Con la tolerancia de la Secretaría de la Función Pública de gobiernos anteriores y del actual, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina realizan una fiscalización de sus recursos que carece de imparcialidad, pues los titulares de sus Órganos Internos de Control no son civiles, como lo mandata la ley. “Los titulares de estas oficinas de vigilancia omiten sus rangos militares cuando firman documentos oficiales, para hacerse pasar por civiles”, denuncia en entrevista el teniente coronel Eduardo Navarrete Montes. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso). - Las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) carecen de una real fiscalización de los recursos públicos que manejan. Violando la Ley Orgánica de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de las instituciones armadas provienen los titulares del Órgano Interno de Control (OIC), cuando por ley el encargado de dicha fiscalización debe ser una persona ajena a las instituciones o dependencias para garantizar imparcialidad. Sin embargo, la violación de dicha ley ha sido tolerada “tácita e indebidamente” durante años por la SFP, cuya actual titular en la 4T, Irma Eréndira Sandoval, tampoco ha dado muestras de que intentará corregir a la Semar y a la Sedena para que se ajusten a la ley, denuncia el teniente coronel Eduardo Navarrete Montes, maestro en amparo por el Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa y abogado postulante en materia penal, disciplinaria, administrativa y de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Documentos obtenidos por Proceso revelan que pertenecen al Ejército y a la Marina quienes se desempeñan como inspectores y contralores generales en ambas instituciones. En el caso de la Sedena, quien firma como titular de la OIC lo hace sin su grado militar. En el oficio AQ 8025, que obra en el expediente 2018/SEDENA/DE864, André Georges Foullon Van Lissum, general de división Diplomado de Estado Mayor, responde como titular del OIC de la Sedena a un cabo de infantería que denunció presuntas irregularidades administrativas, cometidas por servidores públicos adscritos a la Sedena. Foullon Van Lissum le señala que, de acuerdo con varios artículos del Reglamento Interior de la SFP, con fecha del 2 de octubre de 2019, el titular del área de quejas emitió un acuerdo de conclusión y archivo del expediente iniciado en el OIC por la denuncia que presentó ante la Secretaría de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, por presuntas violaciones a sus derechos humanos atribuibles a servidores públicos adscritos a la Sedena. El acuerdo se sustentó en que no existen elementos de prueba que acrediten de “forma fehaciente” que algún servidor público adscrito a la Sedena haya cometido dichos actos u omisiones. En la firma de dicho documento, Foullon Van Lissum eliminó su grado de “general de división, diplomado de Estado Mayor”. Esa omisión, dice el teniente coronel que denuncia las irregularidades, sirve “para hacerse pasar por un civil”. Este es un fragmento de un reportaje del número 2280 de la edición impresa de Proceso, publicado el 12 de julio de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí