Cambio Climático

La COP 26 y la cultura (Primera de dos partes)

Glasgow logró acuerdos importantes; uno de ellos consiste en privilegiar la ciencia por sobre cualquier decisión de índole política; más aún, proscribe la discrecionalidad política en el rubro de protección ambiental y confirma el mandato constitucional de proveer a ésta de neutralidad ideológica.
domingo, 28 de noviembre de 2021

Para Alfredo López Austin, in memoriam

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Finalmente, el 13 de noviembre pasado terminó la vigésima sexta reunión de la Conferencia de los Estados Partes en materia de cambio climático, cuyo texto final pudo ser aprobado por la reunión plenaria. La precisión es importante: la COP (acrónimo en inglés de aquella) es el órgano rector de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y tiene como instancias adjuntas una Secretaría Ejecutiva y el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), que es la autoridad de la ONU que provee de información científica a la comunidad internacional sobre el fenómeno de referencia.

El texto aprobado, que se sintetiza con el nombre de Glasgow, es relevante: compendia una serie de decisiones que no tienen el carácter de tratado, a diferencia del Acuerdo de París (AP), del que México es parte. No obstante, esta ristra de resoluciones es vinculante para la comunidad internacional, y por ello, conforme a la UNFCCC, debe ser adoptada por las naciones suscriptoras.

El texto también evidencia una redacción escrupulosa; no obstante ello está asperjado de pasajes ambiguos o que quedarán sujetos a interpretación, ante la frustración de países que acuciaban más y mejores acuerdos; situación que está muy lejos de causar extrañeza, toda vez que es propia de las negociaciones internacionales.

La ciencia

Con todo, Glasgow logró acuerdos importantes; uno de ellos consiste en privilegiar la ciencia por sobre cualquier decisión de índole política; más aún, proscribe la discrecionalidad política en el rubro de protección ambiental y confirma el mandato constitucional de proveer a ésta de neutralidad ideológica en la materia.

El proceso evolutivo de la ciencia en estos últimos años ha sido pasmoso, lo que queda evidenciado en la misma COP 26. En efecto, en el inicio del apartado relativo a la ciencia, una lectura cuidadosa permite advertir que, del primer borrador del texto ponderado en el comienzo de esta reunión al texto aprobado en la plenaria, se agrega la puntualización del sentido de urgencia con el predicado la mejor ciencia disponible.

Tal rectificación, que pudiera parecer menor, no lo es. Ese axioma, que impera en el texto aprobado, ratifica el primado científico en la estrategia del cambio climático, ya consensuada desde la UNFCCC y reiterada en el Acuerdo de París.

Glasgow dio el rebato al informar que la temperatura del planeta registra un incremento acumulado de 1.1 grados celsios por causas antropogénicas y que de continuar esta inercia sería imposible lograr la meta del AP: 1.5 grados celsios para la década de los veinte. Los cataclismos que afectarán el planeta como consecuencia de aquel incremento son fácilmente imaginables.

La adaptación

De acuerdo con el informe del IPCC correspondiente a 2018, la adaptación se desarrolla en dos planos: en los sistemas humanos se logra mediante procesos de acoplamiento a las condiciones climatológicas actuales o a las pronosticables para moderar el daño o beneficiarse de nuevas oportunidades. En los sistemas naturales la ensambladura de la adaptación obedece a las condiciones climatológicas del momento.

La inclusión del rubro de la adaptación fue un éxito para los países en vías de desarrollo al ser asociada la adaptación con el financiamiento por parte de los países desarrollados, pero a ello había que agregar un balance anhelado y en cierta forma frustrado, con la mitigación del impacto del cambio climático, ya que ésta quedaría a cargo de los países en vías de desarrollo en su ámbito doméstico.

Es más que evidente que el financiamiento convenido estuvo muy por debajo de las expectativas de los países en vías en desarrollo.

Aun así, los países desarrollados están obligados a por lo menos duplicar la contribución financiera para el año 2025 (Apartado 18). Los recursos serán destinados a los países pobres y a proyectos específicos, como el del impulso a las energías renovables, cuyo objetivo central es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En el tema de la adaptación, el financiamiento y la transferencia de tecnología son fundamentales para incrementar la capacidad adaptativa de los países en vías de desarrollo, vigorizar su resiliencia y menguar su vulnerabilidad, siempre en armonía con la mejor ciencia disponible (Apartado 7).

La vulnerabilidad, por su parte, supone la susceptibilidad de recibir daños por efectos climáticos adversos y la ausencia de capacidad para neutralizarlos o de adaptarse a ellos (IPCC 2018).

La mitigación

La adaptación contrasta con las obligaciones en lo que respecta a la mitigación, que son onerosas para los países en vías de desarrollo; las metas son reducir las emisiones de dióxido de carbono 45% para 2030 y las de gases de efecto invernadero distintos al CO2 en un porcentaje similar. Para ello los informes de los dosieres nacionales específicos (NDC, por sus siglas en inglés) serán cruciales a fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados parte en la UNFCCC.

Uno de los temas de mayor impacto en la COP 26 fue sin duda la atemperación de los términos utilizados para hacer referencia a los subsidios distorsionadores destinados a reducir la producción y el uso de combustibles fósiles, así como para aludir al aceleramiento de la eliminación en lo tocante a la producción y uso incontrolados del carbón, con preferencia en la generación de energías limpias.

La redacción final tuvo como antecedente negociaciones de última hora, propiciadas por India y China, que impidieron la introducción de la frase eliminación gradual del uso del carbón como fuente de energía. Es la primera ocasión empero que se incluye una explicación al respecto en las COP, si bien atemperada por los fuertes intereses de la industria petrolera.

El dictum de Glasgow es terminante: el cambio climático ha causado y seguirá causando pérdidas y daños irremediables a los ecosistemas del planeta en la medida en que la temperatura se incremente, a lo cual se agregaría el enconamiento de las tensiones sociales y económicas.

Para ponerlo en perspectiva, conforme al estudio -Groundswell del Banco Mundial correspondiente a 2018, actualizado en septiembre del presente año, cerca de 3% de la población del Sahara africano, del sureste asiático y de América Latina se verá obligada a desplazarse.

Otra previsión grave es que 700 millones de seres humanos que habitan en áreas costeras limítrofes y en pequeñas islas enfrentarán intensas tormentas, inundaciones y pérdidas de territorio. Por añadidura, el cambio climático hará migrar a 216 millones de habitantes de seis regiones universales, incluida América Latina, entre los años 2030 y 2050 (Jürgen Vögele, Banco Mundial, noviembre de 2021).

La cultura

Glasgow contiene referencias explícitas a la cultura, lo que evidencia que cualquier política climática, para ser exitosa, debe provenir del basamento social. Las decisiones cupulares impuestas en ese ámbito por la élite han demostrado una y otra vez su ineficiencia y esterilidad. La solidaridad intergeneracional y los compromisos internacionales asumidos serán los componentes de las obligaciones de los Estados en el sentido de proteger a las sucesivas generaciones y contrarrestar la marginalización de sus comunidades.

Desde su preámbulo, Glasgow pone énfasis en que en el trazo de cualquier política en materia de cambio climático se promuevan y consideren las obligaciones respecto a los derechos y culturas de las comunidades indígenas y comunidades culturales locales.

El diagnóstico es acertado: sin la participación activa de estos actores culturales en la salvaguarda de los océanos, la criosfera, las selvas tropicales y la biodiversidad, la implementación de mecanismos de adaptación y mitigación afrontarían serios tropiezos. Glasgow fue concluyente: el cambio climático ahondará la marginalización e inequidad de las comunidades indígenas y las comunidades culturales, y las colocará en estado de indefensión.

No es, por tanto, casual que Glasgow hiciera referencia a la “Madre Tierra”; una clara evocación, entre otras, de las tradiciones andinas. En lengua quechua, pacha significa tierra, y mama quiere decir madre. Así, las comunidades indígenas y su cosmogonía le profesan culto a la Pachamama como proveedora en sus ecosistemas, con la obligación comunitaria de protegerla y conservarla.

El texto aprobado plantea como crucial la concurrencia de las comunidades indígenas y de las comunidades culturales en la amortiguación de las pérdidas y daños por el cambio climático (Apartado 62). El mandato para los Estados parte es incuestionable: deben incorporar a esos grupos en las tareas de diseño e implementación de acciones en materia de protección ambiental (Apartado 90).

La misma directriz se consigna en el pronunciamiento del Parlamento Europeo del 21 de octubre emitido en Estrasburgo, Francia, dirigido a la COP 26.

Epílogo

El cambio climático es un multiplicador de admoniciones; pero la cultura es un bálsamo y un vehículo eficiente hacia la consecución de mecanismos de mitigación y adaptación ante el fenómeno.

La COP 26 hace al Acuerdo de París técnicamente operativo; para ello determina reglas y directrices acerca de cómo debe ejecutarse este último. Las reglas de esta instancia, junto con las de Katowice, Polonia, adpotadas en diciembre de 2018, constituyen el anhelado corpus operativo del AP (Rulebook).

El trayecto, empero, aún no concluye; la dislocación y la oposición de los grupos más vulnerables a las consecuencias del cambio climático son totalmente predecibles. Ante ello la literatura especializada introdujo el concepto de justicia transformativa climática (JTC), que refleja las causas y los efectos del fenómeno y la manera en la que se abordan sus soluciones.

La JTC alienta perspectivas culturales y jurídicas novedosas. Esta noción, que se halla en una etapa temprana pero cada vez más omnipresente, ya cobró derecho de ciudad en los debates académicos y sociales; es un concepto operacional que se transfigura en un detonante disruptivo del entramado del poder en lo que atañe a la toma de decisiones en materia ambiental. Para ello se focaliza en las raíces sociales y acomete temas como la tenencia de la tierra, la participación política, la gobernanza y, desde luego, la cultura. Más aún, en la JTC el factor cultural será una de sus tramas de mayor relevancia.

Con todo, a la cultura no se le ha dado en este contexto la importancia que amerita. En el marco de la UNFCCC (Grupo de trabajo II) se ha venido polemizando en torno al patrimonio cultural, al cual se le conceptualiza dentro del rubro de pérdidas y daños no económicos (Non-economic loss and damage o NELD, por sus siglas en inglés).

Los NELD intentan estructurar una metodología para cuantificar los daños y las pérdidas de formas de vida, herencia cultural y biodiversidad. El objetivo es categorizar los daños que provienen de consideraciones éticas y desarrollar aproximaciones para minimizar los riesgos, así como para distinguir cuáles son evitables y cuáles no lo son. Para ello se ha desarrollado un marco conceptual a fin de categorizar los NELD con el fin de darles viabilidad a las políticas públicas culturales.

En tanto que Glasgow consideró a la cultura en forma explícita, en la sede de la UNESCO en París del 24 al 26 de noviembre se abordará el análisis del Documento de política sobre acciones climáticas para el patrimonio mundial, en el marco de la vigésima tercera reunión de la Asamblea General de los Estados Parte de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Los resultados merecerán una revisión extensa.

*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon-Assas.

Ensayo publicado el 21 de noviembre en la edición 2351 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.

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