Actas de la agencia estadunidense Distrito de Agua de Otay y documentos oficiales de México revelan que el actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, promovió ante legisladores del vecino país una planta de desalinización de agua y posteriormente la promovió desde una curul federal en México. El proyecto, para el cual ya se firmó un contrato que implica el endeudamiento de la entidad por casi 8 mil millones de pesos, fue justificado argumentando la necesidad de agua que tiene Tijuana, pero se planeó para producir un excedente destinado al sur de California. MEXICALI, BC (proceso).- Estados Unidos quiere el agua de México y el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, impulsó durante años la posibilidad de dársela, aunque ahora renegocia tarifas y el contrato de la desalinizadora de Rosarito. Así lo revelan actas del Otay Water District (Distrito de Agua de Otay) en Estados Unidos, que Bonilla Valdez encabezó de 2001 a 2012. Fue en julio de 2011 cuando promovió ante congresistas estadunidenses la planta de desalinización en el municipio del mismo nombre, a 30 minutos de Tijuana. Años más tarde, ya como diputado federal de México en 2015, promovió a las empresas que al final se quedarían con el proyecto de la planta para que participaran en la elaboración de la norma NOM 013 que rige la operación de las desalinizadoras, según minutas de trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En dicho grupo de trabajo también participó un representante del Otay Water District, que también se beneficiará de la planta una vez que entre en funcionamiento, según dijo la propia empresa; también estuvo en los trabajos Héctor Mares Cossío, como representante de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Congreso de la Unión, presidida en ese entonces por Bonilla. En 2016 el entonces gobernador de la entidad, Francisco Vega de Lamadrid, lanzó la convocatoria para construir la planta, con capacidad para procesar 4.4 metros cúbicos de agua por segundo. El contrato se firmó el 22 de agosto del mismo año con NSC Aguas, SA, filial de Consolidated Water Co, constituida en las islas Caimán, y la francesa Degrémont México, extensión de Aguas de Suez. Ambas empresas formaron parte en la confección de la norma federal para las desalinizadoras. Ahora Salomón Faz, titular de la nueva Secretaría del Agua, rechaza que el gobernador Jaime Bonilla tenga interés en vender agua a Estados Unidos o que busque un beneficio personal: “Eso está en los medios –comenta–. Si originalmente, cuando no era gobernador, tuvo ese interés, ya como gobernador es defender el interés de los bajacalifornianos”, dice en entrevista con Proceso el titular estatal de Agua, quien a título personal considera que ambos países deberían comercializar el líquido entre ciudades colindantes, como Tijuana y San Diego o Mexicali y Valle Imperial. En cambio Milton Rubio, representante de la empresa que construirá la desalinizadora, NSC Aguas, afirma que se venderá agua a Estados Unidos, pero aclara: “Hay gente que jura que toda el agua se va a vender a San Diego, y te juro que no”. Fragmento del reportaje publicado en el número 2279 del semanario Proceso, en circulación Te recomendamos: Congreso de BC da facultades a Bonilla para decidir sobre el agua