migrantes
La Iglesia pide ayuda a Trudeau
Ministros de la Iglesia Católica presentaron un proyecto migratorio con la solicitud de recibir en ese país a las personas aquejadas por la violencia del crimen organizado. Entre los objetivos del proyecto planteado destaca la solicitud de “ayuda humanitaria de emergencia”.
APATZINGÁN, MICH. (Proceso).–Ministros de la Iglesia Católica auspiciaron y presentaron al gobierno de Canadá un proyecto migratorio con la solicitud de recibir en ese país a las personas aquejadas por la violencia del crimen organizado, otorgándoles residencia legal y visas de trabajo.
Uno de los impulsores de esta iniciativa humanitaria es el sacerdote Gregorio López Gerónimo, el Padre Goyo, representante legal de la asociación civil El Buen Samaritano, con sede en Apatzingán.
En entrevista con Proceso, el presbítero informa que el proyecto suscrito por la agrupación fue elaborado y financiado por el arzobispo de Montreal, Leonardo Marín-Saavedra.
López Gerónimo cuenta que recientemente envió una carta al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con el propósito de pedirle su respaldo a la solicitud y explicarle la situación que viven miles de familias asediadas por la violencia.
El Padre Goyo indica que si Canadá aprueba la propuesta, se beneficiarían alrededor de 2 mil familias desplazadas por la violencia de las organizaciones criminales, particularmente en Michoacán.
Entre los objetivos del proyecto planteado a Trudeau destaca la solicitud de “ayuda humanitaria de emergencia” para movilizar desde México hasta Canadá a las familias desplazadas, así como buscar apoyo internacional para que encuentren condiciones de paz y tranquilidad que les permitan vivir con dignidad y lograr un desarrollo equilibrado.
El propósito es que los migrantes puedan ingresar al territorio canadiense con el estatus de trabajadores legalmente contratados, tras acreditar “una conducta intachable”, sin antecedentes delictivos civiles o penales en su país de origen o en otro donde hayan vivido.
El sacerdote precisa que esta propuesta también va dirigida a los jóvenes que fueron reclutados a la fuerza, engañados y secuestrados por cárteles del crimen organizado para enrolarlos en sus filas.
“Ahorita –expone– el problema es que tenemos mucha raza en la frontera con Estados Unidos porque los querían reclutar, pero ellos no aceptaron y mejor huyeron. Hay cerca de mil jóvenes michoacanos a lo largo de las fronteras de Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas; Piedras Negras, en Coahuila; Ciudad Juárez, en Chihuahua; San Luis Río Colorado, en Sonora; así como Mexicali y Tijuana, en Baja California.”
De acuerdo con el proyecto, no es fácil entender cómo diversas poblaciones fueron obligadas a salir de sus comunidades de origen y nacimiento, con niños, mujeres, ancianos y familiares, lo que es interpretado como “una anomalía social” provocada por la violencia generada por grupos armados al margen de la ley.
El documento presentado al gobierno canadiense por la organización El Buen Samaritano advierte que “las anteriores autoridades del gobierno civil mexicano permitieron esta descomposición social, y algunos representantes gubernamentales participaron como cómplices de este flagelo al no prever la hecatombe social”, mientras que “la falta de una política preventiva a través de inversión y educación hizo que la sociedad entrara en crisis”.
Explica: “La estrategia del crimen organizado es copar a las autoridades infiltrándose en las filas de los cuerpos policiacos, colocando a sus alcaldes, comprando a los jueces, manipulando a los ministerios públicos y sometiendo bajo el terror a familias y pueblos enteros”.
Añade que la capacidad organizativa de la delincuencia “ha logrado tener dentro de México varios gobiernos y unos cuantos gobiernan en la sombra del crimen”, en tanto que la actuación de los delincuentes genera miedo entre los habitantes, “lo que aumentó su poder para delinquir, hasta usurpar y reemplazar a la misma autoridad civil legal”.
Desde diciembre de 2020, refiere el proyecto, grupos de desplazados mexicanos han llegado a albergues en diversas poblaciones del país, especialmente en Michoacán, y en la medida en que pasa el tiempo se han sumado personas de otras regiones de México hasta alcanzar un “número exorbitante”.
En este contexto, algunas organizaciones sociales han buscado dotar de alimentos, alojamiento, vestido, medicinas y recreación a las familias desplazadas por la violencia, consiguiendo un refugio o albergue fuera de la zona del conflicto, pero cerca de la región vulnerable.
“Hoy –señala El Buen Samaritano– estamos luchando para estabilizar con pequeñas ayudas a las familias que son víctimas de esta barbarie, aunque eso no soluciona el problema mayor.”
El Padre Goyo manifiesta que el proyecto migratorio para familias desplazadas forma parte de una amplia propuesta de justicia transicional, con la que se pretende “buscar veredas, no remiendos… proponer algo real con lo que podamos coadyuvar a mejorar la situación de las personas que han sido afectadas por la violencia”.
