Derechos Humanos

Caso Ernestina Ascencio: Una vieja versión refutada por el gobierno

Este semanario hace un recuento de cómo el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón maniobró para evitar que miembros del Ejército fueran investigados por el homicidio de la señora Ernestina Ascencio.
sábado, 9 de enero de 2021

Este semanario hace un recuento de cómo el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón maniobró para evitar que miembros del Ejército fueran investigados por el homicidio de la señora Ernestina Ascencio. También se expone la manera en que el gobierno de Veracruz y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se plegaron a la versión oficial de que la víctima murió de causas naturales.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Durante la conferencia mañanera del pasado 10 de diciembre, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, descalificó la posición sostenida por la representación del gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, ya que –dijo– es la misma del gobierno de Felipe Calderón.

En palabras del entonces presidente –dijo Encinas–, “la señora Ernestina murió de gastritis crónica. Esta posición, por supuesto, es inaceptable para el (actual) gobierno de México, por lo cual queremos señalar que la posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana no representa la posición del Estado mexicano, las políticas en materia de protección y garantía de los derechos humanos y no representa las instrucciones que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) nos ha dado para atender estos asuntos”.

Por ello, adelantó el subsecretario, “la Fiscalía de Justicia de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación”.

Además prometió que este domingo 3 se le presentará a la CIDH un informe encaminado a “resolver de fondo este hecho y a garantizar justicia y la reparación integral del daño”.

De esta manera Encinas se deslindó de la versión impuesta por Calderón, mediante la cual exculpó a miembros del Ejército que presuntamente violaron y causaron la muerte de la indígena de 73 años en la Sierra de Zongolica.

Para imponer su versión, Calderón se valió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entonces a cargo de José Luis Soberanes, que desechó los señalamientos contra cuatro soldados de ser los agresores de la víctima.

Las maniobras de los gobiernos de Calderón y de Veracruz para encubrir al Ejército fueron entonces documentadas por la corresponsal de Proceso Regina Martínez, asesinada en abril de 2012.

Tan pronto ocurrió el homicidio de Ascencio, este semanario estuvo en la olvidada comunidad náhuatl de Tetlatzinga, perteneciente al municipio de Soledad Atzompa, en plena Sierra de Zongolica, donde vivía la víctima. Ahí se recogieron los relatos de sus hijos Martha Inés y Francisco, así como de otros testigos que la vieron morir y señalaron a los militares.

Martha explicó que todavía alcanzó a encontrar consciente a su madre en un paraje cubierto de hojarasca, y Ernestina le reveló con mucho esfuerzo: “Fueron los soldados, m’ija. Los soldados me golpearon, me amarraron y me taparon la boca. Traían sus cartucheras repletas de balas”.

Otro testigo, Marcos Rojas Hernández, expuso que alcanzó a ver a “dos militares” moviéndose entre la maleza cerca del lugar de los hechos. Nadie dudaba –dijo– de que fueron los soldados, pues era imposible que alguien ajeno a la comunidad lograra penetrar el férreo cerco militar para violar a una anciana.

A Ernestina todavía la llevaron con vida al Hospital Regional de Río Blanco, donde murió la madrugada del 26 de febrero de 2007. El dictamen médico pericial reveló que sufrió violación por la “vía anal y por la vía vaginal”, así como “fractura de cráneo y fractura de costillas” (Proceso 1584).

Indignados por la muerte de Ernestina, cerca de 300 pobladores, junto con el presidente de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascual, bloquearon ese día el paso de dos vehículos militares que circulaban por Tetlatzinga. El comandante del convoy se bajó del vehículo y le pidió al alcalde que lo dejara pasar, pues ahí traía a los presuntos asesinos de Ernestina:

“Mire, señor presidente, entendemos la inquietud de la gente, pero acá atrás vienen cuatro sospechosos que podrían ser los culpables”, le informó el militar.

Éste le telefoneó ahí mismo al entonces procurador del estado, Emeterio López Márquez, quien le pidió al alcalde que dejara pasar a los vehículos militares, pues ahí llevaban a los presuntos asesinos de Ernestina para ser interrogados en Orizaba. Y se les dio el paso.

Al día siguiente, el 27 de febrero, el entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, viajó en helicóptero a Tetlatzinga para que los mismos indígenas le expusieran su versión sobre el crimen y para dar las condolencias a la familia de la víctima.

Por la tarde del mismo día 27 el gobierno estatal emitió un comunicado, donde informaba que “cuatro elementos del Ejército, señalados como presuntos responsables de este crimen, están a disposición del Ministerio Público”. Especificaba que esos militares “pertenecen al cuartel militar de San Antonio, del 63 Batallón de Infantería con base en Orizaba”. No daba, sin embargo, sus nombres ni su rango.

Reforzando la tesis de la procuraduría del estado, Fidel Herrera declaraba entonces: “Fue un proditorio asesinato, horrible, de una indígena veracruzana, doña Ernestina Ascencio, que fue brutalmente ultrajada y su cuerpo arrojado a una ladera, ahí, en un hoyo” (Proceso 1592).

