CIUDAD DE MÉXICO (Proceso). - El magnate Carlos Slim Helú se convirtió en el principal contratista del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
El 30 de abril último el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) otorgó a sus empresas CICSA y FCC el contrato del segundo tramo del Tren Maya por 18 mil 553 millones de pesos, monto que se suma a los cerca de 3 mil millones de pesos que otras compañías suyas obtuvieron en los primeros 16 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para el dueño de América Móvil, quien desde hace tres décadas se ostenta como el hombre más rico de México –la revista Forbes calcula su fortuna en 52.1 mil millones de dólares–, poco importa el color de quien detente el poder, pues todos los políticos le reservan un trato privilegiado.
Por ejemplo: durante el sexenio de Enrique Peña Nieto también fue el empresario consentido del gobierno federal, con más de 125 mil millones de pesos otorgados mediante contratos a CICSA, Telmex, Uninet, Seguros Inbursa y Radiomóvil Dipsa que, en algunas ocasiones, iban en consorcio con otros grupos.
El inicio de la presidencia de López Obrador causó roces con Carlos Slim, ya sea por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), un megaproyecto en el que el magnate tenía intereses multimillonarios e intentó salvar hasta el último momento, o por los desencuentros sobre el gasoducto que Carso Energía e IEnova cobraban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin entregar gas y que el presidente los exhibió en público como “leoninos”.
Pero pasados los primeros tragos amargos, Slim adoptó una actitud conciliadora con el político tabasqueño y en varias ocasiones predicó ante el resto de la élite empresarial mexicana sobre la necesidad de sumarse al proyecto presidencial, so pena de causar un desastre económico.
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En octubre de 2019, cuando López Obrador lanzó su cruzada contra las empresas factureras y la evasión de impuestos, Slim lo respaldó en conferencia de prensa y calificó la práctica como “una vergüenza” y “un escándalo, como si hubiera sido un deporte nacional”.
Al siguiente mes el magnate alabó en público el Plan Nacional de Infraestructura y minimizó los datos económicos que colocaban a México en una recesión técnica.
Desde un principio Slim aplaudió el Tren Maya y expresó su interés en participar en su construcción, un megaproyecto que López Obrador quiere lanzar a marchas forzadas y pese a las medidas de emergencia sanitaria impuestas en respuesta a la pandemia del covid-19.
Hasta el momento, el gobierno pretende financiar con recursos públicos todos los 150 mil millones de pesos que, según sus cálculos, costará la obra.
Además de ganar el contrato de mayor monto desde la llegada de López Obrador al poder, las empresas de Slim obtuvieron otros contratos millonarios: en los últimos 16 meses Seguros Inbursa consiguió licitaciones por mil 385 millones de pesos a los que se sumaron 799 millones de pesos en contratos adjudicados a Telmex y otros 802 millones 163 mil pesos para Uninet.
En el discurso…
El presidente López Obrador ha utilizado el nombre de Slim varias veces, tanto para enviar mensajes de tranquilidad a los mercados como parar domar las intenciones de hostilidad que un sector de los empresarios expresa en su contra.
Ejemplo de lo anterior ocurrió en marzo de 2019 cuando presumió: “contamos con esa voluntad de parte del ingeniero Slim de ayudar en lo económico y también en lo social. Creo que esta actitud va ir prevaleciendo (…) por el comportamiento de muchos empresarios nacionales e inclusive extranjeros”.
Un mensaje más se dio el 12 de febrero último, cuando Slim se sentó al lado de López Obrador en la famosa cena de Palacio Nacional a la que el presidente convocó a 75 miembros de la cúpula de negocios para pedirles que compraran “cachitos” de lotería para poder “rifar” el avión presidencial.
Al otro lado del mandatario estaba sentada María Asunción Aramburuzabala Larregui, la mujer más adinerada de México, cuya empresa, Sixsigma Networks, ha obtenido contratos por mil 85 millones de pesos durante la presente administración.
