Las denuncias por subejercicio, presunta corrupción y opacidad en el manejo del erario le están complicando el manejo de la pandemia al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Desde el Congreso del estado se exige auditar a los servicios de salud en vista de que se detectó un subejercicio superior a 2 mil 500 millones de pesos y el personal médico exige que se apliquen en el sector los mil 800 millones que el Insabi transfirió a la entidad para enfrentar el covid-19. Sin embargo, esto no sucede y la cifra de contagios y fallecimientos sigue acumulándose.

OAXACA, Oax. (Proceso).- Al corte del martes 22, en Estados Unidos han muerto 258 migrantes provenientes de la entidad a causa del covid-19, informó la directora general del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Aída Ruiz García. Sin embargo, sólo 75 de esos fallecidos –66 hombres y nueve mujeres– han sido repatriados, pues la mayoría fueron reclamados por familiares radicados en aquel país.

Ruiz García agregó que en total han fallecido 3 mil 190 migrantes mexicanos en Estados Unidos, de los cuales 606 son de Puebla, 293 de Guerrero, 258 de Oaxaca y el resto de otras entidades.

Hasta el pasado lunes 21 se habían acumulado en el estado 27 mil 35 contagios de covid-19 y 2 mil 44 muertes.

Esta preocupante situación hace más delicados los señalamientos de presuntos actos de corrupción en instancias gubernamentales encargadas de combatir la pandemia.

Personal médico sindicalizado ha protestado en las calles, realizado paros en sus centros de trabajo y tomado oficinas centrales de Salud para que el gobierno entregue equipo médico, surta medicamentos, pague el bono covid-19 y respete sus prestaciones.

Alberto Vásquez San Germán –secretario general de la Subsección 07 de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso– sostiene que el gobierno federal por medio del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ya entregó mil 800 millones de pesos al gobierno de Alejandro Murat, pero en los hospitales y centros de salud “no tenemos medicamentos ni otros insumos. Lo que más se necesita son antibióticos, analgésicos, antivirales, soluciones, jeringas, y se ha llegado a padecer falta de anestésicos. Así estamos en el Hospital Civil, que es el más grande y el más resolutivo del estado; ya te imaginas cómo está el resto de la entidad”.

En abril pasado el líder sindical se confrontó abiertamente con el gobernador Murat, quien supuestamente presentó una denuncia por el robo de 20 kits de materiales de protección contra el covid-19 en el Hospital Civil.

Para Vásquez San Germán, los recursos que no aparecen o no se han aplicado en el combate a la pandemia podrían tener un fin político, toda vez que a partir del 1 de diciembre se inició el proceso electoral.

En su IV Informe de Gobierno, que presentó el 1 de noviembre, Murat se regodeó: “Hemos estado al pendiente de nuestros héroes y heroínas de batas blancas”.

El mandatario no mencionó que hasta el reporte del pasado miércoles 16 se registraban 3 mil 502 casos de covid-19 entre el personal médico: mil 338 enfermeras, mil 46 médicos y mil 118 trabajadores. En el mismo periodo se han documentado 49 defunciones por covid-19: 23 médicos, 14 trabajadores del sector, ocho enfermeras, tres dentistas y un laboratorista.

El mandatario estatal también presumió que su gobierno es el que ha terminado más nosocomios en “la historia de Oaxaca”. Se refirió así a la construcción de uno móvil, con 18 millones de pesos, aledaño al Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, así como al Macedonio Benítez, de Juchitán; el de Especialidades, de allá mismo; el de la Mujer, y el de Tlaxiaco.

Con esos hospitales, dijo Murat, “hemos saldado la deuda que nos dejaron”, en referencia a que se entregaron al ISSSTE para solventar una deuda de 4 mil 800 millones de pesos. Lo que no dijo es que esos nosocomios fueron construidos por la Sedena, el gobierno federal y Grupo México.

Y al asegurar que para atender la pandemia se reconvirtieron 25 hospitales, al que se sumaron uno móvil y 353 centros de salud, Murat pasó por alto los constantes paros y protestas en los Servicios de Salud por falta de equipo y por falta de pagos al personal.

Subejercicio y opacidad

En la sesión del Congreso local del 18 de noviembre, el diputado de Morena Horacio Sosa Villavicencio exigió a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental realizar una auditoría exhaustiva a los Servicios de Salud de Oaxaca, por un subejercicio superior a 2 mil 500 millones de pesos del ejercicio fiscal 2020.