A su vez, luchadores sociales que trabajaban en la zona, como el ya fallecido Julio Atenco Vidal, entonces dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, tenían fundadas sospechas de que Ernestina había sido violada por militares que vivían acantonados en tiendas de campaña sobre un montículo, desde donde realizaban labores de vigilancia e intimidaban a los indígenas.

La situación fue registrada en una carta –fechada el 2 de febrero, días antes de la muerte de Ernestina– y enviada a manera de queja al presidente Calderón y al entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván. El escrito fue dado a conocer por este semanario en su edición 1584.

Cuestionado ombudsman

La CNDH “revisó” el caso, por lo que el 9 de marzo de 2007 exhumó el cadáver de Ernestina. Cuatro días después, el 13 de marzo, el presidente Calderón aseguró en una entrevista con el diario La Jornada:

“He estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica. La CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida.”

El 29 de marzo José Luis Soberanes reforzó los dichos de Calderón al exponer que la indígena murió por causas naturales, simplemente por una “úlcera gástrica”.

En el reporte de la CNDH se descartó que Ernestina hubiera sido golpeada, atada y amordazada, como ella misma se lo dijo a su hija antes de morir.

Detalló el reporte de la CNDH: “El tipo de equimosis encontrado en brazos y en región pectoral descrito en la autopsia no corresponde a lesiones similares a las que se producen en maniobras de sujeción o sometimiento, lo cual permite suponer a los peritos de esta comisión que fueron producidas al ser cargada y trasladada antes de fallecer”.

Así, para la CNDH, las lesiones que sufrió Ernestina se las causaron sus familiares y conocidos al momento de transportarla en la camioneta que la llevó al Hospital Regional de Río Blanco, donde murió (Proceso 1585).

Esta versión provocó reacciones airadas entre organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, como Rosario Ibarra de Piedra, entonces senadora del PRD; Miguel Sarre, exvisitador de la CNDH, e Isabel Uriarte, en ese tiempo abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Todos coincidieron en que esta versión “vergonzante”, orquestada por Calderón y Soberanes, tuvo como principal objetivo encubrir al Ejército.

Ibarra de Piedra recordó, por ejemplo, las violaciones de militares contra 13 sexoservidoras del municipio de Castaños, Coahuila, que ocurrieron en 2006 y en las que Soberanes también se mostró omiso.

Igual mencionaron las matanzas de Aguas Blancas, Guerrero, y de Acteal, Chiapas, donde también presuntamente estuvieron involucrados militares (Proceso­ 1587).

Soberanes descalificó la autopsia realizada por los médicos legistas de la procuraduría de Veracruz, a la que calificaba como “totalmente irregular” y realizada con “negligencia y dejadez”.

La procuraduría estatal finalmente se plegó a la CNDH, suspendiendo a los tres peritos que hicieron la autopsia a Ernestina: Juan Pablo Mendizábal Pérez, María Catalina Rodríguez Rosas e Ignacio Gutiérrez Vázquez.

El médico legista Mendizábal Pérez nunca se dejó doblegar, desde entonces ha venido sosteniendo que Ernestina fue violada y golpeada, tal y como lo dejó asentado en su necropsia. “No dudaré en defenderme de las declaraciones que han descalificado mi trabajo como médico legista”, le dijo en abril de 2007 a la corresponsal Regina Martínez (Proceso 1588).

La Procuraduría de Veracruz se plegó a la versión de Calderón y Soberanes al aceptar que Ernestina falleció por causas naturales. En una conferencia de prensa el 30 de abril de ese año, el fiscal del caso, Juan Alatriste Gómez, aseguró sobre su muerte: “No es imputable a factores externos y ajenos a la fisiología de su organismo”.

Y así, la procuraduría dio por cerrado el caso.

La Red de Organizaciones Civiles de Veracruz, entonces integrada por 40 agrupaciones, reaccionó en un comunicado: “Se utilizó el poder del Estado para cercar a la familia y crear una visión oficial que exculpa al Ejército. Y el gobierno estatal prefirió darle una salida política y negociada inaceptable, que lo muestra como un mero apéndice de la Presidencia de la República”.

Y anunció desde entonces que las organizaciones de la sociedad civil no se darían por vencidas y llevarían el caso ante la CIDH.

Pasaron 13 años para que el caso se presentara formalmente ante ese organismo internacional. La audiencia se realizó el pasado 4 de diciembre. Ahí, el representante del gobierno mexicano, Hernán Cortés Hernández, funcionario de la Fiscalía de Veracruz, aseguró: “El estado considera que no se cometieron violaciones a los derechos humanos en el marco de la investigación por la muerte de la señora Ernestina”.

Esa fue la posición que Encinas consideró el 10 de diciembre que estaba subordinada a la versión de Felipe Calderón, por lo que prometió cambiarla mediante un informe que presentará a la CIDH.

Reportaje publicado el 3 de enero en la edición 2305 de la revista Proceso.

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