Sin la consolidación completa del Sistema Nacional de Búsqueda y con la incipiente creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, la parálisis institucional derivada de la contingencia sanitaria ha puesto en jaque a colectivos de familias de desaparecidos en un país con más de 61 mil casos y 36 mil cuerpos sin identificar. En entrevista con Proceso, integrantes de organizaciones de búsqueda hablan de cómo desafían la cuarentena, medida gubernamental que les ha quitado recursos para seguir rastreando. CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Protegidas con batas blancas, cubrebocas, goggles, guantes y botas de campaña, las integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras, de Culiacán, salen a las ocho de la mañana para recorrer un cerro en las inmediaciones de su ciudad. En el noveno día de la declaratoria de emergencia emitida por el Consejo de Salubridad General, a causa de la pandemia de covid-19, este grupo busca a sus familiares reportados como desaparecidos. Cinco horas después de peinar la zona, las 14 mujeres que desafiaron las indicaciones de quedarse en casa encuentran semienterrados restos humanos calcinados. Después de tres años de búsquedas, de hallar con vida a 15 personas reportadas como desaparecidas, de recuperar 80 cuerpos y 217 fragmentos calcinados, el colectivo mantiene su protocolo: marcar los hallazgos, acordonar el área y llamar al 911 para informar a las autoridades del descubrimiento y que acudan a hacer el levantamiento. El pasado 9 de abril las primeras autoridades en llegar al terreno marcado fueron los policías municipales –cerca de las cuatro de la tarde– y minutos después, los peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes estuvieron menos de una hora en el sitio, pese a los reclamos de las mujeres que les pedían escarbar la zona para que buscaran más restos, cuenta María Isabel Cruz Bernal, presidenta de Sabuesos Guerreras. “Los peritos me dieron unas bolsitas por si encontrábamos más restos, porque nos decían que escarbar era competencia del antropólogo forense y que estaba de vacaciones… Nos pusimos a revisar con mucho cuidado y encontramos el cráneo y el sacro, corrimos como 150 metros para alcanzar a los peritos que ya se iban. “Una vez más les volvimos a demostrar a las autoridades que somos nosotras las que hacemos el trabajo de búsqueda. Dicen que no quieren que salgamos (por la contingencia), pero somos rebeldes con causa. Luego encontramos restos y no hacen bien el trabajo, ¿de qué se trata?”, dice indignada Cruz Bernal, madre de Yosimar García Cruz, un policía municipal desaparecido el 26 de enero de 2017, quien, junto con otros de sus compañeros, el 30 septiembre de 2016 apoyó a militares que fueron emboscados en Culiacán (Proceso 2138). La presidenta del colectivo Sabuesos Guerreras, integrado por 370 personas, explica que una semana antes de ese hallazgo, pese a la emergencia sanitaria, acudieron a Tijuana a una búsqueda inmediata para encontrar con vida a una víctima, porque ya habían decidido continuar su labor con medidas de seguridad que de por sí ya implementaban, “porque las fosas están llenas de bacterias”. “Sabemos que estamos desafiando a las autoridades, pero es una necesidad del alma. Estamos convencidas de que si no los buscamos nosotras, ¿quién los va a buscar? Además, hasta ahora ninguna autoridad se ha acercado a nosotras para decirnos cuál va a ser su estrategia de búsqueda. En mayo tenemos la revisión de los expedientes, ¿va a ser, entonces, cuando nos digan que no hicieron nada por el coronavirus?”, cuestiona.

