La crisis sanitaria causada por el coronavirus destapó en España otro problema: el de los asilos. La falta de una adecuada supervisión de las autoridades ha dejado la puerta abierta a las deficiencias de la gestión privada que, en cambio, obtiene jugosos beneficios. Estas sociedades de inversión y grandes grupos, como el de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tienen como común denominador la precarización de los servicios que ofrecen en sus centros geriátricos, malas condiciones laborales para su personal y una continua falta de insumos para la atención de los ancianos. MADRID (Proceso).- Las residencias para los ancianos se convirtieron en la zona cero de la pandemia de covid-19 en España. Desde el 17 de marzo último, cuando se conoció que 19 murieron en la madrileña Residencia Monte Hermoso y 70 más estaban infectados, han fallecido casi 18 mil 400 hasta el martes 19, lo que supone 66% de todos los decesos por la pandemia en el país, según el registro de la Radio Televisión Española. La Fiscalía General del Estado inició una investigación –que luego canalizó a las fiscalías locales– al conocerse las múltiples muertes en estas residencias, sobre todo cuando la Unidad Militar de Emergencias (UME) intervino y dio la voz de alarma al encontrar en algunos de esos inmuebles a ancianos conviviendo con los cadáveres de sus compañeros fallecidos por el coronavirus. Este drama va arrojando luz al modelo con el cual funcionan estas casas de retiro, donde se cruzan oscuros intereses del capital privado que controla 75% de las 5 mil 457 residencias que hay en España. A lo largo de la última década el sector empezó a ser dominado por los fondos de inversión afincados en los paraísos fiscales en los que se encuentran al menos un fondo de pensiones canadiense, grandes compañías españolas y fortunas europeas, concluye una investigación periodística de InfoLibre, un medio alternativo dirigido por el periodista Jesús Maraña. Contrasta, sin embargo, que ante los jugosos beneficios que obtienen estas sociedades, el común denominador es la precarización de los servicios que ofrecen en sus centros, con malas condiciones laborales para su personal y una continua falta de insumos para la atención de los ancianos, como lo denuncian desde hace años los familiares, y que en esta pandemia aceleró y profundizó la crisis. Son más bien “factorías de la atención, aparcamientos de abuelos gestionados con espíritu de eficiencia mercantil, muchos de ellos por fondos de inversión no especializados; su principal característica es la precariedad”, denuncia, a su vez, otra investigación sobre el tema publicado por CTXT (Contexto), otro medio alternativo.  

Florentino Pérez de nuevo

Los datos son tan estrambóticos como que uno de los principales grupos constructores del país con presencia mundial, como es ACS, esté metido en el negocio, gestionando 61 residencias para ancianos. En junio pasado Proceso dedicó una edición a los jugosos negocios del grupo ACS en México gracias a las relaciones de su presidente, Florentino Pérez –que también preside el Real Madrid–, con el gobierno de Enrique Peña Nieto. El grupo ACS gestiona las residencias vía su filial Clece –documenta InfoLibre–, en la que también aparecen como socios los financieros Alberto Alcocer y Alberto Cortina (amigos del anterior rey, Juan Carlos I), y la administradora de fondos de inversión más grande del mundo, BlackRock, que en México participa en el proyecto de infraestructura energética Los Ramones y en media docena de bloques de exploración petrolera. También destaca el caso de Ballesol, un grupo que ya brincó el Atlántico y cuenta con una filial en México, donde gestiona un centro para ancianos en el municipio de Corregidora, en Querétaro, se desprende de su propio sitio de internet. En España, este grupo presidido por Modesto Álvarez y Carlos Álvarez Navarro (dueño de la compañía de seguros Santa Lucía), gestiona 44 residencias. Hacia finales de marzo se registraron 69 decesos en sus asilos madrileños de Alcalá de Henares y Mirasierra.  

