Son los encargados de aterrizar los programas de beneficios sociales implementados por la Cuarta Transformación, son quienes recorren pueblos y rancherías llevando la ayuda a quien más la necesita... son los Servidores de la Nación. Pero sus propias condiciones laborales son por demás precarias: no están en nómina, no les pagan viáticos, comidas o gastos de celular, no tienen vacaciones ni disfrutan de aguinaldo y tampoco cuentan con servicios de salud. Y si se atreven a protestar o a denunciar comportamientos poco éticos de sus jefes, acusan, lo que enfrentan es el desempleo.

CIUDAD DE MÈXICO (proceso).- La mañana del 1 de septiembre, poco antes del tercer informe de gobierno, un contingente de exintegrantes de los Servidores de la Nación intentó manifestarse ante Palacio Nacional. Llegaron a Bellas Artes, donde fueron repelidos por la políca capitalina.

La causa de la movilización fue que los despidieron y consideran que no había justificación; no están contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ni contra la 4T y en eso son insistentes. Pero, acusan, hay funcionarios que le fallan al presidente.

Las quejas y denuncias se acumulaban desde 2019, pero el asunto le empezó a estallar a Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas de Desarrollo de la Presidencia de la República, que en diferentes estados de la república fue encarado por los inconformes; algunos de estos reclamos fueron videograbados, como sucedió en un encuentro en Veracruz en agosto de 2020.

En Tuxpan, Gabriel García fue encarado por 34 exservidores de la nación que le reclamaron haber sido despedidos, entre otras cosas, por exigir recursos para sus traslados y viáticos. Con prepotencia, el funcionario, hoy senador de la República, los acusó de “ser parte de la mafia del poder”, de “hacer mucho daño”, de “inmoralidad política”… no los dejaba terminar una frase antes de soltar otra retahíla de expresiones, según se puede observar en el video que los inconformes difundieron.

Un mes después García Hernández fue encarado por motivos similares en Chiapas, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, mientras que en otras entidades federativas los superdelegados eran quienes respondían con alegatos similares a los que el coordinador general dio a los veracruzanos.

“Estos desquehacerados no entienden que los di de baja por no trabajar, por grilleros; los maestros… otros que no tienen nada que hacer. Pónganse a trabajar, que para eso se les paga, flojos. Esos servidores de la nación ya busquen un trabajo, no se los voy a regresar”, escribió Manuel Isaac Peraza Segovia, el superdelegado nayarita el 4 de agosto de 2020, en medio de reclamos por 14 despidos.

En seguimiento a esos episodios, así como el movimiento que se empezó a hacer notar el pasado 1 de septiembre, Proceso realizó solicitudes de información para saber cuál es la dimensión del conflicto laboral y lo que se viene por la operación irregular de los Servidores de la Nación que carecen de prestaciones básicas y de seguridad social.

La cifra de demandas laborales es corta. Apenas 40 expedientes abiertos con motivo de demandas laborales del personal conocido como Servidores de la Nación.

Otra solicitud, dirigida a la Presidencia de la República, permitió documentar que entre diciembre de 2018 y agosto de 2021 se han presentado 496 escritos de exservidores de la nación, tratando de informarle al presidente de distintas irregularidades, despidos injustificados e inclusive de uso político de programas sociales o uso personal de la nómina.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2344 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.