CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Semanas antes y después de las elecciones del 1 de julio de 2018, que marcaron el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encargado de las cárceles federales, adjudicó seis contratos por mil 631 millones de pesos a empresas de la red del ciudadano israelí Uri Emmanuel Ansbacher, quien vendió el software Pegasus al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los contratos millonarios fueron adjudicados de manera directa entre el 2 de mayo y el 27 de julio de 2018, en los últimos días del sexenio de Peña Nieto y al inicio del periodo de transición. Amparaban servicios tan diversos como la adquisición de medicamentos o de calzado, así como la compra de sofisticadas herramientas de reconocimiento facial y de circuitos cerrados de audio y video para siete cárceles.

Todos los contratos fueron requeridos, firmados y supervisados por Antonio Molina Díaz, entonces titular de la Coordinación General de Centros Federales, mientras Genaro García Luna dirigía la Secretaría de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón; la otra firmante era Brenda Estrada, entonces directora general de Administración, recién ingresada en la institución.

Estos documentos estaban destinados a permanecer ocultos; sin embargo, en julio pasado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dirigida por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, subió versiones públicas de los contratos. Después que Proceso, Aristegui Noticias y otros 16 medios internacionales revelaron los abusos perpetrados por el gobierno de Peña Nieto con Pegasus, López Obrador exigió que se dieran a conocer las transacciones con las empresas que vendieron el poderoso software espía.

Ansbacher era, en ese entonces, representante en México de la empresa NSO Group, desarrolladora de la poderosa arma cibernética.

Si bien las dependencias incumplieron con la instrucción del mandatario –pues no se revelaron los contratos de adquisición de Pegasus, entre ellos, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional o de la Sedena–, sí revelaron algunos detalles de contratos con las empresas de Ansbacher.

Pese a sus partes testadas, los documentos exhiben sobrecostos y discrecionalidad, pues fueron pagados a través de la opaca partida 4310 “Transferencias para Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, de la que agencias del gobierno de Peña Nieto abusaron para desviar montos multimillonarios.

En el contrato de calzado, por ejemplo, la empresa Artículos Textiles, Equipo y Accesorios MV, SA de CV –con domicilio en un departamento de un edificio residencial de la colonia Nápoles–, facturó 66 mil 800 pares de zapatos para detenidos en un precio unitario de entre 935 y mil 137 pesos, precio superior a muchos tenis de marca. El contrato tuvo un valor total de 115 millones 990 mil dólares.

En el contrato OADPRS/DGA/A/030/2018, el OADPRS pagó a la empresa Comercializadora Antsua, SA de CV, para adquirir 1 millón 79 mil piezas de 538 marcas de medicamentos, por 145 millones 154 mil pesos.

Proceso analizó algunas partidas del anexo técnico, y detectó sobrecostos de 100% a 300%: la empresa facturó a 135 pesos cada caja de Clamoxin, disponible en el mercado por 59 pesos; pidió 2 mil 603 pesos por un frasco de Diprospan, que en una tienda de supermercado se vende en mil 189 pesos; cobró 801 pesos una caja de Combesteral, que se vende en la gran distribución en 240 pesos; o una caja de Hesven por 825 pesos, más de tres veces superior a su precio en farmacias privadas.

En la administración de López Obrador, Comercializadora Antsua vendió al Instituto Nacional de Migración computadoras e impresoras con un presunto sobrecosto de más de 48 millones de pesos, y derivó en la presunta dispersión de decenas de millones de pesos hacia otras empresas fantasma.

En un lapso de apenas 24 horas, entre el 2 y el 3 de mayo de 2018, el OADPRS celebró dos contratos con empresas de la red de Ansbacher: el primero, por 500 millones de pesos, fue adjudicado a BSD London Hightech and Project Management LP, una empresa de papel creada en Londres el 3 de enero de 2013 y vinculada a dos compañías de papel de Gibraltar; el segundo, por 250 millones de pesos, fue firmado con BSD Security Systems, SA de CV, incorporada en la Ciudad de México en septiembre de 2004. Semanas después, el 27 de julio de 2018, el OADPRS entregó otro contrato a BSD Security Systems por 599 millones 999 mil pesos.

Estos tres contratos abarcaban la compra e instalación de diversos sistemas de audio, video, circuito cerrado de televisión y de reconocimiento facial en seis cárceles federales.

En la conferencia de prensa matutina del 28 de julio pasado, Rosa Icela Rodríguez vinculó estos contratos con operaciones de la empresa NSO Group, pues afirmó que “para sus transacciones, la empresa israelí usó otras compañías fachada, llevando así una simulación de contratos relacionados con el software Pegasus en diferentes instancias del gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia”.

Esa mañana, la funcionaria aseguró a López Obrador que entregaría toda la información sobre los contratos a la Fiscalía General de la República, “con el propósito que se realicen las investigaciones correspondientes”. 

Reportaje publicado el 14 de noviembre en la edición 2350 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.