Especialistas en derecho y ciencia política, así como partidos opositores dicen que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está jugando a favor del presidente López Obrador y Morena rumbo a la contienda electoral de 2021. Argumentan que dictó medidas que facilitarán el uso discrecional de recursos públicos por los diputados que buscarán la reelección, la mayoría de Morena; ha permitido expresiones de carácter político-electoral en las conferencias matutinas del Ejecutivo y dio registro a tres partidos aliados del mandatario, pero no a México Libre.

CIUDAD DE MÈXICO (proceso).- Este 27 de diciembre cumple un año la sentencia de la Sala Especializada del TEPJF que concluyó que 43 funcionarios públicos, entre ellos 27 “superdelegados”, violaron el artículo 134 de la Constitución al incurrir en promoción personalizada de los servidores públicos, pues toda propaganda gubernamental debe ser institucional y está prohibido que contenga nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

La queja fue promovida por el PRD y su consejero nacional Rafael Hernández Estrada, quienes impugnaron el fallo ante la Sala Superior, en demanda de fincar responsabilidad al presidente y su gabinete. Pero no hay muchas esperanzas: “El 3 de enero le vamos a cantar ‘Las Mañanitas’ al expediente, que está en un cajón, sin resolverse”, dice el perredista.

En lugar de dictar sentencia, el pasado 22 de diciembre el Comité de Transparencia del TEPJF resolvió clasificar el expediente del caso (PSC-0071/2019) como reservado por dos años, y que se desclasifique “cuando se extingan las causas, es decir cuando se emitan las resoluciones”. En otras palabras, prefigura que será resuelto después de las elecciones o incluso hasta 2022.

Lo grave, afirma Hernández Estrada, es que está en juego la equidad en la contienda e impedir el uso de programas sociales, sobre lo que debería haber pronunciamiento oportuno. “Frente a eso el TEPJF guarda silencio… e inclina la balanza”.

Varios de esos funcionarios, cuyo título oficial es de coordinadores regionales para el desarrollo, son precandidatos. Antes de 2018 el 34% de ellos fueron coordinadores electorales de Morena y 30% participaron en elecciones.

Otro caso de promoción personalizada, prohibida en la Constitución, se comprobó en abril, con las cartas del IMSS firmadas por el presidente y relacionadas con el apoyo a microempresas familiares por la pandemia de covid-19. El TEPJF tampoco halló responsable al presidente ni al titular del IMSS, Zoé Robledo. Aunque reconoció que se puso en riesgo la equidad e imparcialidad en los comicios de Hidalgo y Coahuila, el sancionado fue un funcionario de cuarto nivel.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2305 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.