Expertos juristas alertan, en sendas entrevistas con Proceso, acerca de los riesgos que entraña para la autonomía del Poder Judicial la reforma que propuso, sin consenso previo entre magistrados y jueces federales, el ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La iniciativa de reforma judicial que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (
SCJN), Arturo Zaldívar, presentó al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión en febrero no se consultó con jueces ni magistrados federales, lamenta el director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Ariel Rojas Caballero.
En entrevista para
Proceso, el magistrado federal, adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con residencia en Guanajuato, agrega que la propuesta tampoco fue consultada con el resto de los ministros que integran el Pleno de la Corte, lo que preocupa dentro y fuera del Poder Judicial de la Federación.
Además, advierte que la posibilidad de una reforma judicial se da en un contexto de ataques y descalificaciones a la independencia de los jueces y magistrados federales por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, situación que califica como “grave” en cualquier parte del mundo.
Para Julio Ríos Figueroa, del Centro de Investigación y Docencia Económicas y uno de los pioneros en el estudio de la vida interna de la judicatura, ni siquiera es momento de realizar una reforma judicial de gran calado, debido al contexto político, pues abre las puertas a que se realicen cambios constitucionales que minen la autonomía del Poder Judicial.
El investigador señala que aun cuando la iniciativa de Zaldívar tiene aspectos positivos y algunos riesgos internos por la concentración de poder en el Consejo de la Judicatura Federal, el riesgo real es que la mayoría parlamentaria afín al gobierno federal busque “colar” sus propias reformas, incluyendo los cambios que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha propuesto para ampliar la opacidad y discrecionalidad del Ministerio Público en los procesos penales, y por tanto, acotar el respeto a los derechos humanos.
“Si se abre la puerta a una reforma judicial en este momento, aun presentando la iniciativa del ministro Zaldívar, las reformas constitucionales generalmente se hacen en paquete y habrá otro tipo de reformas. Si las fuerzas políticas se animan a realizar una reforma, no sólo sería solamente la judicial, sino que entrarían las de procuración de justicia que pensaba meter Gertz Manero y otras reformas que los partidos quieran negociar. Justo en esas negociaciones se pueden colar un montón de cosas; si entra la propuesta de Zaldívar es poco probable que salga intacta y existe un gran riesgo de aprobar otro tipo de reformas que afecten al Poder Judicial”, advierte.
Fragmento del texto publicado en la edición 2290 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.
