Saldos de un compromiso calderonista

sábado, 12 de septiembre de 2020
Favorecida por Pemex con un contrato de ensueño para su proyecto Etileno XXI, la empresa Braskem, filial de Odebrecht, reclama el cumplimiento de las condiciones aceptadas por el gobierno de Felipe Calderón: el cuantioso pago de penalizaciones por no recibir de la petrolera la cantidad establecida de etano. Pero además, en un informe ante el regulador del mercado de valores estadunidense, se queja de que el contrato está en peligro y amaga con exigir en tribunales la aplicación de otra cláusula, que obligaría a Pemex a comprar la fallida planta y sus deudas. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La inversión más grande en un sexenio, de la cual se ufana el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, correspondiente al complejo Etileno XXI, tiene en jaque a Pemex, acusada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) por incumplimiento de contrato y con la amenaza de obligarla a adquirir esa planta. En su reporte ante la SEC, la empresa Braskem –filial de Odebrecht– advierte que podría iniciar acciones legales contra Pemex, pero también alerta sobre una posible expropiación o nacionalización por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador. El 19 de febrero de 2010 el gobierno de Felipe Calderón firmó un contrato de venta de etano por 20 años para suministrar diariamente 66 mil barriles a Braskem, la cual se alió con la mexicana Idesa; ambas formaron Etileno XXI para procesar polietileno. Las multas que hoy le imputa Braskem a Pemex por la disminución de la cuota diaria que está obligada a entregar sumaron durante el año pasado 39 millones de dólares. Al tipo de cambio de hoy (21.27 pesos por dólar) representan 829 millones 530 mil pesos. Desde que Etileno XXI entró en funcionamiento (julio de 2016) Pemex no pudo cumplir con la cuota total de etano a la que se comprometió la administración de Calderón. Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó puntualmente las multas, que hasta 2018 sumaron cerca de 3 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. El gobierno actual se ha negado a entregar las notas de crédito que respaldan la multa de 39 millones de dólares, por considerarlo “un contrato leonino”. Eso basta para que Braskem demande que se cumpla otra cláusula del contrato, mediante la cual se obliga a Pemex a adquirir el complejo petroquímico. Si Odebrecht se va a los tribunales, México tendría que pagarle en el presente año mil 211 millones de dólares (26 mil 302 millones 920 mil pesos), según el anexo IX del contrato y su tabla 1 de valores de capital. Pero además el contrato obliga a la petrolera mexicana a “pagar las deudas” que Braskem tenga en el momento de la demanda y las de “sus filiales”. Tiene cuatro en el país. Durante la firma de ese contrato desventajoso para el país, la secretaria de Energía era Georgina Kessel; el de Hacienda, Agustín Carstens; dirigía Pemex Petroquímica –la filial que firmó el contrato– Jordi Herrera, y el director general era Juan José Suárez Coppel. Héctor Rangel Domene, quien estaba a la cabeza de Nafin y Bancomext, autorizó un préstamo de 400 millones de dólares para el consorcio brasileño.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2289 de la revista Proceso, ya en circulación.