La España envejecida

Manuel Rico, director de investigación de InfoLibre, explica en entrevista que las residencias empezaron a caer en manos de grandes grupos y fondos de inversión en la última década, cuando cambió el modelo, porque antes eran gestionadas por las Cajas de Ahorro como parte de su obra social. En 2006, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó la llamada Ley de Dependencia, una legislación de avanzada porque buscaba proteger uno de los pilares del estado de bienestar, como es la atención a las personas mayores, a personas con discapacidad y a sus familias, y para ello se garantizaba una dotación de recursos públicos. La razón es que España tiene una de las poblaciones más envejecidas de Europa. En la actualidad 17% es mayor de 65 años, según información gubernamental, y se calcula que en 2030 el porcentaje ascienda a 30%, colocando al país por arriba del resto de Europa. El sector, explica el periodista, mueve un enorme pastel de 4 mil 500 millones de euros anuales, más de la mitad de éstos son recursos públicos producto de la legislación citada. “Esto hace sumamente atractiva a España ante estos fondos de inversión y estas grandes fortunas: primero, porque este pilar del estado de bienestar garantiza recursos públicos por ley y, segundo, porque hay un alto porcentaje de población envejecida que requiere de servicios asistenciales de manera permanente”. Pese al enorme flujo de recursos públicos que se canaliza principalmente vía las comunidades autónomas (equivalente a las entidades federativas mexicanas), sostiene, el funcionamiento del sistema “cayó en un círculo vicioso” porque, primero, se hizo vía “conciertos”, que significa plazas públicas en residencias privadas o bien mediante concesión, que es la gestión privada de residencias públicas. “El círculo vicioso es que el principal criterio en los procedimientos de licitación es que la oferta (del costo de estas compañías) sea la más baja, capacidad que regularmente tienen los grandes consorcios. Luego inician los ajustes de costo y el deterioro de las condiciones del servicio prestado y de las condiciones laborales del personal. El problema es que las administraciones públicas no realizan inspecciones periódicas y las sanciones son muy reducidas, es un sistema muy permisivo.” Para “las grandes empresas del sector, propiedad de fondos de inversión, son lo mismo nuestros abuelos que una cadena de hamburguesas: entran en las empresas, las maximizan y salen en un cierto plazo con importantes plusvalías”, dice.  

