Tras la petición del presidente López Obrador a la Suprema Corte para que se pronuncie sobre la legalidad de una consulta popular en torno al juicio a expresidentes, hay una serie de agravios por represión, abuso de autoridad y presuntos delitos patrimoniales que, independientemente de la eventual aprobación de la consulta, ya se están investigando. Se trata de casos denunciados ante instancias internacionales de justicia y derechos humanos que pueden reactivarse o cuyas sentencias requieren cumplirse. CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que una consulta popular decida si debe investigarse y, en su caso, procesar a cinco expresidentes o no, arrojó luz sobre el cauce que tomarán las investigaciones en caso de que proceda y que, de hecho, independientemente de la consulta, se desarrollan en expedientes ya abiertos. Se trata de la reapertura, activación o cumplimiento de sentencias que incluyen investigaciones mayoritariamente relacionadas con procesos represivos, violaciones masivas de derechos humanos y la actualización de algunos delitos patrimoniales por los que se sigue pagando –y por lo tanto, se actualizan a cada abono–, que se encuentran en la mira del gobierno de la República, en muchos casos coincidentes con las reivindicaciones de las izquierdas históricas y del propio López Obrador.

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Entre éstos destaca, según una consulta realizada al equipo presidencial, el de 295 perredistas asesinados por motivos políticos durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y 349 durante el de Ernesto Zedillo, en cuyo periodo ocurrió la matanza de Acteal, en Chiapas, cuando 45 indígenas tzotziles fueron masacrados el 22 de diciembre de 1997. El caso fue procesado en una corte civil estadunidense en un intento de probar una política de Estado, un proceso que en 2012 se frenó respecto a la inclusión del expresidente del fin de siglo, por una nota diplomática de Felipe Calderón en la que reivindicó la inimputabilidad presidencial. Sin embargo el asunto está vivo: la masacre de Acteal llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2005 y desde entonces el Estado mexicano litigó para evitar asumir su responsabilidad. Sin embargo el pasado jueves 3 la Secretaría de Relaciones Exteriores signó una solución amistosa en la que el Estado admitió su responsabilidad en los hechos y asumió la reparación del daño.

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Durante el acto, Fernando Luna Pérez, en nombre de las víctimas, recordó que no se agotó la línea de investigación relacionada con la estrategia de contrainsurgencia y se declaró a favor de que se investigue y se lleve a juicio a toda su cadena de mando. A juzgar por declaraciones de exfuncionarios en el juicio en Estados Unidos, la estrategia contrainsurgente, que a través de paramilitares sembró el terror en los Altos de Chiapas, llegaría hasta el expresidente Zedillo. En el caso de Zedillo, uno de los puntos de la exposición de motivos en la propuesta presidencial de consulta popular, es explícito en un asunto que en la perspectiva de López Obrador “adjudicó al conjunto de mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del rescate bancario de 1998. A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda asciende a cerca de 2 billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070”. Fragmento del reportaje publicado en la edición 2290 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.