Auditoría Superior de la Federación

En Becas del Bienestar, un boquete millonario

Entre las observaciones encontradas por la ASF en el programa de becas están: Uso de recursos para fines distintos de los autorizados o establecidos en la normatividad; pagos improcedentes o en demasía, y carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Nacido como una prioridad presidencial a la que se le asignó amplio presupuesto, el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez inició su operación con irregularidades: una auditoría identificó que en 2019, año de su creación, la coordinación a cargo de operarlo ejerció recursos de manera indebida por 567 millones de pesos.

El próximo 20 de febrero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitirá su informe complementario por el ejercicio fiscal 2019, postergado desde el 30 de octubre, debido a que dicha entidad, dependiente de la Cámara de Diputados, no logró concluir sus trabajos, justificando la dilación en las medidas de distanciamiento social impuestas para atemperar la pandemia.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado jueves 11 el formato de presentación que deberá entregar la ASF el sábado 20. Y entre los múltiples reportes por publicar destaca la auditoría 250-DS, practicada a la Secretaría de Bienestar en relación con el mencionado programa de becas.

Dicho programa surgió como producto de una transformación. Al iniciar su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó eliminar el peñanietista Prospera, Programa de Inclusión Social, una decisión que se perfilaba ya desde la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, pues éste contenía la previsión de transferir los recursos correspondientes a ese programa al que lo sustituyera. El sustituto fue el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Proceso tuvo acceso parcial a la mencionada auditoría 250-DS en la que se registran las observaciones respecto de las siguientes prácticas:

Uso de recursos para fines distintos de los autorizados o establecidos en la normatividad; pagos improcedentes o en demasía; carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales y, finalmente, operaciones o bienes no registrados o registrados de manera errónea o extemporánea.

Las irregularidades identificadas implican manejo de recursos a través del Banco Azteca, el principal dispersor de las ayudas a estudiantes; también a BBVA Bancomer y al Banco del Bajío.

Además, la auditoría observa la relación con las irregularidades en el caso de los siguientes proveedores: Sinteg de México, SA de CV; D&P México Servicios Digitales, SA de CV y Sixsigma Netowrks México, SA de CV. 

Sinteg en México se especializa en impresión y digitalización de documentos, un servicio por el que recientemente ha sido rechazado al no cumplir con requerimientos técnicos en diversas entidades gubernamentales; D&P México Servicios forma parte de la denuncia por pagos indebidos en Veracruz durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes en el caso conocido como la “Estafa a la Veracruzana”.

En tanto Sixsigma Networks México es una subsidiaria de Kio Networks, la empresa de soluciones tecnológicas propiedad de la magnate María Asunción Aramburuzabala, que en este sexenio ha sido excluida de la proveeduría en distintas áreas gubernamentales.

Prospera y el sustituto en la 4T

Desde su campaña electoral, durante el período de transición y ya en el gobierno, López Obrador ha convertido la atención de los niños y jóvenes en uno de sus frecuentes objetos discursivos.

En concreto, suele acusar a los “gobiernos neoliberales” de haber descuidado a la juventud, llamándoles “ninis” y evitando atender sus necesidades, con lo que muchos tomaron “el camino de las conductas antisociales”. 

En cambio, presume que su gobierno ha implementado el programa de becas más grande de la historia, esto es, el programa de capacitación para el trabajo Jóvenes Construyendo el Futuro y el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Prospera, el programa mediante el cual se canalizaban ayudas sociales, se convirtió en una fuente constante de corrupción y se ubica en el centro de los escándalos que tocan a Rosario Robles, exsecretaria de Sedesol y Sedatu, así como a sus sustitutos, José Antonio Meade Kuribreña y Luis Miranda Nava.

Tras el relevo de legislatura en 2018, una serie de reformas en materia administrativa, así como el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, abarcó la eliminación de Prospera y su transferencia al programa de becas, con el objetivo de reorientar la política social dirigida a la juventud. El cambio implicó la transferencia del programa que estaba a cargo de la anteriormente llamada Secretaría de Desarrollo Social (hoy Sebien), a la SEP.

La medida se materializó mediante un decreto emitido el 31 de mayo de 2019 que orientó su presupuesto a cuatro modalidades de apoyo a educación básica, educación media superior, Escribiendo el Futuro, en su modalidad para universitarios y, más tarde, la Beca Elisa Acuña, para posgrado.

El programa durante 2019 tuvo un presupuesto de 89 mil 811 millones de pesos, si bien tuvo un subejercicio de 29 mil 521 millones de pesos, pues sólo ejerció 67 mil 700 millones.

Dado que la auditoría 250-DS fue practicada a la Sebien, el ejercicio por aclarar de los 567 millones de pesos corresponde al periodo en el que el programa de becas estuvo bajo control de la dependencia y durante su transferencia a la SEP.

La mencionada coordinación opera una estructura territorial con presencia en las 32 entidades federativas y en 129 municipios, de manera que es tan grande y representativa como la de los llamados “superdelegados” con todo y sus subdelegaciones regionales.

Al frente de la Coordinación de Becas estuvo desde el inicio de la administración la experiodista y defensora de derechos humanos Leticia Ánimas Vargas, quien falleció víctima del covid-19 el pasado 11 de enero.

Respecto a la auditoría mencionada, la ASF emitirá siete recomendaciones para corregir el desempeño de esa coordinación, además de ocho pliegos de observaciones, de los que se desprenderán seis promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra el mismo número de servidores públicos a cargo de la ejecución de recursos. Esto es que seis funcionarios deberán enfrentar un proceso administrativo por las irregularidades detectadas.

Texto publicado en la edición 2311 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí. 

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