El drama SA

El 17 de marzo pasado, tres días después de la entrada en vigor del estado de alarma, saltó a la prensa el caso de la Residencia Monte Hermoso, antes citada, y de 15 ancianos fallecidos en otra más en Ciudad Real. Ese día, en Twitter, los familiares dieron la voz de alarma. Ainhoa Ruiz escribió: “Máxima difusión Residencia Monte Hermoso (Madrid) más de 70 positivos en coronavirus, entre ellos se encuentra mi abuela. Todos ellos son personas mayores. No están recibiendo ningún tipo de ayuda médica y ya hay varios fallecidos, pido por favor máxima difusión de este tweet”. Luego se fueron sumando más casos, como el del centro de mayores Santísima Virgen y San Celedonio, con 11 muertos y 42 de sus trabajadores contagiados y aislados. La asociación Defensor del Paciente pidió a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigara el caso de la residencia Santa Hortensia de Madrid cuando había 22 ancianos muertos y 40 trabajadores contagiados. Sin respuesta a sus peticiones, el alcalde de Alcalá del Valle (Cádiz), Rafael Aguilera, se puso guantes y mascarilla y anunció en un desesperado llamado: “No voy a permitir que nuestros mayores se mueran en la residencia”. Y clamaba a punto de las lágrimas: “No hay limpiadores, auxiliares, enfermeros ni médicos”. Ante este drama, el gobierno de Pedro Sánchez ordenó el despliegue de la UME en las residencias y centros de mayores. Lo que encontraron fueron “escenas durísimas en algunas residencias, de ancianos muertos en sus camas y el personal desaparecido”, como adelantó la Cadena Ser (la radio del grupo Prisa). La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó en una entrevista televisiva que “el Ejército ha podido ver a ancianos absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas”. Y aseguró que caerá “todo el peso de la ley” contra los responsables que hayan dejado sus obligaciones desde las administraciones públicas y de las residencias. La crisis en los asilos dejó al descubierto las deficiencias de la gestión privada y la falta de una adecuada supervisión de las administraciones públicas, por ello fue un hecho muy noticioso que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pusiera a gestionar la crisis de las residencias a una hija de Antonio Burgueño, el artífice de la privación sanitaria del PP, y que carecía de experiencia, como lo adelantó el diario El País. Más aun cuando la investigación de InfoLibre arrojó el opaco entramado societario de Vitalia Home, cuyo asilo en Leganés (Madrid) centraba la atención porque se habían registrado 96 ancianos fallecidos hasta el 16 de abril. Detrás se encuentra el fondo de inversión británico CVC, que en marzo de 2017 adquirió 80% de la compañía que tiene bajo su gestión 45 centros geriátricos. Pero el seguimiento va más allá: CVC es el fondo que creó el entramado societario para otras seis compañías de papel que pasan por el paraíso fiscal de las islas Jersey, por Holanda y Luxemburgo, con el fin de “ocultar la identidad de quienes ponen el dinero y ofrecerles la optimización fiscal”, explica Rico en la entrevista con el corresponsal. Otro grupo que también se gestiona desde el opaco territorio de Islas Jersey, en el Canal de la Mancha, es el grupo Colisée, tercero en importancia en España y que gestiona 50 residencias. El grupo es propiedad del fondo de inversión IK VIII Fund, con sede en Londres, pero buena parte de sus inversiones las hace desde sociedades creadas en Jersey. Imbricada a este fondo se encuentra la sociedad mercantil francesa Colisée International SAS y su fundador Patrick Teycheney, que participan en la filial española Colisée Homecare SL. Sin embargo, uno de los principales grupos es DomusVi, que gestiona 138 residencias y registraba 54 muertos en cuatro de sus centros hasta el 12 de abril. El principal accionista es Intermediate Capital Group, un fondo de inversión con sede en Londres. Otro accionista relevante es Sagresse Retraite Santé, “vehículo de inversión” del multimillonario francés Yves Journel, arroja la investigación periodística. Añade que esta multinacional tiene geriátricos en Francia, Portugal, Chile, Colombia, Uruguay y China. También reveló que DomusVi recibe fondos de 82 administraciones públicas en 90 de sus 138 residencias; cuatro comunidades autónomas tuvieron que intervenir en los centros de esta empresa ante la crisis que se vivía; una de ellas fue la Xunta de Galicia, informó Eldiario.es. Caso distinto es el de Orpea, que gestiona 49 centros de adultos en España, cuyo accionista principal es el fondo estatal de pensiones canadiense Canadá Pension Plan Investment Board, que controla 14.5%. Otros accionistas son la familia francesa Peugeot, mediante la firma de inversión FFP Invest, y la familia belga Boël, vía el holding Sofina SA. Ellos tienen presencia en China y Brasil. InfoLibre documentó 92 decesos en tres centros de esta sociedad. Sin embargo, también señala que hay denuncias de familiares en otros de los asilos bajo su gestión, como en el de Santo Domingo (Algete) y el madrileño de Alcobendas, donde denunciaron que había 17 muertos hasta el 10 de abril. En la larga lista de entramados societarios aparecen, por ejemplo, Amavir, propiedad de la familia Mulliez, la quinta fortuna de Francia. En España gestiona 41 residencias. Hasta el 16 de abril, en sus centros de Madrid y Cataluña habría 57 muertos. En dos residencias (en Vitoria y Murcia) del grupo Caser hubo aproximadamente 40 ancianos muertos, en el último caso la Fiscalía abrió una indagatoria. Este grupo es propiedad de la sociedad cooperativa suiza Patria Genossenschaft, que controla 23.8% vía su participación en la compañía de seguros Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG. Otro grupo es Korian (15 residencias), propiedad de 39 bancos regionales franceses agrupados en la sociedad holding Rue la Boétie SAS. Korian es la empresa líder en el sector en Europa, con presencia en Alemania, Bélgica, Francia, Italia y Holanda, además de España. También se encuentran dos grupos controlados por empresarios españoles implicados en el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política que involucra al Partido Popular. Uno es Enrique Ortiz (Savia) y el otro es José Luis Ulibarri (Aralia). Este último caso es escandaloso. Antes del estallido de la pandemia, su “geriátrico en Leganés acumulaba 500 reclamaciones de familiares de residentes por falta de personal, mala limpieza y alimentación de pésima calidad”, señala la investigación. Pero la empresa llegó a alegar ante un tribunal que “tener sucio un geriátrico no incumplía el contrato”. En cuatro de sus centros se contabilizan 69 ancianos muertos en marzo y la falta de información es la tónica. La familiar de una fallecida en el centro Isabel la Católica dijo desgarrada: “Llevaba 16 días sin saber de mi madre cuando la residencia me llamó para decirme que había muerto”.

Reportaje publicado el 24 de mayo en la edición 2273 de la revista Proceso.