El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes regresará a México para continuar sus investigaciones sobre el caso Ayotzinapa. La abogada colombiana Ángela Buitrago aclara que no parten de la culpabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto ni de sus funcionarios por haber fabricado su “verdad histórica”, pero advierte: “quien investiga de manera criminal es tan criminal como los que participaron en hechos criminales”. BOGOTÁ, Col. (apro). - El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el que echó por tierra la “verdad histórica” con la cual en enero de 2015 el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió dar carpetazo a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, fue restituido y volverá a México a investigar de nuevo el caso. De hecho, los integrantes del GIEI ya iniciaron sus tareas mediante teleconferencias en las que analizan declaraciones de testigos, evidencias y “nuevos elementos de valoración” que ha recopilado en los últimos meses la fiscalía especial del caso Ayotzinapa. Una de los integrantes del GIEI, la abogada colombiana Ángela María Buitrago, dice que una vez que se comiencen a levantar las restricciones de vuelos internacionales –debido a la cuarentena por covid-19– el grupo viajará a México para retomar la investigación en el terreno. En entrevista con Proceso, la exfiscal y doctora en derecho advierte: “es tan grave haber cometido la desaparición como haber cometido hechos que oculten a los verdaderos responsables”. Por ello, explica, es tan importante que los autores de “la verdad histórica” –a la que se aferró la antigua Procuraduría General de la República (PGR) y según la cual los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula– expliquen “cuál era el interés de hacer esa afirmación cuando toda la evidencia era contraria a lo que decían”. Para Buitrago, la “verdad histórica fue una construcción” que buscó evitar que la justicia llegara a los verdaderos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes. Y fue, también, una “decisión de Estado” que compromete al expresidente Peña Nieto, porque él mismo defendió esa “verdad” en un mensaje transmitido en cadena nacional el 29 de agosto de 2018, semanas antes de concluir su mandato. Al hacerlo, señala Buitrago, Peña Nieto asumió la “responsabilidad política” de una investigación judicial plagada de “obstrucciones, torturas y presiones”, así como de una “verdad histórica armada” desde la PGR de Jesús Murillo Karam, después refutada por los peritos en incendios y en antropología forense, además de un tribunal federal en Reynosa, Tamaulipas. El hecho de que Peña Nieto defendiera la tesis de Murillo y del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, evidencia que hubo “un discurso políticamente construido con capacidad de generar pautas de actuación” en los funcionarios involucrados en las averiguaciones del caso. Por eso, señala la especialista, “ahora toca investigar cuál era la intención de todos estos sujetos, de quien sea, al aferrarse a esa ‘verdad’”. –¿Toca investigar también a Peña Nieto? –se le pregunta. –Yo no voy a decir nombres. Nosotros vamos a llegar hasta el último eslabón donde haya prueba de que, efectivamente, se generaron comportamientos de esa naturaleza. Llámese como se llame. –No hablemos de nombres –se le plantea a Buitrago–, pero sí de instituciones: en el aparato de la Presidencia de Peña Nieto hubo funcionarios que obstaculizaron la investigación del GIEI, y en el Ejército y la PGR hubo rechazo a colaborar con ustedes. ¿En esta nueva etapa van a investigar a estas instituciones y a llegar, si es el caso, a los más altos niveles? –Creo que en esta etapa podremos llegar sin problema a mirar qué sucedió en cada institución y en cada uno de estos niveles. Eso no quiere decir que nosotros partamos de que son responsables. Nosotros miramos por qué razón no se entregaron cosas, no se dijeron las cosas y qué información se tenía… –¿Y no van a tener impedimentos políticos? ¿No existe el riesgo de que este gobierno, como en el anterior, ponga obstáculos a su investigación? –No creo. Nos han dado las garantías para investigar de manera independiente. Tenemos la libertad y autonomía para investigar a quien haya que investigar. Ese es el punto esencial, tal y como quedó establecido en el mandato que firmó el gobierno hace unos días con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este es un adelanto del reportaje del número 2275 de la edición impresa de Proceso, publicado el 7 de junio de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí