En el contexto de la pandemia de coronavirus hay un lugar de confinamiento que no ofrece protección: las prisiones. Sus ya conocidas condiciones de sobrepoblación y hacinamiento, carencias materiales, deficiente alimentación, autogobierno de reos e insuficiente atención médica, eleva al máximo los riesgos de contagio para internos y custodios.  CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Clara es madre de un interno del Cefereso 13 de ­Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. No tiene reposo desde que el brote de covid-19 llegó a ese penal de alta seguridad. Su hijo forma parte de la población de riesgo, pero carece de las medidas de protección necesarias para enfrentar la enfermedad. “Mi hijo tiene artritis reumatoide, psoriasis, está perdiendo la vista y tiene principios de diabetes. Mi temor es que se contagie con el covid-19. Si eso ocurre, mi pobre hijo no la va a contar, no es justo”, dice Clara, nombre ficticio con que fue renombrada para evitar represalias contra ella o su hijo, sentenciado por homicidio a 23 años, de los que ya cumplió 17. Sin posibilidades de visitarlo por las medidas sanitarias impuestas por el penal, Clara se comunica cada cuatro días con su hijo, quien le confirma que comparte con 11 personas una celda diseñada para cinco, que no le han concedido la consulta médica que solicitó hace dos meses ni le han dado medicamentos, aunque “se siente muy mal”. La señora no tiene datos precisos, pero su hijo le contó que en el Cefereso 13 hay varios internos enfermos de covid-19 y que el mal fue propagado por custodios “que entran y salen”. Esa situación fue advertida por los medios locales al menos desde el 13 de abril, cuando se difundió que una custodia del penal fue trasladada al Hospital Regional del ISSSTE Presidente Juárez, en la zona norte de la ciudad de Oaxaca, por presentar síntomas de covid-19, pero al poco tiempo se reintegró a sus labores. Clara ha tratado de comunicarse con las autoridades penitenciarias para saber qué están haciendo para garantizar el derecho a la salud de su hijo, pero no le han respondido. En las llamadas telefónicas ella le indica que se lave las manos con frecuencia y utilice una camiseta para protegerse el rostro porque en el Cefereso 13 no tienen acceso a cubrebocas. “Sólo nos queda suplicar que nos apoyen con algo, lo que sea, sobre todo que les lleven cubrebocas y que les apliquen las medidas de libertad”, apunta Clara. Se refiere a que su hijo ya purgó más de la mitad de la sentencia, pero se le niega el derecho a liberación anticipada o condicionada que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. El testimonio de Clara es uno de decenas que ha recopilado la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) y que forman parte de la campaña #VocesQueCuentan, para evidenciar la tragedia sanitaria que se vive en algunas de las 295 prisiones del país.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2276 de la revista Proceso, ya en circulación.