Desde que el gobierno de Felipe Calderón autorizara la creación de parques eólicos para producir la llamada “energía limpia”, otros proyectos se han asentado en el país. Sin embargo, la falta de acuerdo con las comunidades y el aparente amarre de esos negocios a intereses políticos ha provocado conflictos sociales y suspicacias del actual gobierno federal. Pese a estas confrontaciones, la única salida viable para las empresas productoras de energía fotovoltaica y eólica parece ser la negociación. CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En 2010 una autorización del gobierno de Felipe Calderón permitió la creación de Fuerza Eólica San Matías, un parque de “energías limpias” en el que uno de los inversionistas consiguió convertirse en comisariado ejidal de la extensión de tierras que desde tiempo inmemorial era territorio de los kiliwa, en Baja California. Para entonces el pueblo kiliwa se aferraba, como otros de la región, a sus últimos rasgos identitarios para evitar la extinción de su cultura, pues le quedaban cinco hablantes de su lengua, sus miembros se dispersaron a través de los años y los derechos de su territorio eran adquiridos por mestizos como Federico Goettfried Blackmore, ingeniero por el Tec de Monterrey, posgraduado en la Universidad Internacional de Florida, que además de inversor energético asumió la representación ejidal. Hoy quedan sólo tres hablantes de la lengua ancestral y su antiguo territorio, ubicado entre la Sierra Juárez y la Sierra San Pedro Mártir, en Ensenada, está ocupado en buena medida por enormes aspas que irrumpen en el paisaje en filas de generadores eólicos que estaban por entrar en operación después de una década de complicaciones y conflicto social. Identificada por Alfonso Morcos Flores, titular del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), como una inversión de la trasnacional española Elecnor, el Parque Eólico San Matías –localizado en el antiguo territorio kiliwa–, es uno de los que deben suspender las pruebas preoperativas a partir de que se implantara el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, del que se duelen esa y 17 centrales eólicas y fotovoltaicas y el cual ha causado polémica dentro y fuera del país. Ese proyecto provocó un largo proceso de resistencia de la comunidad, que en 2017 finalmente alcanzó un acuerdo de indemnización por mediación de funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta que en noviembre pasado lo adquirió Elecnor. Eso ha sucedido con la mayoría de los parques eólicos y fotovoltaicos en todo el país, desde que en la segunda mitad del sexenio de Felipe Calderón se empezaron a dar autorizaciones con promesa de compra de la energía por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En buena medida, la entrada en operación de esos parques se ha visto frenada por amparos y falta de permisos. Los retrasos han ocurrido incluso por contrasentidos como lo es que, al intentar construir centrales de generación eléctrica protegiendo el ambiente, lo destruyen, como ocurrió en Tepezalá, Aguascalientes, donde IEnova, filial de Sempra Energy, una trasnacional energética de origen estadunidense, inició la instalación de paneles solares para extender en la comunidad La Victoria un parque fotovoltaico que implicó tala de árboles y flora nativa sin las autorizaciones correspondientes. Fragmento del reportaje publicado el 24 de mayo en el número 2273 del semanario Proceso, en circulación Te recomendamos: Freno a las energías renovables