A seis años de Ayotzinapa: 'No se trata sólo de cambiar la narrativa”

viernes, 25 de septiembre de 2020 · 18:39
A días de cumplirse seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de López Obrador no debe caer en la tentación de “cambiar la narrativa” sin sustento sólo para cerrar el caso y oponerse a la “verdad histórica” del sexenio de Peña Nieto, dice en entrevista Santiago Aguirre, director del Centro Prodh y representante de las familias agraviadas. Por el contrario, hace un llamado a continuar la búsqueda, las detenciones, y obtener información de quienes aún no la han aportado, como el Ejército... CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Más allá de un cambio de la narrativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, la expectativa de padres y madres de las víctimas es que se lleven a cabo detenciones clave que conduzcan a conocer el destino final de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace seis años, y que permitan sancionar a responsables de la manipulación de la indagatoria, alerta Santiago Aguirre Espinosa, representante de los familiares de los normalistas y director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). En víspera de cumplirse seis años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, Aguirre Espinosa hace un balance sobre los avances, pendientes y preocupaciones que subsisten alrededor del caso, cuyo abordaje por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría que ser tomado como ejemplo para atender las más de 75 mil desapariciones de personas que prevalecen en el país. La entrevista con el director del Centro Prodh ocurre días después de que el presidente López Obrador se reunió con familiares de los jóvenes desaparecidos en Palacio Nacional, el viernes 11, encuentro en el que se anunció que el sábado 26 el mandatario dará un mensaje sobre el caso. “Algunas voces dentro del gobierno federal han estado diciendo que se necesita una nueva narrativa del caso. Eso no les gusta a las familias, no es su expectativa; quieren verdad y justicia. Pero si una nueva narrativa es hacer un recuento de las diferencias entre la verdad histórica y lo que hoy sabemos, enumerar las actuaciones realizadas puede ser útil y relevante para la sociedad mexicana”, destaca Aguirre Espinosa. Sin embargo, alerta que madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos no quieren que se pretenda construir una nueva narrativa “a partir de fuentes no consolidadas y dudosas, que pueden abonar a la incertidumbre y a la zozobra de las familias”. Explica que la preocupación de que se construya una “nueva verdad histórica” se deriva de la filtración de la declaración de un testigo de identidad reservada, que aún no ha sido corroborada, aunque forma parte del expediente. “El hecho de que se filtrara esa declaración lo interpretamos como que había una intencionalidad de decir que aquí hay un relato de cierre del caso, cuando todavía estaba madurándose”, agrega el defensor. En la reunión del viernes 11, los padres y madres de los desaparecidos reiteraron al presidente esa inquietud, la misma que ya le habían manifestado en julio. López Obrador se comprometió con los familiares de las víctimas a no precipitar el cierre del caso. La versión, que aún no ha sido corroborada por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, es la de un presunto integrante de Guerreros Unidos, quien dijo que la noche del 26 de septiembre de 2014, integrantes de un grupo rival al suyo se habrían infiltrado entre los estudiantes; que la detención la operaron militares, policías municipales, estatales y federales; que los jóvenes fueron asesinados, “destazados” e incinerados en el crematorio de una funeraria; que los restos fueron esparcidos cerca de Iguala y Taxco y que quien coordinó el operativo había sido asesinado en 2018 (Proceso 2280). https://www.proceso.com.mx/649360/buscan-en-mexicali-a-uno-de-los-43-normalistas-de-ayotzinapa-estaria-en-situacion-de-calle
Dudas y pendientes
Para el abogado de los familiares de los jóvenes desaparecidos, la forma tan desa­seada como se llevó a cabo la investigación por parte de la extinta Procuraduría General de la República, “no permite reconstruir con precisión momento a momento qué es lo que ocurrió; ante esos huecos que todavía hoy tenemos, lo peor sería forzar una narrativa para llenarlos”. Agrega que, como representantes de padres y madres, han coincidido con los expertos independientes en recomendar a López Obrador no permitir que las investigaciones sean “susceptibles a presiones que lleven a versiones de cierre y conclusivas cuando todavía no es tiempo”. Insiste en que “un caso como éste no puede cerrarse, solucionarse, ponérsele fin, hasta que no esté determinado el paradero de las víctimas”. Aguirre destaca que la prioridad para sus representados es “avanzar en las detenciones” de personajes que pudieron estar involucrados en la desaparición, así como en la manipulación de la investigación, en particular del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, quien tiene una orden de aprehensión y es buscado por la Interpol. El director del Centro Prodh recuerda que el lunes 14, en su conferencia matutina, López Obrador sostuvo que Zerón se hallaba en Israel y no en Canadá, como antes se había informado oficialmente. “Ojalá y sea cierto que Zerón está en Israel y habría que ver los documentos que así lo confirmen porque, anteriormente, ¿con qué información dijeron que estaba en Canadá?”, cuestiona Aguirre. A casi seis años de la desaparición, el defensor resalta que para los familiares de las víctimas ha sido “tortuoso” que apenas se hayan aceptado sus observaciones de que detrás de los hechos operaba una “red criminal” en la que participaban corporaciones policiacas municipales de Iguala y Cocula, integrantes de las policías estatal y federal y el Ejército. Las familias se han tenido que enfrentar también a “criterios judiciales encontrados” –sobre la entidad en que tendría que litigarse el caso, el sistema judicial, las leyes, códigos y tipos penales aplicables– que han retrasado las actuaciones y que han mandado un mensaje de que “en México las víctimas no tienen acceso a la justicia”.  