El esquema de defraudación fiscal mediante la compra de facturas falsas provocó omisiones en el pago de impuestos por miles de millones de pesos. Las investigaciones de los órganos internos de control y del Servicio de Administración Tributaria revelaron una extensa red de empresas y personas físicas, pero también de entidades públicas, que recurrieron a las llamadas “factureras”. A decir del procurador fiscal, Carlos Romero, si se elimina este sistema “estaremos acabando con buena parte de la corrupción que tiene este país”.
CIUDAD DE MÈXICO (proceso).- En el gobierno de Enrique Peña Nieto el desvío de recursos del sector público a través de fraudes como la Estafa Maestra logró consolidarse gracias a la operación de empresas factureras, a las que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) atribuye omisiones superiores a 500 mil millones de pesos en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
“Todas las empresas factureras en algún momento tuvieron ingresos que venían de recursos públicos, dinero que viene de corrupción, de moches. Si se acaba con el esquema de factureras estaremos acabando con buena parte de la corrupción que tiene este país”, asegura en entrevista el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero.
Las investigaciones del SAT, que presentó el pasado 25 de junio su titular, Raquel Buenrostro, buscan recuperar recursos para hacer frente a la caída en los ingresos tributarios durante los próximos meses.
Desde mayo dichos ingresos federales acusan recibo de la crisis económica provocada por la pandemia. En tanto que los provenientes del petróleo presentan en términos anualizados y al quinto mes de 2020 una caída de 65.3%, los tributarios retrocedieron 14.6%, mientras el IVA se desplomó 36.5% y el ISR apenas logró crecer 2%, porque muchas empresas pospusieron el pago de impuestos para cumplir con sus nóminas o sostener su negocio.
Por ello, luego de alcanzar acuerdos con grandes contribuyentes para cobrar impuestos por hasta 50 mil millones de pesos, el SAT busca ahora el pago de impuestos que se desviaron por el uso de facturas de compañías fantasma que cobraban comisiones hasta de 3% de las tributaciones y compensaciones.
Desde mayo de 2019 el SAT dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación la lista global de presunción de al menos 100 contribuyentes que, sin contar con activos comprobables, actividades legítimas o domicilios reales para su operación, emitieron cientos de miles de facturas para justificar servicios o compra de bienes que no existieron. Esto contraviene el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Fragmento del reportaje publicado en el número 2279 del semanario Proceso, en circulación
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