A la par de la crisis sanitaria, Colima enfrenta el virus de la violencia y la inseguridad. La ejecución de siete policías estatales que el gobierno local envió a Jalisco para cuidar a empresarios mineros, así como el secuestro y homicidio de la diputada Francis Bueno Sánchez son el reflejo de la criminalidad que azota al estado. Sin embargo, para el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez la situación no es tan grave y le endosa el problema al gobierno federal. COLIMA, Col. (proceso).- La ejecución de siete policías estatales que habían sido enviados a Jalisco para cuidar a empresarios mineros, el secuestro y homicidio de la diputada colimense morenista Francis Anel Bueno Sánchez así como la creciente ola de inseguridad y violencia provocaron el enojo de diversos sectores sociales que exigen la dimisión del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. El coordinador de Morena en el Congreso colimense, Vladimir Parra Barragán, solicitó el miércoles 10 a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar al mandatario por su presunta corresponsabilidad en el caso de los uniformados asesinados por “permitir que elementos de seguridad pública realizaran labores fuera del marco legal, lo que derivó en esas muertes”. El domingo 7 un colectivo de organizaciones sociales convocó a una Marcha por la Paz y la Justicia, siendo el principal reclamo el juicio político contra el gobernador. “Ni felices, ni seguros. ¡Nacho renuncia!”, fue la consigna enarbolada en evidente alusión al ofrecimiento de campaña con el que llegó Peralta Sánchez a la gubernatura: “Vas a vivir feliz. ¡Seguro!”. Dos días después de la manifestación, cerca de 300 conductores de mototaxis, provenientes de varios municipios, protestaron frente a la Casa de Gobierno. También exigieron la renuncia del gobernador porque, denuncian, incumplió su responsabilidad de garantizar la seguridad pública. Según cifras oficiales, en los cuatro años y cuatro meses de la administración peraltista se han registrado al menos 3 mil homicidios en el estado, cantidad que duplica el total de asesinatos dolosos reportados en los tres sexenios anteriores. En cuanto a los homicidios de mujeres existe una situación similar: mientras de 2000 a 2015 se registraron 174 casos, de 2016 a la fecha fueron contabilizados cerca de 350, pese a que en junio de 2017 se emitió la Alerta de Violencia de Género para cinco municipios. Según los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, proporcionalmente Colima ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos y feminicidios, así como en robo a casa habitación. En 2019 el estado reportó una tasa de homicidios dolosos de 85.40 por cada 100 mil habitantes, equivalente a casi cuatro veces la tasa nacional, que fue de 23.24. En el primer cuatrimestre de 2020 la tendencia es similar, pues la tasa de la entidad es de 27.51 frente a 7.63 de la media del país. En relación con las personas desaparecidas, la Red Desaparecidos en Colima calcula que podría ascender a un millar el número acumulado de víctimas, más los casos que no son denunciados por temor o por desconfianza hacia la autoridad. Durante buena parte de su gobierno Peralta se ha ubicado en los últimos lugares de aprobación ciudadana. Según el ranking de gobernadores realizado por consulta Mitofsky, en abril y mayo Peralta estuvo en el lugar 31, con calificaciones de 24.4 y 26.7%, respectivamente, sólo por encima del morelense Cuauhtémoc Blanco. Fragmento del reportaje publicado el 14 de junio en el número 2276 del semanario Proceso, en circulación Te recomendamos: Colima: crímenes de alto impacto en un estado pequeño