La semana pasada la Cooperativa La Cruz Azul quedó en manos del grupo disidente liderado por Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín, luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana irrumpió en las instalaciones –en el sur de la Ciudad de México– y se las entregó, en acatamiento a una orden emitida por el juez 60 de lo civil, Julián Molina Suárez. Hoy, Billy Álvarez y otros directivos están prófugos, mientras un hermano del defenestrado directivo, Alfredo Álvarez, rindió testimonio ante la Fiscalía General de la República apelando al criterio de oportunidad y hoy se erige como el gran acusador. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– José Alfredo Álvarez Cuevas no sólo declaró contra su hermano, Guillermo Héctor Billy Álvarez Cuevas –cuya carta de renuncia a la dirección general de la Cooperativa La Cruz Azul es puesta en duda en la cementera–, sino que también lo acusó de liderar una serie de mecanismos utilizados para “desviar dinero” de la empresa. El director de Planeación Estratégica de la cooperativa y vicepresidente de su club de futbol aportó pruebas y detalló que por conducto de su hermano –hoy prófugo de la justicia– hubo desvíos millonarios de recursos de la cooperativa mediante el pago de facturas a empresas que simularon servicios nunca adquiridos o coadyuvaron en el quebranto de la cooperativa. Entre los implicados, Alfredo mencionó a Billy Álvarez y a su cuñado Víctor Manuel Garcés Rojo como los operadores principales de esa red. Rindió su testimonio motu proprio en la Fiscalía General de la República (FGR) el 5 de junio pasado para “perfeccionar la carpeta de investigación y el debido esclarecimiento de los hechos que se investigan”, así como para sujetarse a un “criterio de oportunidad”. Declaró también que la compraventa de jugadores para el equipo de futbol fue pactada a sobreprecio. Y aun cuando Billy Álvarez no tenía autorización de la cooperativa a causa de una sentencia de facultades declaradas contrarias desde 2013 (expediente 85/2011), ordenó hacer depósitos a por lo menos siete empresas entre 2011 y 2017, así como por lo menos 91 transferencias bancarias durante ese periodo que, calculan los disidentes encabezados por Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín, causó un quebranto por 190 millones de pesos a la cementera. Velázquez y Marín, integrantes del Consejo de Vigilancia y del Consejo de Administración de la cementera, respectivamente, habían sido suspendidos como socios en 2018 por la asamblea general de la cooperativa. Según la copia del expediente que obtuvo Proceso, ese testimonio fortaleció la petición de la FGR, que el pasado 29 de julio logró que un juez federal con sede en el Centro Federal de Readaptación Social de Máxima Seguridad Número 1 en Almoloya de Juárez, girara una orden de aprehensión contra Billy Álvarez. Las agravantes son los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Simultáneamente se libró una orden de captura contra Garcés Rojo, exdirector jurídico de la cooperativa y actual asesor jurídico del director general; Eduardo Borrell Rodríguez, director jurídico; Mario Sánchez Álvarez, director financiero, así como al abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda, como partícipes en la organización delictiva. Entre los argumentos presentados al juez, la FGR arguyó que la carpeta de investigación contiene pruebas “que en su conjunto logran establecer la probabilidad de que Guillermo Héctor Álvarez Cuevas participó en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Por lo que atañe a Garcés Rojo y los otros implicados en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita –previsto y sancionado en el artículo 400 Bis, fracción I del Código Penal Federal–, la fiscalía estableció que, por los datos de prueba obtenidos, Billy y los otros coacusados hicieron 91 operaciones bancarias entre el 28 de julio de 2011 y el 21 de julio de 2017. Ellos ocultaron el destino de recursos, a sabiendas de que se trataba de una actividad ilícita, pues aun sin contar con facultades hicieron pagos por 114 millones 198 mil 846 pesos durante el periodo referido a siete “empresas facturadoras de operaciones simuladas”: Plexival, Trans Nau, Attar 2715, Recursos Financieros Kerala, Asesorías Profesionales Eicer, K&C Consulting y Expertos en Asesoría Empresarial, todas ellas incluidas en la lista del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Esas compañías, explica la fiscalía, fueron utilizadas para ocultar el destino de los recursos de la Cooperativa La Cruz Azul mediante operaciones comerciales simuladas o prestación de servicios inexistentes. Para el caso del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto por el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, la sanción va de los cinco a los 15 años de prisión. A Billy también se le atribuye el delito de delincuencia organizada –hipótesis de quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión respecto de la delincuencia organizada– con pena privativa de libertad de ocho a 16 años. Y para quien no ostente las funciones anteriores –en el caso de Garcés Rojo, Borrell Rodríguez, Sánchez Álvarez y Junquera Sepúlveda–, la pena es de cuatro a ocho años y amerita prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2284 de la revista Proceso, ya en circulación.