A esas dificultades, el director del Centro Prodh agrega la falta de colaboración de “las cabezas del Ejército o que estaban en posiciones importantes en Guerrero durante la anterior administración, y todavía está pendiente la investigación de miembros del 27 Batallón vinculados con la delincuencia organizada, un tema en el que hay que seguir insistiendo, dado que hoy tenemos un Ejército muy empoderado”. También está pendiente de concretarse la solicitud del gobierno mexicano al de Estados Unidos para obtener información –de un mexicano miembro de Guerreros Unidos que está siendo procesado por la corte del Distrito de Illinois– sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014. Más allá de los pendientes y las preo­cupaciones que subsisten, para Santiago Aguirre hay avances relevantes que son lecciones que deben ser aprendidas y replicadas. El hallazgo y posterior identificación del resto óseo de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, producto de búsquedas en las que participaron representantes del Centro Prodh y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “termina de confirmar que, efectivamente, el basurero de Cocula no fue el paradero final de todos los estudiantes como lo había dicho la anterior administración”.  A un nivel más amplio, la identificación de Christian “nos muestra que es posible dar con la verdad en casos de desa­parición de varios años atrás, no es absolutamente imposible, y que el camino es la asistencia internacional, porque en México no podemos avanzar solos, hay que abrirnos y hay que hacer búsquedas de campo”. Aguirre también valora las detenciones efectuadas este año, entre ellas la de Blanca Bernal Castillo, quien fue agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación en Materia de Secuestro, que “validó retenciones ilegales, falsificó documentos, dio fe de la recolección de restos en el basurero de Cocula y en el río San Juan, cuando está probado que se encontraba en la Ciudad de México; validó la tortura y no la denunció”. De igual manera se congratula de la formal prisión para quien fue director de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, identificado en un video como quien dirigió la tortura de uno de los acusados de participar en el caso Ayotzinapa, Carlos Canto (Proceso 2125). En marzo fueron sometidos a proceso tres servidores públicos acusados de tortura: el marino Isidro Junco Barajas y los policías ministeriales federales Ezequiel Peña Cerda y Ariel Agustín Castillo Reyes. A estos últimos además se les acusa de delitos contra la administración de la justicia y abuso de autoridad. https://www.proceso.com.mx/650135/alistan-mas-policias-en-el-zocalo-para-evitar-choque-entre-marcha-de-ayotzinapa-y-frena Para el defensor, “el procesamiento de los que torturan, como Carlos Gómez Arrieta, tiene un potencial de inhibición muy fuerte, porque puede alertar a otros funcionarios de que por incurrir en esas prácticas pueden ser llamados a rendir cuentas ante la justicia; es esperanzador porque muestra que no siempre van a seguir siendo impunes los que violan derechos humanos”. Aguirre admite que el confinamiento declarado por la pandemia ha afectado desde procedimientos como el envío a la Universidad de Innsbruck de otros restos localizados en la Barranca de la Carnicería, donde se localizaron los de Christian Alfonso, ante la imposibilidad de volar a Austria, o el acercamiento de la Comisión para la Verdad con personas que están privadas de la libertad y podrían tener información sobre el paradero de los muchachos, ante las restricciones de visitas a los penales federales; de la misma manera, se ha convertido en una limitante para que los padres de los 43 normalistas lleven a cabo las manifestaciones que solían realizar cada mes. A seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el abogado reconoce que la gravedad del caso significó un punto de inflexión para la sociedad, algo que no necesariamente ocurre con las autoridades. “Falta todavía alinear más las voluntades de los distintos niveles de gobierno y de las propias instituciones del gobierno federal hacia la priorización que requiere la crisis de desapariciones que tenemos en México, crisis que se mantiene porque las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda dan cuenta de que en estos dos años han seguido ocurriendo las desa­pariciones. El fenómeno ahí está, no ha acabado ni ha cambiado. Las violaciones de derechos humanos no pueden acabar por decreto”, concluye.  Reportaje publicado en el número 2290 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 20 de septiembre de 2020. https://www.proceso.com.mx/649953/familiares-de-los-43-desaparecidos-ayotzinapa-protestan-en-el-consejo-de-la-judicatura