Mediante alianzas dudosas, como la establecida con los evangélicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador está desmantelando el Estado laico, asegura Mariana Molina, representante de República Laica, organización que denuncia los discursos de corte religioso en los que el mandatario ha llegado a compararse incluso con Jesucristo. Molina lamenta que no se le pueda sancionar, pese a que es el principal responsable de socavar la separación entre las iglesias y el Estado. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- República Laica, la única organización en México dedicada a defender la laicidad del Estado, empieza a tomar algunas acciones legislativas y políticas encaminadas a contener los atropellos contra el Estado laico que está cometiendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su alianza con algunas iglesias evangélicas. Entre estas acciones figuran una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para castigar a los funcionarios que violen el Estado laico; interponer amparos para frenar el proselitismo evangélico en los programas sociales de gobierno; recurrir a acciones de inconstitucionalidad para bloquear la actual intentona legislativa de darle mayores privilegios a las iglesias, y seguir ejerciendo presión política a través de sus foros de análisis.  Sin embargo, debido al fuero presidencial, a López Obrador no se le puede aplicar ninguna sanción, pese a ser el principal responsable de socavar la tradición liberal iniciada desde la época juarista para salvaguardar la separación entre las iglesias y el Estado. Mariana Molina, integrante de República Laica y coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez que se imparte en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asegura categórica:  “En distintos grados López Obrador está cometiendo varias violaciones al Estado laico, empezando por sus discursos de corte religioso, en los que ha llegado a compararse con Jesucristo, pasando por su Cartilla moral y su Constitución Moral, hasta llegar al extremo de incluir a iglesias evangélicas en sus programas sociales de gobierno, lo cual es una violación mucho más grave.” Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2267 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 12 de abril de 2020