Baja California

Sea Shepherd: un poder internacional

La senadora por Baja California, Alejandra León, acusa que las acciones del gobierno y de Sea Shepherd no han logrado proteger especies en peligro como la Vaquita Marina, pero sí consiguieron criminalizar a los pescadores de San Felipe.
sábado, 6 de febrero de 2021

SAN FELIPE, BC. (Proceso).- Después de formar parte de Green Peace, el capitán Paul Watson fundó Sea Shepherd en 1977, en Vancouver, para proteger y conservar la fauna marina. En 1981 migró a Oregon, Estados Unidos.

En 2010 la organización ambientalista Sea Shepherd Conservation Society recibió una donación de 5 millones de dólares de Bob Barker, un famoso presentador de la televisión estadunidense, y otra por 1 millón del empresario israelí, radicado en Hollywood, Ady Gil.

Según el informe anual de sociedades sin fines de lucro entregado a Washington aquel año, la organización obtuvo ingresos por 11.4 millones de dólares y activos por 6.4 millones.

En 2016, la Fundación Leonardo di Caprio (LDF) donó 15.6 millones de dólares a diversas causas, entre ellas el programa Milagro V de Sea Shepherd para salvar a la vaquita marina en el Mar de Cortés, según la página de internet del actor, pero no dice la cantidad que le dio a la organización. Sólo indica que Sea Shepherd, “beneficiaria de LDF”, se coordinará con la Marina de México y organizaciones no gubernamentales para eliminar las amenazas a la vaquita marina.

“Además de patrullar el área en busca de pescadores furtivos –se dice en el citado portal–, las embarcaciones de Sea Shepherd trabajarán incansablemente para retirar los aparejos de pesca del hábitat de la vaquita, protegiendo no sólo a ésta, sino también a especies como la tortuga laúd y el tiburón martillo, en peligro de extinción”. El 7 de octubre de 2017 Di Caprio firmó en Los Pinos, con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, un acuerdo para proteger a la vaquita marina.

Confrontaciones

Sin embargo, antes de la operación Milagro V, Sea Shepherd había realizado la operación Milagro IV, en 2014, también en México. Su punto de anclaje fue el puerto de San Felipe, ya que en 2005 el gobierno mexicano decretó área protegida el hábitat de la vaquita marina y en 2010 creó la norma de protección de especies en riesgo.

Sea Shepherd asegura que las redes de enmalle matan a la vaquita. Y como los cazadores furtivos de la totoaba utilizan todo tipo de redes, incluyendo esta, los activistas comenzaron a perseguirlos y a decomisarles las redes. La página de la agrupación dice que así han recuperado cerca de mil mallas, pero hasta la fecha no hay evidencia de que hayan encontrado ninguna vaquita en redes de pesca.

Los constantes enfrentamientos generaron malestar en la población, aunque nunca había muerto nadie, como sucedió el pasado 31 de diciembre.

La senadora por Baja California Alejandra León afirma que las acciones del gobierno y de Sea Shepherd no han logrado proteger las especies en peligro, pero sí consiguieron criminalizar a los pescadores de San Felipe.

De acuerdo con la página de Sea Shepherd, sus activistas han sido atacados constantemente. El 9 de enero de 2019 cerca de 30 pangas de pescadores furtivos los atacaron cuando una de sus embarcaciones con totoaba fue detectada.

Según la organización, los pescadores ilegales les arrojaron “pesos de plomo, anclas, basura, peces muertos e incluso salsa Tabasco al barco y las ventanas de la timonera, además de amenazar al barco con cócteles molotov y rociar gasolina”. Algunos subieron al navío e incendiaron el casco. El comunicado de Sea Shepherd dice que avisaron a la Marina y las pangas se alejaron cuando los militares sobrevolaron el área.

El 28 de marzo de 2019 elementos de la Marina esperaron en tierra a que llegaran varias pangas, luego de que Sea Shepherd señaló a sus tripulantes como totoaberos. En la persecución un marino hirió en la cabeza a Enrique García Sandez. Inconformes, los pobladores incendiaron autos.

El pasado 11 de noviembre, una semana antes de que la Marina indemnizara al herido –asesorado por organizaciones internacionales y a quien no se le comprobó el cargo de pesca ilegal–, agentes de la Fiscalía General la República se lo llevaron de su domicilio sin orden de cateo o de aprehensión. El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su “preocupación” por esa acción irregular.

Actualmente García Sandez permanece en un penal federal junto con el exlíder de pescadores Sunshine Rodríguez.

“Ecoterroristas”

En marzo de 2020 la agrupación ambientalista reportó otro ataque de pescadores con pesas de plomo.

El mismo año, embarcaciones de Sea Shepherd navegaban con las luces apagadas cuando un pescador furtivo llamado Gabriel chocó contra una de ellas y falleció. Como no era de San Felipe, no hubo disturbios.

No fue el caso del pasado 31 de diciembre, cuando la población se volcó en las calles en protesta por la muerte de un pescador y las graves heridas de otro.

La gente del puerto acusa a la agrupación extranjera de ordenarle a la Marina que proceda contra quienes ella señala como presuntos integrantes del llamado “cártel de la totoaba”. De ahí que la senadora Alejandra León se refiera a la “criminalización” de los pescadores.

Incluso la legisladora presentó una relación de hechos por los cuales Sea Shepherd ha sido expulsada de varios países bajo la acusación de usar tácticas “ecoterroristas”:

En 1979 una embarcación de Sea Shepherd­ embistió y hundió al ballenero Sierra en los mares de Portugal. En 1981 se adjudicó el hundimiento de las embarcaciones Isba I e Isba II en aguas españolas. Dos años después Paul Watson y otros miembros de la organización fueron condenados a 15 meses de prisión en Canadá por pilotar una embarcación de manera peligrosa y por intimidación, después de interferir en la caza anual de focas en el Golfo de Saint Lawrence.

En 1986 un activista de Sea Shepherd disparó un arma de fuego contra un policía de las Islas Feroe. También se le adjudica el hundimiento de dos embarcaciones y el ataque a una estación ballenera en Islandia. En 1988 el gobierno de ese país declaró non grata a la organización.

En 1992 integrantes de Sea Sherpherd intentaron atacar a la embarcación noruega Nay­braena y embistieron otra de la Guardia Costera del mismo país. Dos años más tarde la organización perdió su estatus como observador en la Comisión Ballenera Internacional, cuyo secretario general, Ray Gambell, calificó los actos de ese grupo como terroristas.

En 1994 el Instituto Nacional de Pesca de Estados Unidos solicitó una investigación por los actos de la agrupación contra embarcaciones noruegas, catalogándolas como casos claros de piratería. En 2002, un navío de Sea Shepherd embistió a la embarcación costarricense Varadero. Y en 2008 activistas abordaron el barco Yushin Maru 2, de Japón, por lo que el gobierno de ese país los llevó a juicio y logró que los sentenciaran a dos años de prisión.

Poco después, en 2010, un buzo perdió un brazo a consecuencia de una colisión entre un navío de Sea Shepherd y dos barcos atuneros que pescaban legalmente en Malta.

Y en 2012 el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito de Estados Unidos sentenció a la organización a mantenerse a más de 500 yardas de cualquier embarcación japonesa y a abstenerse de realizar cualquier tipo de acción en su contra. Finalmente, en 2015 Sea Shepherd aceptó pagar 2.5 millones de dólares al Instituto de Investigación de Cetáceos por desobedecer esa restricción judicial.

Reportaje publicado el 31 de enero en la edición 2309 de la revista Proceso, cuya versión digital puede adquirir en este enlace.

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