En la elección constitucional de 2018 y en la extraordinaria para gobernador de Puebla, sólo El Popular y e-consulta cubrieron la campaña del morenista Miguel Barbosa y publicaron su columna. Pero éste asumió la gubernatura, ambos mantuvieron su línea independiente y ahora padecen un veto publicitario, denuestos públicos y, el colmo, auditorías intimidatorias a sus finanzas. En tanto, los medios que halagaban a Moreno Valle ahora son barbosistas.

PUEBLA, PUE. (Proceso).- El 21 de junio de 2019, ya ganada la elección extraordinaria y a unos días de asumir el cargo, el hoy gobernador Miguel Barbosa Huerta se despidió como colaborador de El Popular, único periódico que mantuvo la publicación de su columna cuando el resto de los medios, afines al morenovallismo, lo vetaron.

“Tengo muy presente que, en los momentos más adversos y complicados de toda esta coyuntura política, El Popular se mantuvo como un espacio abierto y plural. El Popular es sin duda una pieza clave en la libertad de expresión en Puebla, y así estoy seguro que seguirá siendo”, escribió Barbosa en su última colaboración, que tituló “Gracias”. 

Dos años después de este agradecimiento, Carolina Fernández Galindo, directora de El Popular, acusa al mandatario poblano de haber emprendido una campaña para orillar al cierre a ese medio informativo y, en la “total incongruencia”, lo hace por las razones que antes enalteció: por ser una publicación abierta, plural, y por seguir una línea periodística independiente. 

Lo mismo ocurre con el periódico digital e-consulta, que fue el primero en abrirle espacio a las columnas de Barbosa y dio cobertura a su campaña por la gubernatura en 2018, cuando la mayoría de los medios poblanos emprendieron una “guerra sucia” contra el experredista, auspiciados por el entonces gobernador panista Rafael Moreno Valle.

El pasado lunes 22, e-consulta y El Popular, con el respaldo de otros medios informativos del país, de periodistas y organizaciones sociales, publicaron un desplegado en el que dan cuenta de la nueva embestida que desató el mandatario poblano para tratar de acallarlos. 

Primero, el jueves 4 un columnista publicó que la Fiscalía General de Puebla había recibido una denuncia de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado (SPFE), contra la directora de El Popular por el delito de lavado de dinero. Hasta la fecha no hay indicios de que eso exista.

Sin embargo, una semana después, el miércoles 10, tanto Fernández Galindo como Rodolfo Ruiz, director de e-consulta, fueron notificados de auditorías que emprendería la SPFE. 

Como si fuera “copiar y pegar”, a ambos periodistas les fue requerida la misma información: 25 desgloses como empresas y 23 más como personas físicas. A El Popular le exigen los años 2019 y 2020, mientras que a e-consulta 2018 y 2019. 

Además de pedirles todo tipo de información contable, de inmuebles, vehículos y bienes de las razones sociales, el gobierno de Puebla pide informes detallados de propiedades, carros, préstamos, créditos, contratos, patentes y hasta estados de cuenta originales y saldos en banco a nombre de los periodistas. 

La dependencia dio un plazo de 15 días naturales (que vencieron el viernes 26) para entregar toda la información y advirtió que, de no hacerlo, los medios podrán recibir sanciones económicas, embargos, y se podría usar la fuerza pública para exigir su cumplimiento. 

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2352 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 28 de noviembre de 2021.