CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El 26 de enero último, la filial mexicana de la empresa alemana TÜV Rheinland se indignó cuando el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) la descalificó para competir en el contrato de certificación ISA del Tren Maya, bajo el motivo de que sus “recursos humanos” no cumplían con el puntaje mínimo, pese a que desde hace 25 años la firma es la pionera de la certificación en el país.

Tras descartar la propuesta de la empresa alemana, el Fonatur entregó el contrato a un consorcio rival, formado por las compañía SGS de México y la española Ardanuy Ingeniería, aunque su propuesta fue 13 millones de pesos más cara y carece de la acreditación mexicana para otorgar la certificación. 

En otras palabras, para la empresa alemana el Fonatur dio el contrato a un consorcio que, hasta el momento, no puede ofrecer el servicio contratado.

Ante ésta y otras “irregularidades” que detectó –y señaló– durante el proceso de licitación pública internacional convocado por el Fonatur, TÜV Rheinland impugnó el resultado de la contratación el pasado 4 de febrero, y fue notificada el siguiente jueves 11 que la dependencia admitió la queja; la próxima semana el Fonatur tendrá que demostrar la legalidad de sus acciones.

“La instancia de inconformidad se tramitará de acuerdo con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento y lo que se acuerde por el Órgano Interno de Control en el Fonatur, al ser la autoridad que sustancia el procedimiento”, dijo la dependencia en respuesta a un cuestionario que le envió Proceso.

En el escrito de la impugnación, de la que Proceso tiene copia, TÜV Rheinland se quejó de que, sin ofrecer argumentos, el Fonatur determinó que su “propuesta técnica, en el rubro capacidad de los recursos humanos, obtuvo 3.19 puntos, de los 6 mínimos requeridos”, razón por la cual ­desechó su propuesta de 147 millones 900 mil pesos. Por el mismo motivo Fonatur descartó otra propuesta de la francesa Auditsafe SAS. 

Después de descalificar las dos ofertas, la dependencia otorgó el contrato a SGS de México –filial en México de la sociedad suiza Société Générale de Surveillance, que obtuvo un contrato de 950 millones de pesos para supervisar el polémico Tren Interurbano Toluca-México– y Aldanuy, cuya propuesta era la más cara: se elevaba a 161 millones 185 mil pesos; cerca de 13 millones de pesos más que la TÜV Rheinland.

TÜV Rheinland tachó la decisión de “violatoria de la garantía  y derecho humano de legalidad”, y abundó:

“Lo anterior resulta grave; imagine esa H. Autoridad que en todas las licitaciones realizadas por las dependencias y entidades se siguiera el proceder de la convocante, esto es, que sin adjuntar la evaluación y/o documentación soporte, se desechen las proposiciones de diversos licitantes, aduciendo únicamente que no cumplieron el puntaje mínimo requerido; evidentemente estaríamos ante la presencia de un poder autoritario, en el cual la convocante impondría su voluntad a su antojo, eligiendo y desechando a los participantes a su conveniencia.”

La decisión resultó todavía más incomprensible para la empresa que llevaba cerca de dos años trabajando y asesorando al Fonatur sobre el Tren Maya. En abril de 2019, la propia dependencia dirigida por Rogelio Jiménez Pons presumió en sus redes sociales sobre una reunión con diplomáticos y empresarios alemanes en torno al Tren Maya.

Conflicto de interés

Un certificado ISA garantiza que un sistema ferroviario está seguro en todos sus aspectos y que todos los riesgos han sido anticipados y prevenidos durante el desarrollo del proyecto. Para elaborarlo, la empresa certificadora requiere tener una independencia total respecto del ente contratante, con el afán de evitar cualquier conflicto de interés y presiones.

En materia de certificados existen tres tipos de unidades de inspección: el tipo A, que establece la independencia total entre la empresa calificadora y el ente contratante, y los tipos B y C, para los cuales existe una colaboración estrecha entre ambos. 

Según TÜV Rheinland, todos los proyectos ferroviarios a nivel mundial tienen contratada a una entidad de tipo A, pero el Fonatur decidió que, para el Tren Maya, bastaría un ente de tipo C, el cual “puede ser juez y parte de actividades de diseño” e incurre en un “conflicto de interés”, pues actúa en nombre de la dependencia. De acuerdo con el Fonatur, el consorcio ganador es de tipo C.

No sólo esto: en la propia convocatoria del proceso de licitación, el Fonatur estableció que la empresa ganadora tendría un plazo de 18 meses para “entregar las acreditaciones y/o constancias emitidas por una entidad mexicana, para llevar a cabo la evaluación de seguridad independiente”, el cual podría prorrogarse “previo acuerdo entre las partes”. 

Esta cláusula, según la quejosa, no tiene otro objeto que “la intención de favorecer a una empresa extranjera”, pues ella cuenta con el certificado en México desde hace cinco años, y el consorcio ganador aún no lo tiene.

“¿Cómo es posible que, siendo el objeto del contrato una ‘evaluación independiente’, el requisito fundamental para ejecutar el servicio se solicite 18 meses después de celebrado el contrato y que puede ser prorrogado entre las partes?”, preguntó.

Y contestó: “La única respuesta que se puede dar al respecto es que fue con la intención de privilegiar a un participante extranjero en particular, y eso se demostrará al momento de que la convocante remita la documentación de la licitación que nos ocupa, incluyendo la proposición del consorcio adjudicado”.

El Fonatur, por su parte, negó cualquier irregularidad, pues sostuvo que dio el plazo de 18 meses para convalidar la acreditación internacional en México, y dijo a Proceso que “México ha suscrito diversos acuerdos de reconocimiento mutuo a través de los cuales en el país se reconocen las certificaciones emitidas en el extranjero. 

“Por lo tanto, cualquiera de las empresas con certificaciones internacionales emitidas por entidades que formen parte de estos acuerdos cuentan con las condiciones técnicas suficientes para prestar los servicios correspondientes.”

Antes del fallo de la licitación dado a conocer el 26 de enero pasado, se despertaron dudas respecto al proyecto del Fonatur. Durante la junta de preguntas y aclaraciones, TÜV Rheinland y otras empresas cuestionaron a la dependencia sobre los criterios que utilizó en sus bases de licitación y en la recepción de ofertas.

Así, la empresa de origen alemán preguntó al Fonatur por qué no desechó la propuesta de SGS en un primer momento, pues el consorcio no entregó el acuse ni la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del Servicio de Administración Tributaria.

Aparte de TÜV Rheinland, otra empresa llamada Consultoría Coprodam, SA de CV, cuestionó que Fonatur realizó el proceso como licitación pública internacional, cuando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público le obligaba a proceder a una licitación nacional. El carácter internacional permitió la entrada de la empresa española Ardanuy en el consorcio con SGS.

Esa empresa también preguntó al Fonatur las razones por las cuales abrió el proceso a empresa certificadoras de tipo C, cuando su propia licitación planteaba la necesidad de no incurrir en conflicto de interés, y pidió una explicación sobre el plazo otorgado a las empresas extranjeras para presentar su certificado mexicano.

Insatisfecha con las respuestas del Fonatur, Coprodam pidió y obtuvo que el Órgano Interno de Control emita una suspensión provisional de la licitación pública por presuntas irregularidades. Apenas tres días después, el OIC anuló la suspensión con el argumento de que esa empresa no había enviado una propuesta para competir por el contrato.

Reportaje publicado el 14 de febrero en la edición 2311 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.