El penal de Papantla estaba contemplado como el de “supermáxima seguridad”. Sería la obra cumbre del proyecto carcelario que ideó el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, y que tuvo luego el aval del gobierno de Peña Nieto; un modelo de asociación pública-privada en el que se entretejen intereses de exfuncionarios y empresarios y en el que hay demoras en los plazos de entrega y sobreprecios millonarios.  CIUDAD DE MÉXICO (Proceso). - El 22 de junio de 2018, mientras toda la atención, energía y pasión de la sociedad mexicana estaban enfocadas en el inminente “día D” de las elecciones presidenciales, el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó un contrato por un monto estimado de 3 mil 959 millones de pesos para concluir la construcción de la cárcel de “supermáxima seguridad” de Papantla, Veracruz, y operarla hasta 2042. La beneficiaria es Grupo Lauman, dirigida por Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez, también dueño del periódico El Financiero. En el consejo de administración de la empresa contratista figura Jaime Domingo López Buitrón, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el último año del gobierno de Vicente Fox, y quien repitió en el cargo entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012, al final de la administración de Felipe Calderón. Con esta asignación otorgada por adjudicación directa –es decir, sin pasar por un proceso de licitación pública–, el gobierno de Peña Nieto dio luz verde al proyecto carcelario de Genaro García Luna, el inamovible titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Calderón, que convirtió el sistema carcelario en un gran negocio privado. El proyecto, copiado del modelo estadunidense y aterrizado por Protego Asesores –empresa del exsecretario de Hacienda de Carlos Salinas, Pedro Aspe Armella–, consistió en construir nuevos Centros Federales de Readaptación Social y concesionar aspectos de su gestión a empresas durante 20 años, por un costo final que rebasará los 219 mil millones de pesos. García Luna fue detenido el pasado 9 de diciembre en Estados Unidos, donde se le acusa de colaborar con el Cártel de Sinaloa desde 2001 y cobrar sobornos millonarios; su juicio se llevará a cabo ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York, la misma que juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán a principios de 2019. En el esquema de renovación del sistema penitenciario ideado por el “superpolicía” de Calderón, el penal de Papantla tenía un lugar especial, pues a diferencia de los otros ocho ceferesos, cuya construcción se subrogó a privados mediante contratos de prestación de servicios, este complejo de 28.1 hectáreas, que prevé 2 mil 160 celdas de niveles de mediana, máxima y “súper máxima” seguridad, se gestiona bajo un esquema de asociación público-privada (APP). El mencionado contrato de APP, con duración de 22 años, fue adjudicado por la extinta Comisión Nacional de Seguridad, que dependía de la Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por Alfonso Navarrete Prida, a una empresa ad hoc llamada Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla, SA de CV, cuyos socios son Comtelsat y Grupo Lauman Holdings, ambas propiedades de Arroyo Rodríguez. El acta constitutiva de Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla, cuya copia tiene Proceso, muestra que fue incorporada el 11 de junio de 2018 y tiene como presidente al abogado José Enrique Uruñuela López, quien antes de entrar a Grupo Lauman trabajó con el despacho Ramos, Ripoll & Schulster y previo a ello fue director jurídico de Grupo Dragón, la empresa energética de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego. El contrato plantea el inicio de las obras en julio de 2019 para que el penal esté terminado en noviembre de 2020. Además de la construcción, la empresa equipará el recinto carcelario con “tecnologías de última generación”, así como con “vehículos, equipo y mobiliario”, y proveerá diversos servicios, como el mantenimiento del centro de control, la alimentación y la salud. También prestará un “Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria de acuerdo a los estándares pactados”, cuyos detalles son confidenciales. Consultado por Proceso, Navarrete Prida –quien encabezó la Segob entre enero y diciembre de 2018– dice que no tiene claro este contrato, “porque los temas de penales se manejaban en un órgano desconcentrado”, en referencia al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Este es un adelanto de un reportaje del número 2273 de la edición impresa de Proceso, publicado el 24 de mayo de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí