Todorov nada a contracorriente

viernes, 21 de agosto de 2020
En entrevista con Proceso, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ratifica que existen “actos de presunta corrupción” por parte del presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov, que también implican a varios de sus familiares, por lo que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ya lo investiga. CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov, por enriquecimiento ilícito. El director de la UIF, Santiago Nieto Castillo, confirma a Proceso que hace unos meses presentó la denuncia en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que dirige María de la Luz Mijangos, a quien corresponderá consignar la respectiva carpeta de investigación ante un juez para que éste determine el grado de responsabilidad de Todorov. En septiembre de 2019 este semanario reveló que Todorov, sus padres y su esposa habían adquirido seis propiedades con un valor superior a 20 millones de pesos, lo que no concuerda con sus percepciones salariales. El ejemplo más claro es el de Mintcho Todorov, padre de Kiril, quien se convirtió en el dueño de un penthouse y un terreno –cuyo valor asciende a 9.1 millones de pesos– en el ocaso de su vida laboral, cuando ganaba 8 mil 600 pesos al mes. Ambas propiedades se ubican en el exclusivo fraccionamiento Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México (Proceso 2236). “Con el presidente de la Federación Mexicana de Natación encontramos actos de presunta corrupción: bienes inmuebles a nombre de su padre que no tiene forma de justificar, porque sus ingresos eran pocos. Nuestra posición ha sido muy clara, cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad también en el deporte”, dice Nieto en entrevista.
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El artículo 224 del Código Penal Federal establece sanciones para quienes con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público incurran en enriquecimiento ilícito. Este delito se configura cuando no se puede acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquéllos respecto de los cuales se conduzca como dueño. Como presidente de la FMN, Todorov ejerce, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, es decir, es “un agente colaborador del gobierno federal”, según lo establece el Artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Entre 2013 y 2018 Kiril Todorov reportó ingresos personales por 3.4 millones de pesos y en abril de 2019 se compró un departamento de contado en 3.9 millones de pesos. Aunque hubiera ahorrado todos sus ingresos, sus recursos no le alcanzarían para pagar esa propiedad en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (Proceso 2236). Sólo para la organización de justas internacionales, la FMN recibió 250 millones de pesos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) entre 2010 y 2015, según publicó el diario Excélsior en agosto de 2015, con datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información. De acuerdo con los estados financieros de la FMN, entre 2009 y 2018 (no incluye 2013) la Conade destinó 372 millones de pesos para esta federación. Esos documentos también indican que durante ese periodo la FMN tuvo ingresos totales por 444 millones de pesos (Proceso 2236).

La UIF, atenta

El artículo 224 del Código Penal también indica que “se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos, o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos”. En el caso de los Todorov, además de la propiedad a nombre de Kiril y las del señor Mintcho, también hay departamentos a nombre de Mariana Lubomilova Todorova y de Lubomira Ivanova Petrova, madre y esposa del presidente de la FMN, respectivamente. A quien se enriquezca ilícitamente se le decomisarán aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar y cuando el monto al que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda 5 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (434 mil 400 pesos) se le impondrán de dos a 14 años de prisión. Este es el escenario al cual se enfrenta el presidente de la FMN.
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Nieto lanza una advertencia a los distintos actores del deporte nacional: no crean que porque los montos de dinero con los que cometen actos irregulares no se cuentan en miles de millones de pesos la UIF no está pendiente de sus conductas. “Podemos hacer un modelo de riesgo vinculado con el deporte y sobre eso hacer investigaciones, priorizar cuáles son los asuntos más importantes donde hay mayor flujo de recursos y por la gravedad de los hechos”, explica Nieto. Y añade: “No se trata de algo arbitrario o discrecional, porque tenemos parámetros de actuación, como en el caso de los fideicomisos donde sí hemos presentado muchas denuncias, como en los casos de OHL y Odebrecht. Por eso comparto la idea del presidente López Obrador de que los fideicomisos se deben extinguir porque ahí los casos de corrupción son importantes”. –Justo ocurrió con el Fodepar, el fideicomiso del deporte, los servidores públicos de la Conade viven bastante bien; por ejemplo Alfredo Castillo, en una casa de millones de pesos al lado del campo de golf en Bosque Real. ¿A ellos no se les está investigando? –No en ese caso, pero sí valdría la pena investigarlo a él. –¿A Ana Guevara y su grupo de servidores públicos? –Insisto: no es tan discrecional. La UIF tiene un modelo de riesgo que es un algoritmo matemático que nos permite establecer una calificación de cero a 10 con base en 274 indicadores, como zona geográfica, monto de operaciones, perfil transaccional del cliente, etcétera. Esa es una vía, no es discrecional. Luego está el modelo reactivo, que es darle la información que nos solicita alguna área del gobierno federal, como la FGR, Sedena o la Secretaría de la Función Pública, por citar algunas. En algunos casos, las operaciones con dinero en efectivo dificultan el rastreo de actividad sospechosa. Sin embargo, eso no significa que la UIF no pueda detectarla. Eso explica por qué, por ejemplo, en el tema de las denuncias en la Cooperativa La Cruz Azul el caso no ha alcanzado al club de futbol. Muchas de las operaciones de compra y venta de jugadores donde hay un gran negocio fácil de ocultar se dan en efectivo. “En Cruz Azul hay que decir que (la presunta corrupción) llega a la Cooperativa, pero no al equipo de futbol”, aclara Nieto.

