México perdió una superficie de bosques y selvas equivalente a la Sierra Madre Occidental sólo en el año 2020. El deterioro es muy visible en nueve estados del país y apunta a diversas causas, la mayoría vinculadas a la acción humana, el interés económico, la omisión y el silencio del gobierno federal. “La naturaleza es una mercancía”, coinciden especialistas y activistas, quienes también señalan el recorte presupuestal del gobierno federal a las instituciones dedicadas a preservar el patrimonio forestal como otra de las causas de este grave problema ambiental.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Los bosques, selvas, manglares y matorrales de México abarcan 70% del territorio nacional y cumplen importantes funciones socioambientales, como la captura de millones de toneladas de dióxido de carbono, el control de la erosión, la regulación del clima, el ciclo del agua y su aprovechamiento para el sustento de las comunidades. Por ello, este país ocupa el decimosegundo lugar mundial en patrimonio forestal.

Sin embargo, también ocupa el quinto lugar mundial en deforestación, de acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En el informe Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020, el organismo reconoció que entre 2010 y 2020 México perdió más de 1.25 millones de hectáreas de bosque. Sólo durante 2020 se perdieron 127 mil 770 hectáreas, casi la misma extensión de la Sierra Madre Occidental.

Las causas de la deforestación son la cadena de consumo, la actividad de grupos armados e intereses de políticos y empresarios, frente a la omisión de autoridades responsables de su resguardo.

El 47% de la superficie deforestada promedio, en los últimos 20 años, corresponde a selvas húmedas, que tienen la vegetación más exuberante y una amplia diversidad de especies. Estas selvas se ubican a lo largo de Veracruz, hasta la Península de Yucatán, así como en partes bajas de las sierras en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

La deforestación y la degradación del suelo son las principales causas de la pérdida del patrimonio natural, advierte la Conafor en su Programa Anual de Trabajo 2021. Además, muestra que 95% de la deforestación sucede de manera clandestina, puesto que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “únicamente autoriza el cambio de uso de suelo –un permiso para remover la vegetación de los terrenos forestales para otros fines– en un promedio de 12 a 13 mil hectáreas por año”. En contraste, la deforestación bruta promedio anual es de 250 a 260 mil hectáreas, es decir, una diferencia de mil 900%.

Los incendios son otro factor importante. Según la Conafor, éstos “han magnificado su frecuencia, intensidad y peligrosidad debido al cambio climático y a las omisiones en acciones preventivas”. Entre 1970 y 2020 se registró un promedio de 7 mil 72 incendios por año.

Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Jalisco están entre los 10 estados con más superficie afectada por estos siniestros. El 36%, asimismo, estuvo relacionado con actividades ilícitas y 21% con actividades agrícolas, de acuerdo con un reporte de la Gerencia de Manejo del Fuego de la Conafor, correspondiente al primer semestre de 2021.

Parte del problema radica en “la debilidad del estado de derecho, que se refleja en la existencia de corrupción, insuficiente inspección y vigilancia, presencia del crimen organizado, impunidad”, facilitando la extracción ilegal y el “lavado” de materias primas forestales, particularmente de madera, para fines comerciales, se lee en el informe de la Conafor.

A partir de este diagnóstico, reporteros y corresponsales de Proceso, en alianza con la plataforma de periodistas CONNECTAS, exploraron más de 2 mil kilómetros de territorio nacional en busca de evidencias de la depredación forestal. Se adentraron en regiones de ocho estados, desde los volcanes hasta los márgenes de la selva profunda, cuyos paisajes han sido cercenados ante la mirada de la autoridad.

Este trabajo periodístico muestra cómo la expansión de los cultivos para la producción de aguacate –altamente cotizado en el mercado internacional– ha sido promovida por el gobierno federal y los gobiernos de algunos estados, como Michoacán y Jalisco, a costa de la deforestación de bosques de pino y encino. Lo mismo ocurre en Morelos con la siembra de ciruelos, que al sustituir áreas forestales contribuye a la sequía y cambios en el clima.

En Veracruz, Estado de México y Tlaxcala, las faldas de algunos de los más grandes volcanes de México fueron convertidas en parques nacionales mediante decretos del gobierno federal, pero no se han salvado de la depredación por proyectos turísticos, tala inmoderada, ilegal o justificada mediante permisos de control de plagas, que las propias autoridades otorgan, según denuncian comuneros y habitantes de esas regiones a Proceso.

En Oaxaca, la reserva de Los Chimalapas –“el tanque de oxígeno del país”– es refugio de talamontes chiapanecos que instalan aserraderos de maderas preciosas, como la caoba, mientras que pueblos indígenas originarios, como el zoque, buscan defender hasta en los tribunales el territorio que quieren preservar.

En el sureste mexicano, la Península de Yucatán concentra más de la mitad del territorio de manglar en el país. Estos bosques costeros han sido también alcanzados por la deforestación promovida por proyectos turísticos y la industria petrolera, por lo que la Semarnat los declaró especie amenazada en 2010; no obstante, las acciones han sido insuficientes para la recuperación de este ecosistema.

