'No podemos dejar que nuestro hogar sea tomado por Beijing”

sábado, 22 de agosto de 2020
A 40 días de su promulgación por el gobierno chino, los gremios periodístico y académico de Hong Kong muestran su indignación hacia la ley de seguridad nacional que se les impuso. Es un asalto a la democracia, dicen, mediante la cual se intenta acabar con el movimiento de oposición que mantuvo en jaque al gobierno local en 2019. Pese a las detenciones de los últimos días, los activistas aseguran que no dejarán que su hogar sea tomado por Beijing. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El gobierno de Beijing promulgó el pasado de 30 de junio la Ley de la República Popular China sobre la Salvaguardia de la Seguridad Nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la que endurece las medidas contra quienes expresen algún tipo de inconformidad o disientan de manera abierta con las autoridades de la excolonia británica. Hoy, quien enarbole lemas como “Liberen a Hong Kong; la revolución de nuestros tiempos” o utilice objetos con la frase “Independencia de Hong Kong” puede ser arrestado por promover la presunta secesión del país e incluso ir a prisión tres años si el delito es tipificado como menor, o a cadena perpetua si es grave, acorde con la nueva norma. La medida punitiva aprobada en secreto en Beijing se hizo extensiva a las escuelas, donde se pide a los alumnos detener la proliferación de eslóganes en las aulas o entonar canciones que contengan mensajes políticos, según una comunicación enviada por el secretario de Educación de Hong Kong, Kevin Yeung, al legislador Ip Kin-yuen el 8 de julio último. Tras la promulgación de la controvertida ley desaparecieron de las librerías locales los volúmenes de activistas prodemocráticos, como Joshua Wong y Tanya Chan, según reportó AFP. Nathan Law, una figura emblemática de la oposición, decidió huir de la localidad. Hay otros 12 candidatos democráticos a quienes las autoridades prohíben participar en las elecciones parlamentarias que estaban programadas para el próximo septiembre, pero que se pospusieron un año –alegando medidas de seguridad por la pandemia de covid-19–, según un comunicado emitido el 30 de julio. La escalada represora alcanzó el lunes 10 a Jimmy Lai, fundador y presidente del periódico Apple Daily, crítico del gobierno de Beijing. En un comunicado, el Club de Corresponsales Extranjeros en Hong Kong difundió que el magnate fue arrestado en su hogar, mientras 200 policías allanaban la redacción y las oficinas del diario. El operativo fue grabado y transmitido en vivo a través de la cuenta de Facebook del periódico. A Lai se le acusa de presunta colusión con fuerzas extranjeras, acto que es penado por la nueva ley. El gobierno local defiende la legislación. Regina Ip, exsecretaria de seguridad y actual miembro del Consejo Ejecutivo y del Consejo Legislativo, declaró a la China Global Television Network que la ley es necesaria porque bloquea algunas lagunas en la ley hongkonesa para proteger al territorio; es una acción que ayudará a la ciudad a “restaurar el orden”. Los gobiernos del Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá y Taiwán, así como miembros de la Unión Europea se lanzaron contra la controvertida ley. El Reino Unido armó incluso un plan para que quienes hayan nacido en Hong Kong antes de 1997 –cuando el territorio aún era colonia británica– puedan usar su pasaporte de ultramar y emigrar libremente para tener la oportunidad de adquirir una nueva ciudadanía después de cinco años de residencia. Académicos y activistas advierten que el futuro del movimiento prodemocrático y la libertad de expresión están siendo vulnerados por la ley de seguridad nacional, que traerá cambios drásticos. Sharron Fast, subdirectora del programa de la maestría en periodismo y catedrática del Centro de Periodismo y Estudios de Medios de la Universidad de Hong Kong, comenta al reportero: “Estoy segura de que, histórica y geográficamente, la ley es el ataque más agresivo y sistemático a la libertad de expresión jamás visto. Es tan rápido, veloz y severo, que será una crisis humanitaria”. La ley de seguridad nacional se promulgó desde Beijing, lo cual sobrepasó a la legislatura de Hong Kong. Los cuatro delitos que castiga la nueva norma son: secesión, subversión, actividades terroristas y colusión con un país extranjero o elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional. Cualquier persona que incurra en estos actos, aun cuando no sea residente de Hong Kong o bien estos se cometan fuera del territorio, puede quebrantar esa ley que, según Sharron Fast, tiene “jurisprudencia global”.

