La pandemia del covid-19 en Estados Unidos obligó al gobierno de Trump a desplegar una serie de medidas extremas que afectan tanto a las empresas como a los trabajadores, en particular los inmigrantes latinos que hoy, según las historias recogidas por Proceso, viven en la zozobra. Muchos de ellos se quedaron sin empleo y temen contagiarse; algunos ven su futuro económico hipotecado y otros más temen ser deportados. SAN FRANCISCO, Cal. (proceso).– La última vez que el jornalero Miguel Guzmán envió dinero a su esposa y a su hija de ocho años a su natal Guerrero fue hace dos semanas. Desde entonces no ha ganado ni un dólar. Durante cuatro años Miguel mandó a su familia 100 dólares a la semana. Ahora que nadie contrata sus servicios no puede hacerlo. Es uno de los cientos de miles de indocumentados afectados por la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, que incluyó el cierre temporal de varios centros de jornaleros. “Lo hicimos para proteger a los trabajadores, a la comunidad y a los empleadores. No es bueno que 50 jornaleros estén juntos en un centro, esperando un trabajo”, declaró a la prensa Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros en Los Ángeles. Hoy, al menos 18 estados del país han decretado encierre forzoso para sus habitantes; a esa medida se suma el cierre de miles de restaurantes, bares, centros comerciales y lugares de entretenimiento. Para enfrentar la contingencia sanitaria, el gobierno estadunidense aprobó ya un paquete de estímulos cercano a los 2 billones de dólares para proteger al sector industrial y los negocios, así como a los trabajadores estadunidenses. Según el Pew Research Center, de los cerca de 11 millones de indocumentados en el país, alrededor de 70% conservan su empleo, lo que constituye 5% de la totalidad de la fuerza laboral en el país. El Pew calcula que 14% de esos indocumentados en Estados Unidos trabajan en la industria de alimentos y bebidas, mientras la de la construcción ocupa a 16%. En Nueva York, la organización New Immigrant Community Empowerment Center distribuye alimentos entre los miles de jornaleros que carecen de empleo; estima que unos 5 mil de sus afiliados podrían verse afectados. En la misma ciudad, la Coalición Mexicana levantó una encuesta entre indocumentados, según la cual 78% de los consultados admitieron carecer de dinero para hacer sus pagos mensuales; 75% tienen dependientes en su país de origen; 66% de los que tienen niños en Estados Unidos respondieron que no tiene un plan de emergencia en caso de que alguno de los padres se contagie de coronavirus. Alrededor de 80% de los encuestados admitió tener más de ocho años viviendo en este país. “Uno pensaría que al haber vivido más de ocho años aquí estarían más conectados a otros servicios, pero no lo están. Se mantienen aislados y eso hace aún más importante apoyar a las organizaciones con las que sí están conectados”, comenta Jairo Guzmán, presidente de la Coalición. Esa situación tiene los elementos para una ‘tormenta perfecta’ en estos tiempos de emergencia sanitaria, dice. Y añade: “Mucha gente renta cuartos donde viven amontonados y eso le provoca estrés; hay que reconocerlo: nuestra comunidad experimenta más violencia intrafamiliar que otras, y eso puede ser muy alarmante”.

Los peligros

En Carolina del Norte, donde cerca de 150 mil trabajadores agrícolas siembran y cosechan tabaco, papa, pepino, jitomate y otras frutas y verduras, también hay?preocupación. “Estamos totalmente a la expectativa”, dice Janeth Tapia, coordinadora de enlace del FarmWorkers Project, un programa de asistencia de salud para trabajadores agrícolas en seis condados alrededor de Benson. “En cada campo agrícola viven hasta 100 personas y en cada cuarto viven de cinco a 12 trabajadores. La distancia entre cama y cama es de medio metro; ahí sólo hay tres sanitarios y cinco regaderas. Si una persona se infecta o viene infectada, puede causar estragos”, comenta Tapia. Asegura que 90% de los trabajadores agrícolas mexicanos que llegan a los condados que cubre FarmWorkers Project vienen con una visa de trabajo H1A, lo que les permite tener acceso a servicios de salud. Sin embargo, teme que muchos de ellos eviten pedir ayuda por temor a ser regresados a México o de que el empleador los corra. “Muchas veces prefieren trabajar hasta que ya no pueden”, dice, por lo que la organización puso en marcha una campaña informativa para evitar al máximo la propagación del coronavirus. En el sector industrial, miles de indocumentados se quedaron en la calle. Es el caso de Luis Velázquez, de Puerto Vallarta, que trabajaba en un restaurante en Seattle. Su situación laboral era estable y tenía un buen sueldo. Pero todo cambió a partir del miércoles 11. Ese día el gobernador de Washington prohibió las reuniones de más de 250 personas, pues se habían confirmado 260 casos de coronavirus, el mayor índice se enfermos en Estados Unidos, donde ya habían ocurrido 24 muertes. Los restaurantes fueron los primeros afectados por esa medida. El propietario del negocio donde trabajaba Luis decidió cerrar por tiempo indefinido. Los empleados recibieron su último salario. “Pagué la renta de este mes y quizá me alcance para pagar la del siguiente, pero me quedaré sin dinero”, comenta Luis, quien vive en Estados Unidos desde hace 10 años. Hoy le preocupan el desempleo, la posibilidad de contagiarse por el coronavirus –pues carece de seguro médico– o ser deportado. El viernes 20 el gobierno de Trump anunció el cierre parcial de la frontera con México, limitando el cruce al comercio esencial. Bajo la nueva medida, cualquier indocumentado detenido en la frontera será regresado sin el debido proceso. A ese plan se suman acciones como la suspensión de las audiencias de otorgamiento de asilo, la revocación de un plan que incrementaría a 35 mil las visas H2B para trabajadores temporales en áreas no agrícolas y la suspensión de visitas en centros de detención de inmigrantes, entre otras restricciones. Para el jueves 26, el gobierno de Trump admitió que había 68 mil 440 casos de coronavirus y 994 fallecimientos.