En el punto de acuerdo el legislador exhorta­ a Murat para que atienda y resuelva en breve la problemática de la Secretaría de Salud de Oaxaca, pues a decir de Sosa la dependencia ha funcionado como “caja chica” para la operación electoral de los gobiernos. Es ahí donde son contratados miles de operadores electorales y de donde se exprimen recursos para la compra del voto, señaló.

El uso adecuado de los recursos públicos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de las personas, recordó Sosa. Y destacó las denuncias de los trabajadores del programa Vectores sobre la carencia de vehículos para realizar sus labores, pese a que en 2019 el gobierno federal entregó 100 unidades, de las cuales únicamente fueron distribuidas 50 en las seis jurisdicciones sanitarias del estado.

El gobierno de Murat enfrenta asimismo las protestas de los trabajadores del sector. La Sección 35 del Sntsa consiguió, mediante bloqueos y tomas de oficinas durante cinco días, la destitución del director de Administración de los Servicios de Salud, David Concha Suárez, y el pago de bonos y prestaciones sociales en tiempo y forma para los casi 14 mil sindicalizados.

Al principio el gobierno estatal propuso entregar el “bono por vida cara” y los vales de despensa a los trabajadores hasta enero de 2021, por no contar con los recursos suficientes, pero finalmente accedió a cumplir los plazos ante la amenaza de la Sección 35 de radicalizar sus acciones el 1 de diciembre.

Otro fuerte cuestionamiento a Murat es el referente al presunto “congelamiento” de más de mil 800 millones de pesos que le fueron transferidos entre julio y septiembre pasados por el recién creado Insabi.

El portal informativo Zona Roja resalta que, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Finanzas entregados al Congreso del estado, durante el tercer trimestre del año que termina la dependencia estatal recibió tres transferencias por medio de Convenios con la Federación por los siguientes montos y conceptos:

Etiquetados como “Seguro Popular 2019 (Ramo 12)”, 105 millones 825 mil pesos; 222 millones 368 mil pesos para “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral (U013-Ramo 12)” y mil 483 millones 813 mil pesos etiquetados en el rubro “Insabi Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y Demás Insumos Asociados 2020 (Ramo 12)”.

En total, el gobierno de México envió a Oaxaca mil 812 millones de pesos, pero después de más de dos meses los recursos no se han utilizado para proveer a los hospitales del estado ni para proteger a su personal.

Campañas en plena pandemia

En vísperas del proceso electoral que arrancó el martes 1, Morena, el PRI y otros partidos políticos realizaron actos públicos para posicionar a sus candidatos y ganar adeptos.

El pasado 19 de octubre, en un acto partidista en San Juan Bautista Tuxtepec, el líder estatal del PRI, Eduardo Rojas Zavaleta, llamó a sus correligionarios a robar poquito o a que también le repartan a la gente.

En un video de 16 segundos que circula en las redes sociales se escucha decir a Rojas Zavaleta: “Si vemos a un presidente como que está flojeando, pues vamos a decirle: ‘¡Oye, cumple lo que comprometiste a nombre del PRI! Si vemos que se está llevando mucho, le vamos a decir: ‘Repártele un poco a la gente y con lo demás haz más obra’”.

Pese a la emergencia sanitaria, también asistieron a ese acto de campaña otros integrantes del gabinete de Alejandro Murat, por lo que el Congreso de Oaxaca pidió la destitución de Gabriel Cué Navarro, secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura; y Antonio Amaro Cancino, coordinador estatal de Protección Civil.

De igual forma, los legisladores pidieron a la Fiscalía General de la República investigar los delitos electorales en que presuntamente incurrieron.

Ya en septiembre había sido duramente cuestionado el senador Salomón Jara Cruz, quien realizó eventos en San Pedro Mixtepec, Pinotepa Nacional, Huajuapan de León y Tuxtepec. Sus propios compañeros de partido le recriminaron por hacer mítines políticos en plena pandemia.

En las redes sociales circuló la versión de que Jara Cruz arremetió contra el reportero Carlos Mario y ordenó a sus simpatizantes que lo sacaran de un mitin.

El comunicador Carlos Mario afirmó que el senador censuró su labor periodística al presionarlo para que dejara de documentar su discurso ante simpatizantes de Morena, porque no quería que se le grabara ni tomaran fotos sin cubrebocas.

Finalmente los guardaespaldas de Jara lo sacaron del lugar con prepotencia.