Fraude
Compra-venta de viviendas de Fovissste: Un negocio de priistas con estafas en ocho estados
Soluciones Emprendedoras del Norte –conocida como Sensa–, ligada a Omar Bazán Flores, exdirigente del PRI en Chihuahua, y a Jesús Alberto Cano Vélez, exdirector de la Sociedad Hipotecaria Federal, defraudó a decenas de personas en al menos seis entidades del país con la compra y venta de viviendas.
Soluciones Emprendedoras del Norte –conocida como Sensa–, ligada a Omar Bazán Flores, exdirigente del PRI en Chihuahua, y a Jesús Alberto Cano Vélez, exdirector de la Sociedad Hipotecaria Federal, defraudó a decenas de personas en al menos seis entidades del país con la compra y venta de viviendas, fungiendo como intermediaria entre las ahora víctimas y el Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste). Pero la pesadilla de los estafados se extiende hasta las propias autoridades: el Fovissste les ha pedido que cedan sus derechos para que éste pueda demandar a la financiera de los priistas.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Una empresa de intermediación financiera ligada a Omar Bazán Flores, expresidente estatal del PRI en Chihuahua, y a Jesús Alberto Cano Vélez, exdirector de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), entre 2013 y 2018, ha defraudado a por lo menos 84 personas que utilizaron sus servicios para comprar un departamento o casa mediante créditos del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), o bien que aceptaron vender sus inmuebles a trabajadores acreditados por ese organismo.
De acuerdo con un comunicado emitido por el Fovissste, el jueves 9, el fraude suma más de 68 millones de pesos, dinero que fue desviado por la empresa Soluciones Emprendedoras del Norte, SA de CV, conocida como Sensa, hacia empresas fachada y personas físicas que no tenían ninguna relación con las operaciones de compra-venta que habían acordado previamente los trabajadores acreditados del Fovissste y vendedores de vivienda, en su mayoría particulares que decidieron poner en venta viviendas seminuevas.
Sensa es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), es decir, se trata de una empresa constituida como sociedad anónima registrada ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para poder fungir como intermediaria entre compradores y vendedores de vivienda, por lo que sus actividades van desde la autorización de créditos, pasando por la asesoría para el trámite de esos créditos, hasta servicios de arrendamiento y factoraje financiero, es decir, que puede comercializar cuentas por cobrar como una manera de obtener efectivo.
El fraude dañó a decenas de familias de Veracruz, Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Chiapas, Sonora, Coahuila y Morelia, por lo que Israel Santos Flores, abogado tributario e investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable, incluyendo a socios, accionistas y apoderados de Sensa.
Así estafaron
Para la comisión de este fraude millonario, Sensa fungió como intermediario entre Fovissste, decenas de trabajadores del organismo que salieron sorteados con un crédito y vendedores de vivienda usada, por lo que integraban los expedientes que se entregaban al Fovissste para completar las operaciones de compra-venta y cerrar los tratos ante notario público, dando una apariencia de legalidad a todo el proceso.
En las escrituras públicas que ambas partes firmaron ante notario estaban asentadas las cuentas correctas de los beneficiarios de la operación, es decir, de los vendedores legítimos de las propiedades, quienes contaban con un plazo de hasta cuatro semanas para que la operación se viera reflejada y así pactar la entrega del inmueble, según una cláusula del contrato.
Sin embargo eso no sucedió. Al momento de cerrar la operación en el sistema de operaciones del Fovissste, Sensa proporcionó al organismo cuentas bancarias de personas y de empresas aparentemente fachada que no tenían ninguna relación con el contrato de compra-venta celebrado entre vendedores y trabajadores acreditados, causando el desvío de al menos 68 millones de pesos, así como un daño financiero a las partes vendedoras que no recibieron el dinero de la compra y a los propios acreditados del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que al día de hoy no han podido ocupar las viviendas que ya habían adquirido.