Las jornadas de resistencia

En junio de 2019 casi 2 millones de personas protestaron contra un proyecto de ley mediante el cual se pretendía legitimar las extradiciones a China continental, es decir, el territorio que no incluye a Hong Kong, Macao y Taiwán, según informó el Frente Civil de Derechos Humanos, organizador de esa movilización. Hong Kong forma parte de China, pero opera bajo un principio de “un país, dos sistemas” y, según su Ley Básica –el equivalente a una constitución–, tendrá autonomía de Beijing durante 50 años a partir de que el Reino Unido devolvió la excolonia a China en 1997. Esto permite a las autoridades ­hongkonesas tener un poder judicial independiente al de Beijing, así como otras libertades cotidianas, tales como internet abierto y libertad de prensa, sin tener una acreditación del gobierno para laborar. Las protestas de 2019 avanzaron hacia un movimiento prodemocrático que enarbolaba cinco demandas principales, entre ellas, sufragio universal en Hong Kong. En algunas movilizaciones posteriores –que continuaron hasta principios de este año y se disiparon por el coronavirus– hubo enfrentamientos violentos entre los ciudadanos y la policía. Keith Richburg, director del Centro de Periodismo y Estudios de Medios de la Universidad de Hong Kong, explica en entrevista que las protestas de 2019 “atemorizaron mucho a China”, cuyo gobierno ya había intentado establecer una ley de seguridad nacional. Richburg, quien laboró para The Washington Post más de 30 años, sostiene que Beijing no tenía control completo sobre Hong Kong al no contar con un aparato de seguridad nacional fuerte como en otras partes del país; de hecho, dice, usó las protestas como excusa para instrumentar esta legislación. Bruce Lui, catedrático de periodismo de la Universidad Bautista de Hong Kong y quien fue corresponsal de Hong Kong Cable Television Limited y TVB en China 12 años, comenta en entrevista que la última interpretación de esos delitos la tiene la autoridad del territorio continental y desprotege la libertad de expresión. Y sentencia: “Creo que, para los defensores de la independencia y el localismo, y también para las personas que planean organizar protestas, hay efectos muy claros de que esa libertad de expresión no puede protegerse”. Richburg sostiene, por su parte, que esta ley se utiliza en China continental para castigar a los disidentes y que estas leyes son deliberadamente vagas, para que sea más fácil condenar algún acto. “Tienes que ver cómo usan esa ley en China, y no la están usando para ir contra terroristas. No la usan para ir contra personas como Al Qaeda o el Estado Islámico, que amenazan con poner bombas en las estaciones del metro de Beijing; no, la están usando para ir contra la gente que critica al Partido Comunista”, afirma. Tras el primer día de promulgación de la nueva norma, algunos hongkoneses comenzaron a eliminar sus cuentas de redes sociales por temor a represalias. Fast, Richburg y Lui consideran que los lineamientos de los delitos que sanciona la ley de seguridad no son claros. Se establece, por ejemplo, dice Fast, que los “casos complejos” serán atendidos en China continental; incluso se incluyen términos como “secretos de Estado”, pero éstos no se definen. “Cuando tú no tienes claro qué se puede hacer y qué no, las personas no pueden ‘jugar en territorio seguro’ y luego sólo les queda autocensurarse”, abunda Lui. Además, el proceso de promulgación de la ley no fue transparente. Ni siquiera la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam –la cabeza del Poder Ejecutivo en el territorio–, estuvo enterada de qué decía la ley, asegura Fast. “Nadie sabía lo que decía la ley. ¡Imagina al presidente de México sentado, esperando en su computadora, presionando el teclado para actualizar cada cinco minutos, esperando que se promulgue una ley y se apruebe desde Beijing!”, dice la especialista en leyes y derechos humanos. También hay incógnitas sobre el futuro de la libertad de expresión en Hong Kong. Los artículos 9 y 10, por ejemplo, establecen que el territorio tomará las medidas necesarias para reforzar la comunicación, guía, supervisión y regulación de cuestiones que involucren la seguridad nacional, incluyendo a medios de comunicación e internet, y que puede “promover” la educación de seguridad nacional por estas vías. Fast explica que esto es problemático porque nunca ha sido el deber de un periodista ser “portavoz” del gobierno. Lui advierte que probablemente puedan concretarse algunas pautas en el futuro para los medios de comunicación.