El 6 de abril reciente, en plena embestida de un sector de la cúpula empresarial contra la decisión del mandatario de no apoyar a las grandes empresas ni aplazar el pago de impuestos –rebelión encabezada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y llevada a la arena política por gobernadores y senadores del PAN–, el mandatario federal se reunió con Slim, Germán Larrea Mota Velasco y Alberto Baillères González.
Al día siguiente, López Obrador aseveró que los tres multimillonarios habían expresado su “apoyo al gobierno” en sus medidas para atender la emergencia sanitaria. Slim, Larrea y Baillères forman parte del grupo de empresarios que amasó una fortuna durante la ola de privatizaciones implementada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y que, desde la década de los noventa, aparece año tras año en la lista de los multimillonarios globales de la revista Forbes.
Contratistas transexenales
Una revisión a los datos de Compranet muestra que a lo largo de 2019 y en los primeros cuatro meses de 2020 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador otorgó contratos por 474 mil 490 millones de pesos y otros por 677 millones 618 mil dólares. La mitad de este monto se repartió entre 141 proveedores.
Si bien hasta el momento la administración de López Obrador gastó mucho menos en contratos públicos que su antecesor, llama la atención que, del sexenio de Peña Nieto al del tabasqueño, Slim no fue el único en permanecer en los primeros lugares de la lista de los principales proveedores.
Detrás del magnate de Grupo Carso se encuentra Grupo Fármacos Especializados, de Francisco Pérez Fayad, que recibió contratos por 17 mil 600 millones de pesos desde enero de 2019. Esta firma fue la principal proveedora de medicamentos e insumos médicos en el gobierno de Peña Nieto, cuando vendió al gobierno federal productos por más de 92 mil millones de pesos.
Las demás principales proveedoras del gobierno federal son: el consorcio encabezado por la paraestatal China Communications Construction Company y la portuguesa Mota-Engil, que el 23 de abril pasado obtuvo el segundo contrato más importante del sexenio actual –también en el Tren Maya, por 15 mil 538 millones de pesos–; las empresas farmacéuticas Farmacéuticos Maypo, de la familia Arena Wiedfeldt, que obtuvo contratos por 10 mil 194 millones de pesos con López Obrador y vendió medicinas por 41 mil 567 millones de pesos el años pasado; así como Laboratorios Pisa y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), de Carlos Álvarez Bermejillo, que tuvieron contratos por 12 mil 449 millones de pesos en la administración actual y 42 mil 505 millones de pesos en todo el gobierno anterior.
Ironía de la historia: el 20 de marzo de 2019 el propio López Obrador envió un memorándum a Raquel Buenrostro, entonces Oficial Mayor de Hacienda –ahora es titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT)–, en el que deploró las prácticas monopólicas de Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo y Laboratorios Pisa durante el sexenio de Peña Nieto, y le pidió a la funcionaria que congelara la participación de esas tres empresas en las licitaciones “hasta que sepamos, a ciencia cierta, si no hubo en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias”.
Aparte de las farmacéuticas, el gobierno de López Obrador otorgó contratos multimillonarios a Banorte, de la familia Hank, y un contrato de obra pública de 4 mil 147 millones de pesos a la empresa Gami Ingeniería e Instalaciones, la cual pertenece a Grupo Indi –de Manuel Muñozcano Castro–, que construyó el tramo sur-norte del segundo piso del Periférico y partes del Metrobús de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de Gobierno.
También adjudicó contratos por 2 mil 802 millones de pesos a Grupo Infra, SA de CV, de Agustín Franco Macías, integrante del Consejo Mexicano de Negocios y cercano a Slim desde los años noventa –fue consejero independiente de Grupo Financiero hasta 2017, cuando lo sustituyó su hijo, Agustín Franco Hernaiz–; y otorgó contratos por 2 mil 694 millones de pesos a Coconal, de Héctor Ovalle Favela, también contratista del NAIM.
Tanto Infra como Coconal formaron parte de las compañías más beneficiadas por contratos de obra pública en el sexenio pasado: la primera obtuvo contratos por 5 mil 889 millones de pesos y la segunda por 17 mil 473 millones de pesos.
Este texto forma parte del número 2271 de la edición impresa de Proceso, publicado el 10 de mayo 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí
