Después de cuatro meses en el Senado –donde no realizó ninguna actividad legislativa–, Gabriel García, otrora poderoso coordinador de Programas de Desarrollo de la Oficina de la Presidencia, fue enviado a La Laguna a hacerse cargo de un programa sobre “agua saludable” para la región. En los hechos, es una especie de destierro político por el que pierde el fuero como senador y queda al margen del proyecto al que estaba abocado: la construcción de los Comités de Defensa de la 4T, que sus opositores consideran una estructura paralela a la de Morena en la Ciudad de México, que estaría trabajando para la candidatura de Marcelo Ebrard.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- A Gabriel García Hernández lo enviaron a 999 kilómetros de Palacio Nacional. Perfilado para ser uno de los hombres más poderosos del sexenio, el pasado 27 de octubre fue enviado al exilio.

De ser el coordinador general de Programas de Desarrollo de la Oficina de la Presidencia durante dos años y medio, y luego senador durante cuatro meses, fue desterrado a la frontera entre Durango y Coahuila, y nombrado en un puesto menor y de reciente creación: encargado del proyecto Agua Saludable para La Laguna.

En dos años y medio Gabriel García dilapidó la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su papel sería desplegar territorialmente al gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación: sus “superdelegados” concentrarían todas las funciones federales en cada estado, sus Centros Integradores tendrían presencia en 14 mil comunidades y el Padrón Único de Beneficiarios (PUB), que sería levantado por la estructura a su cargo, integraría a todos los beneficiarios de los programas sociales.

Nunca entregó el PUB y se fue de la coordinación sin solventar las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a dicho padrón. Tampoco concretó el Censo del Bienestar que comenzó a levantar en octubre de 2018, en periodo de transición, con los “servidores de la Nación”, muchos de los cuales habían sido parte de las células para promover el voto de Morena.

Las observaciones de la ASF comenzaron a hacer mucho ruido en Palacio Nacional, como cuando detectó irregularidades en la nómina de los más de 18 mil funcionarios que se desempeñan como “servidores de la Nación”.

Mientras que los Centros Integradores de Bienestar fracasaron debido al acuerdo que tuvo con Alejandro del Valle, presidente de la aerolínea Interjet, detenido hoy por el delito de fraude genérico, que intentó privatizar la operación de los programas sociales, como documentó el reportero Arturo Rodríguez en este semanario (Proceso 2332).

Lo que terminó por enfurecer al presidente fueron los resultados electorales en la Ciudad de México, en medio de acusaciones del equipo de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de que operó en contra, simuló la estructura electoral y a los beneficiarios de programas y no movilizó a los beneficiarios existentes. Fue devuelto al Senado el 1 de julio pasado, después de las elecciones del 6 de junio, en las que Morena perdió seis alcaldías de la capital.

García fue uno de los hombres de confianza del presidente. De 2000 a 2005 fue el director de adquisiciones de la Oficialía Mayor del entonces Distrito Federal, cuando López Obrador fue jefe de Gobierno. Fue también apoderado legal de la asociación civil Honestidad Valiente, con la cual en 2012 se recolectaban recursos para las actividades de López Obrador rumbo a las elecciones presidenciales. Y en 2018 fue encargado de la estructura electoral del partido como secretario de Organización de Morena.

Pero quien alguna vez tuvo su oficina en el piso 4 del edificio, en torno al Patio de Honor, arriba del despacho del presidente, ahora tiene prohibido entrar a Palacio Nacional, de acuerdo con fuentes consultadas.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2348 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.