Secretaría del Bienestar

Funcionarios ligados a la corrupción operan programas de la 4T

Servidores públicos con posible conflicto de intereses o cuyas trayectorias se cruzan con escándalos de corrupción han sido integrados por el gobierno de la 4T a la conducción o la administración de programas sociales que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera prioritarios.
martes, 23 de febrero de 2021

Un funcionario responsable de elaborar contratos en la Secretaría de Seguridad durante la gestión de Genaro García Luna –hoy preso en Estados Unidos– y otro, encargado de las finanzas del instituto capitalino de la vivienda cuando ahí estuvo al frente Raymundo Collins –prófugo de la justicia–, han ocupado puestos clave en la operación de programas sociales de la 4T en los que el presidente López Obrador suele colocar a colaboradores de confianza.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Servidores públicos con posible conflicto de intereses o cuyas trayectorias se cruzan con escándalos de corrupción han sido integrados por el gobierno de la 4T a la conducción o la administración de programas sociales que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera prioritarios.

Son los casos de José Genaro Montiel Rangel, funcionario responsable de elaborar contratos que actualmente están bajo investigación y que fueron signados durante la gestión de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, así como de Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro, quien fue director financiero en el capitalino Instituto de la Vivienda, durante la dirección de Raymundo Collins Flores, sobre quien pesan órdenes de aprehensión por presuntos pagos irregulares.

También está el de Karla Paulina Salazar Ramos, actual responsable del programa de becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y cuyo empleo inmediato anterior fue en la Fundación Kybernus, de Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Grupo Salinas, cuyo Banco Azteca es uno de los encargados de la dispersión de las ayudas económicas a población en desventaja.

Instrucción presidencial desatendida

El 26 de marzo de 2020, el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, emitió un oficio en el que transmitió a todos los integrantes del gabinete legal y ampliado “la instrucción presidencial” de suspender a todo servidor público vinculado con Genaro García Luna, extitular de la Secretaría, y apuntaba un objetivo: “Evitar cualquier relación de complicidad con los anteriores gobiernos, en particular con el gobierno de Felipe Calderón”.

Ese mismo día todas las dependencias y entidades emitieron dicha orden a sus principales funcionarios, la cual, sin embargo, logró evadirse en la Secretaría del Bienestar (Sebien), pues la titular, María Luisa Albores, nombró como abogado general a José Gerardo Montiel Rangel, quien durante 2010 y 2011 se desempeñó como titular de la Dirección General Adjunta de Contratos y Normas, cuando Genaro García Luna fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

La responsabilidad de Montiel Rangel, mencionada inclusive en su declaración patrimonial, era elaborar todos los contratos, convenios e instrumentos jurídicos de la dependencia, precisamente el periodo en que la Fiscalía General de la República revisa las contrataciones irregulares como una de las fuentes de enriquecimiento inexplicable que intenta imputar al exfuncionario calderonista, actualmente detenido en Estados Unidos.

La estrella de Montiel siguió brillando, pues luego de un breve paso por Pemex como asesor en materia de transparencia, se convirtió en 2012 en director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud; es decir que fue responsable de todas las compras de la dependencia, incluidas las medicinas que con frecuencia refiere el presidente López Obrador como parte de un esquema de corrupción.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2312 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 21 de febrero de 2021.

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