Sin seguro médico

Es factible que ante las complicaciones económicas, miles de indocumentados opten por no acudir al médico; algunos temen ser identificados y deportados. La Kaiser Family Foundation, una organización no lucrativa dedicada al estudio de temas de salud, indica que muchos indocumentados evitan o retrasan las visitas al médico debido a su situación migratoria. En la mayoría de los casos, dice la fundación, envía a los pacientes a clínicas comunitarias, aunque los servicios que ofrecen son limitados. En Los Ángeles, organizaciones comunitarias invitan a los inmigrantes indocumentados a acudir a los nosocomios para que se les ausculte y, en caso de que den positivo, reciban el tratamiento necesario. En Nueva York, la red hospitalaria NYC Health + Hospitals informó que ampliará su cobertura de salud a todos los residentes del estado sin importar su posibilidad de pago por el servicio o su estatus migratorio. “No preguntamos el estatus migratorio de una persona o si tiene papeles. Urgimos a todos los habitantes de Nueva York a que busquen la atención que merecen, especialmente durante esta crisis de covid-19. Es la única manera en que podemos mantener nuestros vecindarios seguros”, expuso el hospital en un comunicado. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también difundió comunicados de prensa en los que aclara que no hará detenciones en hospitales o centros de salud. “ICE no lleva a cabo operaciones en centros de salud. Cualquiera que necesite cuidado médico debe buscarlo”, escribió en su cuenta de Twitter Heather Swift, vocera del Departamento de Seguridad Nacional. Ante la situación de emergencia, organizaciones civiles en diversos estados están pidiendo a ICE que libere a cientos de inmigrantes de los Centros de Detención para evitar un brote de la enfermedad ahí. “Esos centros de detención son como bombas de tiempo”, dijo Amy Cohen, una psiquiatra de niños, a la cadena CBS News, pues “un brote del virus ahí sería casi imposible de contener”. En una carta enviada a las oficinas de ICE en El Paso, la Asociación Estadunidense de Abogados de Inmigración se refirió a lo mal equipada que está esa dependencia para proporcionar cuidado adecuado y seguridad a las personas detenidas. El miércoles 25 la página Buzzfeed News informó que un inmigrante de origen mexicano detenido en la cárcel del condado Bergen, en New Jersey, resultó positivo a coronavirus. La publicación indicó que era el primer caso confirmado en un centro de detención.

Los “biles” no esperan

María D. tiene 19 años y por su desempeño académico ha conseguido becas y apoyos financieros para pagar su educación en la Universidad de Berkeley, a pesar de ser indocumentada. Hasta hace unos días su padre trabajaba en un lavado de autos y su madre en una bodega. Vivían “al día”, pero la familia no tiene ingresos. María tuvo que usar parte de su beca para pagar la renta del mes. Hoy su familia sólo tiene víveres para unos días más, pero lo que más le preocupa es la posibilidad de que alguno de ellos se enferme. “La población indocumentada es muy vulnerable. Quisiera que todos tuviéramos acceso a las pruebas de detección… Hay mucho miedo e incertidumbre entre la comunidad”, dice María. En Dallas, Mauricio Rodríguez, un mexicano que ha trabajado en restaurantes en los últimos 24 años, también lamenta la situación: “Esta semana nos van a pagar, pero la que viene no sabemos. Mis compañeros tienen muchos biles (cuentas) que pagar, más la renta, la comida, el transporte. Los americanos pueden decir ‘agarro el seguro de desempleo’, pero nosotros no podemos hacer eso”, dice Mauricio. Él trabajaba en un restaurante en Dallas, donde daba entrenamiento a los nuevos empleados. En esa subsidiaria de la cadena restaurantera hay 45 trabajadores; estima que 80% de sus compañeros que cubren el turno matutino son indocumentados. “Andan agüitados. Uno, como hispano, tiene la mala costumbre de no ahorrar, aunque a veces el salario tampoco alcanza para ahorrar. Yo vivo en una casa donde la renta es de mil 800 dólares mensuales y sin trabajo no hay manera de que pueda pagar”, dice. Este reportaje se publicó el 29 de marzo de 2020 en la edición 2265 de la revista Proceso   Te recomendamos: Trump extiende suspensión de audiencias a solicitantes de asilo por covid-19