Condena gremial

Mediante un comunicado, el Club de Corresponsales Extranjeros en Hong Kong condenó el lunes 10 el arresto de Jimmy Lai y el allanamiento a la sede del periódico Apple Daily, y mencionó que eso representa un asalto directo a la libertad de prensa de la ciudad. Chris Yeung, presidente de la Asociación de Periodistas de Hong Kong, comentó a la prensa ese mismo día que los periodistas se preparan para lo peor, según reportó la cadena Radio Television Hong Kong. China ocupa el lugar 177 de 180 en el Índice de Libertad de Prensa 2020 de Reporteros Sin Fronteras, apenas tres lugares arriba de Corea del Norte, que ocupa el último sitio. Nathan Law, cofundador del partido Demosisto, disuelto tras la promulgación de la ley de seguridad nacional, se exilió en el Reino Unido, según reportaron medios chinos. Desde ahí comenta al reportero que continuará su lucha, pues considera necesario que haya voces en el exterior que aboguen por la justicia en Hong Kong. “Bajo la nueva ley, si yo digo que los países deben sancionar a China o deben imponerle más restricciones, estaría violándola; podría tener años de sentencia. Uno de los propósitos principales de esa ley es restringir el trabajo de defensa en el frente internacional”, dice. En cuanto a la continuación de la representación prodemocrática en Hong Kong tras la descalificación de 12 de sus candidatos a las próximas elecciones, Law prevé más descalificaciones. Las elecciones estaban programadas para septiembre próximo, pero se pospusieron un año, según reportaron medios locales, como Hong Kong Free Press. Carrie Lam, jefa ejecutiva de Hong Kong, citó razones de salud pública para ese retraso, pero la oposición está segura de que esto se debe a que temen que el ala prochina pierda la elección. “En esta brecha de un año, Beijing definitivamente intentará manipular las elecciones y hacerlas injustas”, dice Law. Con el retraso en la elección futura, el peor escenario ya está ocurriendo para Hong Kong, considera Fast, aunque ella prevé que los siguientes pasos serán los primeros casos de transgresores enviados a China continental. Para quienes participaron en las manifestaciones masivas de 2019 hay pocas posibilidades de salir a las calles por ahora. June Ho, quien cursó su licenciatura en estudios relacionados con los medios de comunicación en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong y participó en las protestas, dice en entrevista que las restricciones de reunión –por el coronavirus– de grupos de personas en las calles impiden las movilizaciones. Hong Kong está pasando en la actualidad por su tercera ola de contagios del SARS-CoV-2. Ho detalla que varios de sus compañeros siguen componiendo canciones e imágenes en línea con mensajes ocultos; otros consideran que eso es callarse ante las medidas represivas contra la libertad de expresión. No obstante, afirma que seguirán creyendo en sus principios. “Para la gente de Hong Kong es bastante difícil ganar esta guerra. Hong Kong es nuestro hogar; creo que no podemos simplemente verlo tomado por Beijing”, sintetiza la entrevistada.
Reportaje publicado el 16 de agosto en la edición 2285 de la revista Proceso.