Olvidados por la 4T

Desde Veracruz, Araceli Salcedo Jiménez, presidenta del Colectivo de Familias de Desaparecidos de la Zona Orizaba-Córdoba, que agrupa a 350 personas, cuenta que desde febrero pasado disminuyeron las actividades de las instituciones federales que están encargadas de realizar las búsquedas, con el argumento de “que no había suficiente personal y que iban a posponer las diligencias para marzo. Empezó la contingencia y todo se canceló”. Madre de Fernanda Rubí Salcedo, desaparecida en septiembre de 2012, denuncia la incertidumbre que padece tras la publicación del decreto presidencial emitido el 23 de abril por el que, entre otras cosas, se suspenden las labores de las dependencias federales hasta el primero de agosto próximo. “Es algo terrible, llevamos semanas encerradas sin dar un acompañamiento adecuado, menos aún porque, tanto a nivel federal como estatal, en las fiscalías solamente hay guardias”, lamenta la señora Salcedo, cuyo colectivo desde 2017 ha localizado varias fosas clandestinas y recuperado 26 cuerpos que ya han sido entregados a sus familias. Advierte que a la preocupación que tienen por la parálisis institucional se suma la crisis económica en la que se encuentra la mayoría de las familias de los desaparecidos. “Por la cuarentena muchas de mis compañeras se quedaron sin trabajo, otras me llaman y me dicen que no tienen ni para comer o no tienen medicinas, y lo peor es que no hay autoridad a la que se pueda acudir; antes de esto el DIF de Córdoba me apoyaba con unas 10 despensas al mes, y ahora me dicen que no me van a dar nada porque están cerradas las oficinas”, lamenta la defensora. En su colectivo sólo 17 casos están inscritos en el Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y 30 más en la comisión estatal. Sobre ambos, dice, las dependencias adeudan apoyos mensuales por lo menos desde marzo. El 16 de abril pasado la CEAV anunció en un comunicado que a partir del 22 de abril adelantaría, sin los trámites habituales, los “apoyos mensuales por concepto de ayuda alimentaria y/o alojamiento”, correspondientes a abril, mayo y junio. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas informó el 20 de abril que en los primeros cinco días de mayo distribuirá los recursos para los inscritos en el Programa de Abasto Alimentario a Víctimas de Desaparición y Feminicidio, correspondientes a mayo y junio. Resguardada en su domicilio, desde donde hace llamadas a conocidos para solicitar donaciones en especie para “armar despensas dignas”, Araceli Salcedo lamenta que en los planes para enfrentar la pandemia no se haya considerado a los miles de familiares de desaparecidos no necesariamente incluidos en los programas de la Secretaría de Bienestar. “Hay una enorme desesperación en la cuarentena porque nadie busca a nuestros desaparecidos, aunque los puntos que tenemos marcados como posibles fosas clandestinas no se van a mover; se me hace muy cabrón que las familias queden en completo desamparo. “Es muy fácil decir ‘quédate en casa’, es muy fácil decir ‘resguárdate’, pero si trabajas para comer al día, ¿cómo te vas a dar el lujo de resguardarte en tu hogar? ¿Quién va a mantener a tu familia, quién va a mantener a tus hijos, quién va a ver por ti?”, reflexiona Salcedo Jiménez. Sin la consolidación del Sistema Nacional de Búsqueda y con la incipiente creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, la parálisis institucional derivada de la contingencia sanitaria ha puesto en jaque la labor de decenas de colectivos en un país con más de 61 mil casos y 36 mil cuerpos sin identificar. Integrado por 60 organizaciones de familiares de personas desaparecidas de 22 estados del país, así como de Guatemala, Honduras y El Salvador, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México alertó el 2 de abril que mientras las instituciones paran, “los que no se detienen son las desapariciones”. Por tal motivo, estás agrupaciones solicitaron a las comisiones de búsqueda, fiscalías especializadas y comisiones ejecutivas de atención a víctimas que informen “cuál será su plan de acción para mantener sus funciones y las tareas activas en este periodo de contingencia y cómo harán frente a la búsqueda inmediata ante la disminución de capacidades”. El 6 de abril, nueve colectivos y organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer una lista de 11 acciones que la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la CEAV y sus similares en los estados pueden realizar durante la emergencia sanitaria. El 14 de abril, Leticia Hidalgo, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, una de las nueve organizaciones firmantes del pronunciamiento, llamó a las autoridades a no detener los trabajos de búsqueda, los cuales fueron relegados del decreto presidencial sobre las actividades primordiales durante la contingencia. El llamado a no parar fue acordado durante una sesión virtual entre dirigentes de colectivos de búsqueda de México, Colombia y Perú. “Para los familiares, la búsqueda es una actividad esencial porque cada segundo, cada minuto, cada hora y cada día cuenta; vamos contra reloj, es una cuestión de vida o muerte que la emergencia sanitaria no detenga la emergencia humanitaria”, urgió la defensora.

Resultados de escritorio

En entrevista, la titular de la CNB, Karla Quintana Osuna, reconoce que las desapariciones continúan aún en la contingencia sanitaria. “La búsqueda, evidentemente, no para ni puede parar. Sin embargo, la búsqueda de campo es la que ha quedado pospuesta por las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Búsqueda”, dice. De acuerdo con información de la comisionada, en abril se tuvieron que posponer 20 acciones de rastreo programadas por distintas instancias de la FGR y de las fiscalías locales en las que la CNB estaba considerada para apoyar con su personal. A decir de la funcionaria, se han mantenido reuniones virtuales para la instrumentación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, así como con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala en el fortalecimiento de cinco entidades federativas: Sinaloa, Coahuila, Nayarit, Jalisco y Guerrero. “Se ha continuado con la redacción del proyecto de protocolo homologado de búsqueda para ponerlo a consideración de las familias y de la sociedad civil; se logró incidir en la Secretaría de Salud para que los cuerpos de fallecidos por covid-19, sin identificar, no fueran cremados, así como la distribución de los apoyos para la instrumentación de más de 20 comisiones de búsqueda, faltando a la fecha de instalarse dos: en Guanajuato y Aguascalientes”, agrega. De acuerdo con el documento Observaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la contingencia sanitaria por covid-19, divulgado el pasado 28 de abril por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a la que está adscrita la CNB, 237 personas (105 mujeres y 132 hombres) fueron reportadas desaparecidas o no localizadas del 1 de marzo al 23 de abril. Sólo en marzo fueron registradas 144 desapariciones. De los casos correspondientes a ese lapso, 83 (35 hombres y 48 mujeres) fueron localizadas con vida y cuatro sin vida (tres hombres y una mujer). En marzo, los estados con más casos de desaparecidos son Guerrero con 28, Nuevo León con 21 y la Ciudad de México con 18. En abril la capital del país fue la entidad con más reportes: 13; Sinaloa tuvo 12 y el Estado de México, 10. El 22 de abril, un día después de la declaratoria de la fase 3 de la emergencia sanitaria, salieron al monte ocho integrantes de Sabuesos Guerreras, ataviadas con su equipo de protección. Después de horas de búsqueda, entre matorrales y bajo un sol sofocante, regresaron Culiacán sin resultados positivos. “Nosotras no vamos a parar, tenemos todavía muchos puntos que buscar y que analizar; si las autoridades nos dicen que no tenemos por qué andar en la calle, que se pongan a buscarlos ellos. Así de fácil, que nos digan que los van a buscar y que van a encontrar lo que nosotros encontramos y adelante, me quedo en mi casa”, dice Cruz Bernal.