Naturaleza en venta

“El país ha tenido procesos de deterioro de sus bosques a lo largo de la historia, pero estamos en una etapa en la que el modelo económico predominante, capitalista, presiona sobre el uso de los recursos forestales. La naturaleza es una mercancía”, explica la doctora Patricia Ávila García, responsable del área de Ecología Política y Sociedad, del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, campus Morelia, y Premio Nacional de Ciencias Sociales otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias.

La visión desarrollista del Estado prioriza los intereses económicos dominantes, y está por encima de las políticas y programas en materia ambiental, refiere Ávila García. “La asignación de presupuesto al sector ambiental en México es nada respecto a otros sectores; no se ha visto un crecimiento”, afirma.

La investigadora pone como ejemplo el boom del aguacate. “En el mercado mundial hay una gran demanda de aguacate. México tiene ventajas comparativas para entrar en esa producción; tiene el clima, tiene los recursos naturales y tiene mano de obra barata. Además, tiene una laxitud o reglas ambientales laxas. O sea que si contaminas a lo mejor te dejan contaminar”.

Estas condiciones, agrega Ávila García, son atractivas para el capital. “México necesita empleos, necesita inversiones económicas para darle ingresos a la población; entonces se abre a esas condiciones con tratados y se hace un boom de producir para el mercado en esa nueva condición (y) los capitales nacionales y locales empiezan a querer entrar en esa ola de libre comercio y a buscar espacios donde hacer esas inversiones en alianza con capitales trasnacionales”.

Así se expanden los cultivos en varios estados, como Michoacán. “Buscan las mejores condiciones ambientales y presionan sobre los recursos, como el agua, además de empezar a afectar con los plaguicidas, porque también tienen malas prácticas de cultivo”, explica la ambientalista.

Por su parte, el biólogo Salvador Anta Fonseca, integrante del Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible, sostiene que, tal como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la instancia encargada de revisar los procesos de deforestación, la Conafor “va documentando lo que ocurre, pero no previene. Se requiere un esfuerzo adicional de estas instituciones para realmente verificar”.

Sin embargo, “los presupuestos para el sector ambiental son muy escasos; la mayoría de los recursos son para la Comisión Nacional del Agua (Conagua, que administra y regula las aguas nacionales en presas, ríos y otros vasos), pero para la vigilancia por parte de Conafor o Profepa es un porcentaje muy pequeño, que sólo les permite atender urgencias o demandas que surgen ante conflictos”.

Para 2021 el gobierno federal asignó un presupuesto de 49 mil 291 millones de pesos a la Secretaría de Agricultura, mientras que a todo el ramo ambiental le correspondieron 33 mil 221 millones; es decir, 32% menos. La Conagua ejerce 79.5% del monto destinado al ramo.

Además, las políticas públicas entre los niveles de gobierno, municipios, estados y federación, están desarticuladas, observa Anta Fonseca: “La Secretaría de Agricultura, con un presupuesto mucho más grande que el sector ambiental, avanza sobre el territorio sin importarle si se pierden bosques o selvas. Se cambia la política con cada gobierno nuevo; a veces se tiene que volver a empezar de cero. Ha habido un vaivén en las políticas públicas que no permiten tener una continuidad”.

La Conafor, creada en 2001 para atender la conservación y el desarrollo forestal sustentable, ha tenido un presupuesto asignado por el gobierno federal muy variable desde su surgimiento.

Otra instancia del gobierno federal que atiende recursos naturales es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que tiene una plantilla de mil 223 personas para vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental en 182 zonas declaradas Áreas Naturales Protegidas (ANP) en todo el país –establecidas mediante decreto presidencial–, como los parques nacionales en los volcanes de Veracruz, Estado de México y Tlaxcala.

La extensión de las ANP abarca 90.8 millones de hectáreas y en ellas habitan 1 millón 480 mil 684 personas, dice un diagnóstico de ese organismo que depende de la Semarnat, elaborado el presente año.

Para su labor, la Conanp cuenta con un presupuesto tan inestable como el de la Conafor.

Por otro lado, refiere Anta Fonseca, los gobiernos estatales, corresponsables en el tema forestal, “tampoco han hecho su trabajo y, por el contrario, se han sumado en muchos casos al proceso de deterioro. Seguimos perdiendo cobertura forestal y sólo se reacciona ante las contingencias”.

Proceso buscó entrevistar a la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, para conocer el diagnóstico y las acciones del actual gobierno federal contra la deforestación. Durante tres semanas la directora de Difusión, Nuria Fernández, y la directora de Información, Diana Aspiros, mantuvieron comunicación con Proceso y ofrecieron revisar la agenda de la secretaria Albores para llevar a cabo la entrevista.

Fernández pidió que se enviaran “los tópicos que abordaría el reportaje para ir revisando”,  para que Albores los conociera o para que “un especialista en el tema” pudiera preparar las respuestas, pero ninguna de las opciones fue resuelta. Se solicitó una entrevista con el titular de la Conafor a través de las mismas funcionarias. “Lo estoy checando”, respondió en un mensaje la directora de Información. Al cierre de esta edición, en la Semarnat reinaba el silencio. 

* Este trabajo fue realizado para CONNECTAS y  Proceso dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

Reportaje publicado en la edición 2346 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.