Otros pendientes

En junio último el diario Reforma publicó que la UIF y la FGR detectaron redes de lavado y cuentas millonarias en torno al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos. Amistades, familiares, su secretario particular y hasta el jefe de la oficina del gobernador, el exagente de futbolistas José Manuel Sanz, están en la mira de las autoridades federales. Un amigo de Blanco al que designó como apoderado de su marca Cuauhteminha, Jaime Tamayo Godínez, recibió en sus cuentas bancarias 558.2 millones de pesos entre 2013 y 2019. A su vez Tamayo transfirió 1.9 millones de pesos a una empresa de Sanz y otros 404 mil pesos a una cuenta bancaria a nombre del exfutbolista Marco Garcés, hoy director deportivo del club Pachuca y sobrino de Víctor Garcés, uno de los indiciados en el caso de la Cooperativa La Cruz Azul y a quien se le giró orden de aprehensión. Hoy es prófugo de la justicia. En el caso de la Cooperativa, Nieto refiere que Guillermo Billy Álvarez promovió un juicio de amparo contra el congelamiento de sus cuentas bancarias, pero como le negaron la suspensión solicitó una garantía de audiencia en la UIF. “Es un proceso administrativo para poder comprobar el origen de sus recursos, pero no lo ha acreditado. Por lo tanto, mantenemos la denuncia (ante la FGR). Vino aquí (a las oficinas de la UIF) con su documentación para aportar elementos que él estima probatorios (de su inocencia). Estamos haciendo la revisión del caso para emitir una resolución administrativa que él podría combatir si resulta en contra de sus intereses. Calculo que en unas tres semanas más ya habremos terminado de revisar esos documentos.” –¿Cabe la posibilidad de que salga bien librado y la UIF retire la denuncia? –No. La acusación tiene que ver con lavado de dinero y defraudación fiscal. Lo que podría suceder es que ellos (Billy Álvarez y Víctor Garcés) le paguen al SAT (Servicio de Administración Tributaria) lo que le deben y estaríamos en otro escenario. Las denuncias ya están presentadas y tendrán que resolverse en esos términos. “Para nosotros es un tema importante porque se trata de un caso paradigmático. Es importante mandar este tipo de mensajes acerca de que aunque haya gente muy poderosa económicamente tienen que llegar ante los tribunales para que los jueces determinen. No podemos darnos el lujo de que estas personas con poder no lleguen a los tribunales.” En otro caso el SAT hizo público que detectó 25 empresas que expidieron facturas entre 2013 y 2019 por servicios inexistentes por un monto de 8 mil 759 millones de pesos. Entre las señaladas se encuentra Suministros y Servicios Alfam, que en 2015 expidió comprobantes fiscales al club Atlas de la Liga MX cuando ya era propiedad de Grupo Salinas-TV Azteca. Esa empresa expidió comprobantes fiscales por más de 75 millones de pesos al Atlas, que es su único cliente. “Es la facturación apócrifa. Las empresas que hacen facturación simulada, las famosas EFOS (empresa que facturan con operaciones simuladas), se convirtieron en deporte en la pasada administración (la de Enrique Peña Nieto). Gente muy joven se convirtió en millonaria de la noche a la mañana por la venta de las facturas. “Con la reforma que hubo quedó establecido que las operaciones simuladas equivalen al delito de delincuencia organizada, por lo que se acreditaría la prisión preventiva oficiosa.”

El caso Conade

En la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción existen dos carpetas de investigación que se iniciaron luego de que la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, confirmó que durante el primer semestre de 2019 un grupo de funcionarios de la Conade desvió 50. 8 millones de pesos del fideicomiso Fodepar. Después de haber concluido la auditoría (número 12/2019) de ese periodo que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Órgano Interno de Control (OIC) de la SFP adscrito a la Conade llevó a cabo los informes de irregularidades de las observaciones 4 y 5 donde se configuran distintos delitos, entre ellos el de peculado. La SFP está obligada a aportar evidencias para ambas carpetas de investigación e incluso a presentar su propia denuncia por los hechos que Sandoval dio a conocer en febrero último. Asimismo esta secretaría deberá emitir las sanciones administrativas a las que serán acreedores los servidores públicos. No está demás señalar que el OIC de la Conade ya está auditando el segundo semestre de 2019, donde el Fodepar operó con más de 200 millones de pesos. Finalmente, en la FGR también descansa una denuncia presentada en mayo de 2019 contra Octavio Morales Vallarta, expresidente de la Federación Mexicana de Canotaje, quien no comprobó debidamente 1.7 millones de pesos que la Conade le ministró para el ejercicio fiscal 2015. La querella fue presentada por Othón Díaz Valenzuela, presidente de esa federación en 2019, quien le pidió al fiscal Alejandro Gertz Manero iniciar una carpeta de investigación y ejercer la acción penal correspondiente contra Morales Vallarta para que tenga lugar la reparación del daño ocasionado al erario. En julio de 2019 quedó abierta la carpeta de investigación número FED/FECC-CDMX/0000068/2019 en la Célula de Investigación Uno. Ese dinero no comprobado era parte del patrimonio del fideicomiso Fodepar. Hasta ahora la Conade no ha realizado ninguna acción para recuperar los 1.7 millones de pesos ni se ha interesado en denunciar a Octavio Morales Vallarta. Reportaje publicado en la edición 2285 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí