Puebla

San Pedro Cuaco: Un pueblo originario en resistencia

Por más de 5 años, la comunidad nahua de San Pedro Benito Juárez se ha mantenido en rebelión contra la Arquidiócesis de Puebla que pretende quitarle el control de su archivo parroquial.
sábado, 6 de noviembre de 2021

La compleja red que ha mantenido por siglos esta comunidad indígena del municipio de Atlixco, Puebla, y cuya base es la vida colectiva, se ha roto en su relación con la Arquidiócesis, que los acusa de desobediencia. Los habitantes de esta parroquia franciscana que data de 1550, en efecto, no toleran ya el mandato religioso pues atenta contra su identidad y sus formas de organización; ejemplifican con el caso de sus archivos, los cuales se les pretende arrebatar, denuncian. Entre ellos hay un Códice en náhuatl antiguo. Todos los actores del conflicto fueron abordados por Proceso, incluyendo especialistas.

ATLIXCO, Pue. (Proceso).- Por más de cinco años, la comunidad nahua de San Pedro Benito Juárez –originalmente llamada Cuaco– se ha mantenido en rebelión contra la Arquidiócesis de Puebla que pretende quitarle el control de su archivo parroquial para trasladarlo a otra localidad.

Con escritos dirigidos al Papa Francisco, al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y a dependencias municipales, estatales y federales, este pueblo ha reclamado respeto a sus usos y costumbres y a su patrimonio cultural tangible e intangible.

Juana Martínez Morales, regidora de Gobernación de su Junta Auxiliar, relata que por defender esos documentos que consideran parte de su identidad, los fieles han enfrentado de todo, hasta ser tachados de “cismáticos”.

Pero lo que más les duele, dice, es que durante casi cuatro años la iglesia negó a los pobladores de esa localidad servicios sacramentales, incluso en pueblos aledaños, donde algunos sacerdotes les recriminaban por no ser “obedientes” y oponerse a entregar el archivo a la sede parroquial de Coyula, comunidad ubicada a más de 40 minutos de distancia de San Pedro Cuaco.

Este 10 de octubre, encabezados por sus autoridades laicas, los pobladores decidieron tomar por cuatro días el edificio de la presidencia auxiliar de la demarcación y pedir a la Iglesia el cumplimiento de un pliego petitorio.

El domingo 17 de octubre obtuvieron una de sus demandas más sentidas: volvieron a celebrar misa en la techumbre ubicada a un costado del templo de San Pedro, edificación del siglo XVII que sigue inhabilitada por los daños que sufrió en el sismo de 2017.

Martínez Morales aclara que los feligreses de San Pedro aún no saben si la Arquidiócesis accederá a las principales peticiones que plantearon en la protesta: mantener en su comunidad el archivo, obtener el reconocimiento como parroquia y el respeto a su sistema de cargos laicos que subsiste desde la época colonial.

Otro de sus reclamos es la destitución del párroco Humberto Victoria Martínez, a quien acusan de haber desatado este conflicto desde 2016. En distintos oficios enviados al Arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, los fiscales acusan al sacerdote de insultos, sobornos, discriminación y de dividir a la comunidad.

El 30 de junio pasado, las autoridades de la Junta Auxiliar notificaron al clérigo que el pueblo decidió declararlo persona non grata, por lo cual piden que se mantenga fuera de él “para nosotros reconstruir lo que se ha averiado al interior”.

El pueblo

A 15 kilómetros del cráter del Popocatépetl, San Pedro Benito Juárez es el pueblo del municipio de Atlixco más cercano al volcán. Entre 70 y 80% de sus 3 mil habitantes profesa la fe católica.

Cuaco existía desde antes de la llegada de los españoles. El 18 de agosto de 1550, el virrey Antonio de Mendoza la reconoció como parroquia franciscana, y a partir de 1901 paso a ser parte de la diócesis poblana.

Ezequiel Martínez González, fiscal presidente, cuenta que desde la Colonia el templo –construido por los pobladores– ha estado al cuidado de la comunidad. Como ocurre en todos los pueblos indígenas de la entidad, en San Pedro existe una forma particular de repicar las campanas que los lugareños reconocen como un llamado a concentrarse en la plaza para discutir asuntos comunitarios.

Entre las principales decisiones para tomar en asamblea está el nombramiento de fiscales y mayordomos, cargos que deben recaer en “personas buenas y honestas”, que se legitiman con el servicio hacia la comunidad. El sistema opera desde el siglo XVI, pues la Iglesia católica lo usó durante la evangelización, explica la antropóloga Cecilia Ahumada.

Indica que, tras un estudio, pudo confirmar que San Pedro Cuaco presenta todos los rasgos que los teóricos mesoamericanistas, como Catherine Good, han identificado como característicos de los pueblos originarios, entre ellos una religiosidad que se vive desde lo colectivo y en torno a la cual gira lo demás: lo económico, social, político, cultural, espiritual, lo natural y hasta lo sobrenatural.

Como parte de una dinámica de intercambio-reciprocidad que establecen con lo divino, agrega, por centurias este pueblo ha nombrado cada tres años fiscales –presidente, tesorero y secretario–, a quienes entregan la vara “de mando” y encargan las llaves y el cuidado del templo.

Antes del conflicto, menciona que en San Pedro Cuaco los fiscales expedían las boletas sacramentales, que igual eran firmadas por el párroco.

Los ingresos, señala la antropóloga, se dividían entre ambos, y los fiscales usaban el dinero para mantener y resolver necesidades de “obras” en la parroquia.

En el caso de los mayordomos, refiere, se nombra uno por cada imagen existente en el templo. Estos se encargan de ponerles flores a los santos y realizar sus fiestas, y con recursos propios ofrecen comida, sin distingo, a los habitantes.

Ahumada indica que en San Pedro Cuaco encontró aún imágenes religiosas que tienen parcelas a su nombre, las cuales se siembran y la cosecha sirve para pagar parte de la fiesta patronal, institución cuyo origen se remonta a la época prehispánica.

Añade que, a diferencia de lo que ocurre con las autoridades civiles, en este sistema laico los fiscales tienen que rendir cortes de caja frente a la comunidad.

El conflicto

Genaro Flores Munguía, Tesorero de Fiscales, afirma que el sistema de cargos funcionó en San Pedro sin conflicto a pesar de que, desde los años cincuenta, los párrocos decidieron radicarse en San Gerónimo Coyula, por estar más cerca de Atlixco. Los problemas, cuenta, surgieron a partir del 1 de julio de 2016, cuando Humberto Victoria Martínez fue nombrado párroco. Desde los primeros días, ese cura ordenó a los fiscales trasladar el archivo a Coyula, entregar las llaves y el sello parroquial, además de asignarle a él todas las limosnas y aumentar las cuotas por misa.

Flores Munguía sostiene que el párroco incluso les propuso llegar a acuerdos sin que informaran a la comunidad. No obstante, indica, en una asamblea ellos dieron cuenta a la feligresía y ésta les “mandató” oponerse.

El 20 de julio de ese año, los fiscales dirigieron el primer escrito al Arzobispo Sánchez Espinosa para solicitar el cambio del sacerdote. Tras varios oficios sin respuesta y mientras el conflicto crecía, pidieron la intervención de la Secretaría de Gobernación del estado.

En esas mesas de diálogo, sostiene Flores Munguía, las autoridades actuaron en conjunto con los representantes de la Arquidiócesis para presionarlos a entregar el archivo. Incluso, dice, trataron de que firmaran minutas con contenido contrario a lo que acordaban de palabra.

En 2018 los pobladores desconocieron por cuenta propia al párroco y decidieron cerrarle las puertas del templo. Pero el padre Victoria Martínez siguió yendo a la localidad para oficiar misas en casas de sus simpatizantes, lo que ahondó divisiones y generó, incluso, enfrentamientos físicos.

En mayo de ese año, el arzobispo Sánchez Espinosa acusó a los fiscales y mayordomos de San Pedro Cuaco de expedir fe de bautismo a migrantes centroamericanos, y aseguró que por ello se les quitaría el control del archivo. Además, afirmó que hace décadas esa localidad había dejado de ser parroquia. Flores Munguía asienta que desde entonces pidieron pruebas a la institución de esos señalamientos, sin que a la fecha la Iglesia les haya mostrado nada ni presentó denuncia por esas irregularidades que suponen un delito. Tampoco entregó oficio alguno de cuándo o por qué San Pedro habría dejado de ser parroquia.

En escritos a mano, pobladores hacen un recuento de agravios que imputan a Victoria Martínez, a quien acusan de discriminarlos con calificativos como “guarachudos, alborotadores, cismáticos”, y de negarles la eucaristía en misa de pueblos vecinos, argumentando que “eran malos”.

Refieren a Proceso:

“Su presencia y participación en nuestra comunidad ha alterado nuestra sana convivencia, nuestra organización social y cultural, pues hay división en la comunidad y constante confrontación, además de que se ha interrumpido la continuidad cultural, como son las fiestas patronales, la bendición de ameyales, misa rogativa de junio, la celebración del día de muertos y la impartición de sacramentos.”

En entrevista el 24 de octubre en Coyula, el sacerdote Victoria Martínez asegura que el conflicto lo ha generado un “grupo de personas aferradas” a quedarse con un archivo que, por ley, es “exclusivo” de la Iglesia. Considera que la figura del fiscal debe centrarse en catequizar, respetar a la autoridad eclesiástica y entender que “la Iglesia no se va a adaptar a sus usos y costumbres como ellos quieren”, y argumenta:

“Esto ocurre porque no están evangelizados, y lo más importante para ellos es la fiesta, es lo externo y no lo espiritual”.

También en Coyula, Pánfilo León narra que el clérigo ha generado inconformidad, y agrega que desde su llegada lo destituyó como presidente Parroquial, además de que eliminó esa figura que “desde siempre” había existido. Dice que el cura se quedó con las llaves del templo y toda la limosna de donde se pagaban las fiestas comunales.

El archivo

El archivo de San Pedro Benito Juárez data de 1901 y está compuesto principalmente por actas de bautismos, matrimonios, confirmaciones y defunciones, no sólo de esa localidad, sino de los pueblos vecinos de San Miguel, Agrícola, Ocotepec, San Juan, Huexocuapan y Coyula.

Lidia Gómez García, profesora-investigadora del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), dice que si bien es un hecho que los documentos del archivo conciernen a la institución eclesiástica, también es derecho de la comunidad nahua conservarlos en ese lugar.

“Esos documentos son la historia de ellos, pero sobre todo representan la historia de la salvación de sus almas, lo que tiene un alto valor para los pueblos originarios que rigen su vida en lo religioso”, sostiene.

Sin embargo, la historiadora advierte que hay otros documentos que fueron localizados en ese archivo y que despertaron el interés de académicos y funcionarios, lo cual podría ser el motor del conflicto.

Entre ellos, explica, está un códice bordado, en náhuatl antiguo, que algunos académicos pretenden publicar sin tomar en cuenta que es un documento vivo, sólo concerniente al pueblo y que ha servido como reliquia sagrada para enseñar a las nuevas generaciones los límites territoriales.

En 2019, ante la insistencia de la Arquidiócesis, las autoridades de San Pedro recurrieron a la asociación Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, AC –ADABI– para registrar su archivo; además, el INAH entregó el 28 de octubre una gaveta especial para resguardar los lienzos históricos que posee la comunidad, entre ellos algunos del principio del Virreinato.

Gómez García advierte de sacerdotes incapaces de entender que los fiscales y los mayordomos promueven la vida colectiva de los pueblos, esencial para su cohesión. No obstante, considera que el conflicto de San Pedro puede resolverse mediante el diálogo y el mutuo reconocimiento de las atribuciones de cada institución.

A su vez, la antropóloga Cecilia Ahumada considera que las autoridades municipales, estatales y federales deben velar por el derecho de San Pedro Cuaco a continuar con sus procesos culturales, garantes de la pluriculturalidad de Puebla y del país, como lo protegen el Artículo 2 constitucional y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Dice asimismo que las instituciones eclesiásticas deben entender que someter a una comunidad a una forma de vida que le es ajena, atenta contra su reproducción de vida, que es su patrimonio intangible.

Y enfatiza:

“Porque la cultura es como un rompecabezas de tercera dimensión: si mueves una pieza, se transforma o se cae todo.”  l

Reportaje publicado el 31 de octubre en la edición 2348 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace. 

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