre de 2012 que Lozano comprobó el gasto de insumos médicos por 568 mil pesos con una factura apócrifa de la empresa Grupo Comercial Maxprise S.A. de C.V., con domicilio en Teotihuacán número 602, colonia Infonavit La Joya, Segundo Sector de Guadalupe, Nuevo León. En conferencia de prensa, en las instalaciones del Senado, donde Guevara formaba parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, entregaron una copia de la factura y anunciaron que denunciarían a Lozano por la vía penal.  Proceso acudió a esa dirección y resultó ser un domicilio particular. La señora María Inés Loera explicó para la edición 1881 de este semanario que la única empresa que ha despachado ahí es la de su hijo Gerardo Martínez, bajo el nombre de Sighter Comercial e Industrial S.A. de C.V., dedicada a la impresión de facturas, pero aclaró que en mayo de ese año se mudó al municipio de Apodaca. La denuncia contra Lozano Pineda también se interpuso por duplicidad de funciones porque en octubre de 2010 creó la FMAA –mediante una asamblea ilegal– para sustituir a la Federación Mexicana de Atletismo (FMA). Sin embargo, ésta siguió operando durante 2011.  Cuando la Conade depositó 568 mil pesos para insumos médicos a la cuenta bancaria de la FMA, Lozano los transfirió a la cuenta de la FMAA.  Para comprobar los 1.9 millones de pesos, el federativo exhibió la factura 2509 de la Comercializadora Empresarial y Abastecedora Cadena S.A. de C.V. El documento resultó falso; el apoderado legal de la empresa, Alfredo García Hernández, aseguró que nunca hizo un trato comercial con la FMAA o la FMA, y presentó la factura original que correspondería a la apócrifa. El documento verdadero tiene la leyenda “cancelada”, es decir, que no fue utilizado en ese ejercicio fiscal. En ese caso la Conade transfirió los recursos federales a la FMA y Lozano los depositó a la empresa Sighter Comercial e Industrial S.A. de C.V., y no a la Comercializadora Empresarial y Abastecedora Cadena. 

Información falsa

En el expediente de la sentencia se registró que la Comercializadora Hecgue de México (que expidió la factura por 2.3 millones de pesos) no tiene su domicilio fiscal en ninguno de los lugares señalados en la factura 821 que Lozano presentó. El primero, en la colonia San Martín, en Monterrey, y el segundo, en la colonia Del Valle, Ciudad de México.  El giro de esta empresa es para la compra, venta y distribución de productos de aceros y metales, aluminio, cobre, bronce, plástico, cartón, papel, todo tipo de productos de acero y todo tipo de PVC, así como todo tipo de tuberías; por lo tanto, Lozano no pudo haber adquirido ahí los suplementos alimenticios.  En entrevista en noviembre de 2012, Lozano Pineda y Alejandro Cárdenas aseguraron que dicha factura no es falsa y que la Comercializadora Hecgue de México les vendió botes de la bebida hidratante en polvo Endura lima-limón y naranja, de proteína en polvo Perfect Protein y barras de proteína.  No obstante, Proceso publicó la guía de carga aérea nacional número AQ01 1916423, de Aeroméxico, que demuestra que los productos fueron enviados por BP Sports desde Monterrey el 12 de marzo de 2012. En el documento se consigna que el encargado de enviar los productos fue Estuardo Tienda Gálvez, a nombre de la empresa BP Sports ubicada en 15A Ave. No. 4864 colonia Cumbres, primera sección, código postal 64100, en Monterrey, Nuevo León. El embarque iba dirigido a Antonio Lozano. En esa dirección vive Jorge Tienda. La guía también indica que se ­enviaron 19 cajas, es decir, ni siquiera fueron los 3 mil 900 botes de suplementos alimenticios adquiridos con recursos del erario.  Según los registros, a la Conade llegaron 880 botes de Endura, 170 de Perfect Protein y 200 cajas con 12 barras de Protein Fusion cada una. En la solicitud de los recursos federales y en la factura falsa no aparecen consignadas esas barras. (Proceso 1882). Los 4.8 millones de pesos que Antonio Lozano malversó provienen del extinto Fondo Nacional para el Deporte (Fonade) y del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).  Como parte del juicio, comparecieron como testigos distintos deportistas, médicos y fisiatras que participaron en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Los atletas que atestiguaron nunca haber recibido los suplementos alimenticios son Heraclio Eder Sánchez Terán, Juan Luis Barrios Nieves,Yanelli Caballero García, Zudikey Rodríguez Núñez, Abigail Gómez Hernández, Said Díaz Cerón y Aldo Saúl Vega Escobedo. 

Puede apelar

Antonio Lozano fue notificado sobre su sentencia el 29 de enero último y cuenta con cinco días hábiles para apelar la resolución del juez Juan Morales Nieves.   Ese mismo día, la directora general de la Conade escribió en su cuenta de Twitter: “8 años llevo la espera de este día. El Juez séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales sentencia por peculado al Pte. De la Federación de Atletismo Antonio Lozano. Gracias a tod@s los asociados y atletas quienes ayudaron a que se hiciera justicia”. Un día después, el jueves 30 de enero, en una improvisada conferencia de prensa en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano (COM), Lozano declaró que el tuit de Guevara muestra que su juicio no fue imparcial y que la funcionaria “filtró” la sentencia cuando él ni siquiera había sido notificado. Según sus dichos, “una persona” aventó la notificación de la sentencia en las oficinas de su equipo legal a las 23:50 horas del miércoles 29 de enero.  “Hay evidencia de que, desde que (Guevara) era senadora, ha estado detrás de esto y no dudo que lo va a seguir haciendo. Su tuit diciendo que le da gusto después de ocho años habla sobre desde cuándo está persiguiendo eso (una sentencia en su contra)”, dijo Lozano.  El federativo dice que su “persecución” comenzó en la administración de Alfredo Castillo Cervantes, quien se reunió con Guevara para tratar de destituirlo como presidente de la FMAA. “Me quisieron hacer daño. Han intentado por todos los medios hacerlo y quiero decirles que estoy tranquilo. La confianza en mis abogados y la justicia mexicana es total. Esperábamos la resolución en ese sentido porque todo apuntaba a que en el juzgado venía así”, agregó. La sentencia se ejecutará de inmediato en caso de que Lozano no apele.   Este reportaje se publicó el 2 de febrero de 2020 en la edición 2257 de la revista Proceso